lunes, 8 de mayo de 2017

*Crímenes del puntofijismo:
8 de mayo de 1986. MASACRE DE YUMARE*

El 8 de mayo de 1986 el municipio Manuel Monge (Yumare), en el estado Yaracuy, fue el escenario de uno de los crímenes más atroces de la cuarta república, cuando nueve dirigentes revolucionarios fueron ajusticiados por un grupo de efectivos de la extinta Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) a cargo de Henry López Sisco.

Los funcionarios, justificaron los hechos declarando que había sucedido un enfrentamiento armado en una zona boscosa durante una emboscada que tramaron los revolucionarios. No obstante, las evidencias fotográficas, revelaron que la zona donde todos los ciudadanos murieron estaba poblada de vegetación baja y todo el terreno estaba despejado. Los testimonios de los responsables eran falsos.
Testigos declararon que las nueves personas asesinadas por el comando de la Disip fueron detenidas, torturadas y ejecutadas. Posteriormente, los propios funcionarios les obligaron a usar vestimenta militar, con el propósito de presentarlos como guerrilleros, y así lo demostraron los estudios criminalísticos y las evidencias. No fue más que una matanza orquestada por el gobierno de Jaime Lusinchi para acabar con sus disidentes.
Las declaraciones de los testigos revelan que las nueve personas ejecutadas extrajudicialmente eran, además de luchadores sociales, promotores del ideal bolivariano.
Por muchos años la Masacre de Yumare fue silenciada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) nunca se pronunció. No sería sino hasta el año 2011, 25 años después de la masacre, cuando se logró desmontar la versión sostenida por los funcionarios del gobierno de Jaime Lusinchi, cuando fiscales del estado Yaracuy lograron condenar a 13 años de prisión al general retirado del Ejército, Alexis Sánchez Paz, quien admitió su responsabilidad en los hechos de Yumare.
EL Ministerio Público, también acusó al comisario jubilado de la Disip, Henry Rafael López Sísco, al tiempo que se pidió iniciar el proceso de su extradición desde Costa Rica, donde aún vive.
A López Sísco se le imputan delitos de concurso real de homicidio calificado con alevosía por motivos innobles en grado de complicidad correspectiva en perjuicio de las nueve víctimas; y es también señalado por su participación en las masacres de El Amparo, Cantaura y El Caracazo, además de participar en el asedio a la embajada de Cuba en Venezuela, durante el golpe de Estado de abril de 2002.
La Masacre de Yumare, es tan sola uno de las decenas de masacres y delitos que la "democracia" adecocopeyana cometió contra nuestro pueblo por más de 40 años, crímenes de Estado impunes de una clase política cuyos representantes al día de hoy se mantienen en abierta conspiración contra nuestra revolución y sus líderes.

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