lunes, 15 de mayo de 2017




Abortado plan que pretendía asaltar cárcel de Ramo Verde

Dos militares fueron imputados por traición a la patria


Eligio Rojas  La Fiscalía Militar 3ª Nacional abrió una investigación sobre un plan 
para tomar el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) y rescatar al 
dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, quien purga condena en esa cárcel por 
los hechos violentos ocurridos el 12 de febrero de 2014, según se lee en el expediente 
CJPM-TM1C-025-17.
El asalto a Ramo Verde que fue abortado por las autoridades, se trató en una reunión 
celebrada en un inmueble situado en la 4ª avenida de Los Palos Grandes, entre 5ª y 6ª 
transversal, Chacao (Mir), de acuerdo al informe de la Dirección General de 
Contrainteligencia Militar (Dgcim) inserto en el mencionado expediente.
Al encuentro asistieron Eduardo Rafael de la Coromoto Vetencourt de Lima, el 
coronel (r) Ricardo Antonio Zomacal Longo, el capitán (Av) Anyelo Julio 
Heredia Gervacio y el dirigente de Copei Roberto Enríquez, apunta el expediente. 
Todos, a excepción de Enríquez, fueron imputados por instigación a la rebelión, contra 
la seguridad de la Fuerza Armada y traición a la patria.
En esa reunión presuntamente se trataron los siguientes puntos: ataque con 
explosivos 
a la planta eléctrica ubicada en Fuerte Tiuna; planificación de una marcha 
desde el Este 
hacia el Oeste de Caracas, “generando explosiones a su paso en puntos 
estratégicos, 
tales como centros comerciales y sitios de concentración de personas”; 
captación de 200 
funcionarios militares y policiales, quienes intervendrían en estas acciones 
y se les estaría 
cancelando 2.000 dólares a cada uno; generar cierta cantidad de muertos 
en la capital.
Además, allí se habló de intervenir en las comunicaciones del país, “teniendo a su 
disposición 20 equipos de telefonía satelital para garantizar su accionar durante las 
operaciones”. Igualmente se trató en ese encuentro la intervención del Comando Sur 
de EEUU, “ingresando al país con medios aéreos, transportando comida y medicinas, 
con la finalidad de generar confianza en el pueblo venezolano”.
Estos hechos serían ejecutados el 11 de marzo de 2017, fecha que fue postergada, 
señala el informe de la Dgcim.
La Fiscalía Militar identifica como financista de estos planes al ex agente de la extinta 
Disip, Eduardo Betancourt, “debido a que aportará una casa valorada en un millón cien 
mil dólares, los cuales serán utilizados para el pago de los funcionarios que actúen 
apegados a estos planes desestabilizadores”.

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