martes, 27 de junio de 2017

Hoy Temer admite la verdad: que Dilma fue víctima de una jugada política injustificable
Brasil, a un año del principio del golpe
Los diputados que votaron el juicio político contra Rousseff también votaron el recorte del gasto público por 20 años, reformas en la ley laboral que liquida derechos y la entrega del petróleo a las multinacionales.
Michel Temer cuenta con solamente cinco por ciento de aprobación popular.
Michel Temer cuenta con solamente cinco por ciento de aprobación popular. 
Imagen: EFE

Desde Río de Janeiro
En 2016, el 17 de abril fue un domingo. Y en aquel domingo hubo sesión extraordinaria 
en el pleno de la Cámara de Diputados. Los diputados votaron, por amplia mayoría 

(367 votos favorables contra 137), la apertura del juicio contra la entonces presidenta 
Dilma Rousseff, del PT, que luego el Senado se encargó de destituir el 31 de agosto.     
Lo que se vio aquel domingo de abril del año pasado ha sido un espectáculo grotesco. 
Diputados envueltos en banderas del Brasil decían votar por la apertura del juicio 
político a nombre de la “moralidad”, por oponerse “a la corrupción”, mientras otros 
dedicaban sus votos “a mis hijos”, “a mi familia” o, como el ahora precandidato a la 
presidencia en 2018, el militar retirado Jair Bolsonaro, “a la memoria del capitán 
Carlos Alberto Brillante Ustra”, uno de los más crueles torturadores del tiempo de 
la dictadura (1964-1985).  
Los senadores depusieron a la mandataria (y a sus 54 millones 500 mil votos) por 
un placar igualmente amplio: 61 contra solamente 20.
Pasado un año de aquella noche de escenas patéticas, el país está inmerso en la 
más aguda recesión de su historia. Michel Temer, un obscuro y habilidoso político 
experto en maniobras nebulosas, cuenta con solamente cinco por ciento de 
aprobación popular. Todos –todos– los diputados que votaron de manera 
favorable a la apertura del juicio también votaron, bajo el gobierno de Temer, 
por la imposición de un techo de los gastos públicos por 20 años, que significa 
recortes drásticos en los presupuestos de salud y educación, por “reformas” 
en la legislación laboral que liquidan derechos existentes desde hace casi medio 
siglo, por cambios retroactivos en el currículo de la enseñanza y por la entrega 
del petróleo del llamado “pre sal”, en aguas ultra-profundas, a las grandes 
multinacionales. 
El desempleo ronda los 14 millones de trabajadores, un 60% de las familias 
están endeudadas, y la corrupción que los diputados y senadores prometían 
combatir salpica a ocho de los 27 ministros de Temer, y a más de un tercio del 
Congreso. Muchos de los más vehementes combatientes de la corrupción 
están bajo investigación de la Corte Suprema por haber denuncias concretas de 
que practicaron lo que decían combatir.
Eduardo Cunha, el ejecutor del golpe institucional, entonces presidente de la Cámara 
de Diputados, perdió su escaño y reside actualmente en un presidio federal. En su primera 
condena (hay al menos otros seis juicios abiertos) fue sentenciado a 15 años de cárcel.
Michel Temer y los que respaldaron el golpe que lo benefició, como el ex presidente 
Fernando Henrique Cardoso, siempre argumentó que se trató de ‘un procedimiento 
contemplado por la Constitución’. Prometió recuperación rápida de la economía, estabilidad 
política, pacificación social y retorno de la confianza por parte de los inversionistas. 
No cumplió con ninguna de esas promesas. Al contrario: el país está sumergido en un 
pantano de escándalos de todos los calibres, y el mismo Temer es protagonista de lujo 
de denuncias tremendas.
En vísperas del primer aniversario del golpe, el actual presidente, cuya ilegitimidad jamás 
fue puesta en duda, pese a sus esfuerzos para hacer valer una supuesta legitimidad, 
concedió una entrevista al canal Bandeirantes de televisión. Y lo que admitió, no se sabe 
por ingenuidad, candidez o carencia extrema de inteligencia, confirma que 
Dilma Rousseff – y, con ella, el país – ha sido víctima de una jugada injustificable, 
escandalosamente impuesta a los ojos pasivos e cómplices, por omisión, del Supremo 
Tribunal Federal, supuesto guardián de la Constitución.
Los argumentos para aceptar la destitución de la presidenta giraban alrededor de un 
solo tema: ella habría cometido “crimen de responsabilidad” por haber echado mano 
del “crédito suplementario”, o sea, la transferencia de recursos de un destino a otro 
dentro del Presupuesto Nacional, además de haber “demorado” en aprobar recursos 
al Banco do Brasil, para cubrir los préstamos concedidos a agricultores. Cabe recordar 
que no hay ley que establezca plazo alguno. 
Volviendo al domingo 15 de abril de 2017, vísperas del primer aniversario del golpe: 
en la entrevista concedida a un canal de televisión de escasa audiencia, Michel Temer, 
finalmente contó la verdad. El entonces todopoderoso Eduardo Cunha, presidente de 
la Cámara, estaba bajo juicio de una Comisión de Ética formada por sus pares, 
acusado de cometer corrupción en escala amazónica. 
Tenía guardada, como carta decisiva, varios pedidos de “impeachment” contra 
Dilma Rousseff. Si los tres diputados del mismo PT de la presidenta votaban a 
su favor en la Comisión de Ética, impidiendo que se elevara al Pleno de la 
Cámara un juicio que podría costarle el mandato, el pedido de apertura del juicio 
político tendría como destino la oscuridad de un cajón de su gabinete. En caso 
contrario, aceptaría llevar el tema a votación.
Los diputados del PT, y la misma presidenta, rechazaron la amenaza de chantaje. 
El juicio fue abierto, y lo demás ya es historia.
Lo más admirable es que Temer lo confiesa sin mover un milimétrico centímetro 
de su rostro.  
Y esa traición, esa venganza, mereció espacio exiguo en los grandes medios 
hegemónicos de comunicación, los mismos que han sido uno de los pilares 
fundamentales del golpe. Y, por lo tanto, cómplices del caos que se instauró 
sobre todos los brasileños.

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