Estados Unidos impone 

sanciones a 8 magistrados 

del Tribunal Supremo de 

Venezuela a los que acusa 

de usurpar las funciones 

del Parlamento









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El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves 
un paquete de sanciones contra ocho magistrados 
del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela.
Las autoridades estadounidenses consideran que estas 
personas son responsables de haber usurpado las 
funciones de la Asamblea Nacional (AN) de ese país 
y de haber permitido al gobierno del presidente Nicolás 
Maduro gobernar a través de un decreto de emergencia, 
restringiendo los derechos y violando la libre voluntad de 
los venezolanos.
La Asamblea Nacional, el poder legislativo, está controlada 
por la mayoría de la oposición desde las elecciones 
legislativas de diciembre de 2015 y considera que el TSJ actúa 
al dictado del Ejecutivo.
Las medidas, aplicadas a través del Departamento del Tesoro 
estadounidense, afectan al presidente del TSJ, Maikel Moreno, 
y a los siete miembros de la Sala Constitucional.
Estos son los nombres de los afectados.
  • Maikel Moreno, presidente del TSJ
  • Juan José Mendoza Jover
  • Arcadio de Jesús Delgado Rosales
  • Gladys María Gutiérrez Alvarado
  • Carmen Auxiliadora Zuleta de Merchán
  • Luis Fernando Damiani Bustillos
  • Lourdes Benicia Suárez Anderson
  • Calixto Antonio Ortega Ríos
La decisión de las autoridades estadounidenses implica la 
congelación de todos los bienes que estas personas 
puedan tener en ese país y la prohibición para ciudadanos 
e instituciones estadounidenses de realizar cualquier tipo de 
transacción con ellos. Tampoco podrán ingresar a Estados 
Unidos
El gobierno estadounidense ya había impuesto sanciones a 
altos cargos del gobierno de Venezuela, sobre todo por cargos 
de narcotráfico.






Derechos de autor de la imagenEPA
Image captionpoco antes del anuncio de las sanciones, el 

presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
dijo que la situación en Venezuela es 
"una desgracia para la humanidad".
"No hemos visto un problema como este en décadas, 
en términos del tipo de violencia que estamos viendo", 
afirmó Trump durante una rueda de prensa conjunta 
con su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, en 
la Casa Blanca.
"La gente no tiene suficiente para comer. 
Hay mucha violencia. Haremos lo que sea necesario y 
trabajaremos con otros para hacer lo que se necesario 
para ayudar a arreglar esto", dijo Trump, quien señaló 
que Venezuela ha sido un país "increíblemente mal 
gobernado durante mucho tiempo".
Tras conocerse la noticia, la canciller venezolana, 
Delcy Rodríguez, repudió las sanciones a través de Twitter.
"Es inaudito e inadmisible que EEUU imponga 
sanciones a un Poder Público soberano e independiente 
violando leyes internacionales y venezolanas", escribió.
"La autoría y dirección de EE.UU .en la desestabilización 
de Venezuela, su Estado de Derecho y contra la paz han 
quedado en evidencia otra vez".
La canciller señaló también que "el presidente Nicolás Maduro 
en su condición de Jefe de Estado ratifica su respaldo a los 
magistrados víctimas del poder imperial estadounidense".

¿De qué acusan a los magistrados?

El Parlamento venezolano está controlado por una mayoría 
de diputados opositores al gobierno del presidente Maduro, 
pero desde el 1 de agosto del año pasado fue declarado en 
desacato (desobediencia) por la Sala Constitucional.
Entonces, la sala ya adelantó que serían consideradas nulas 
todas sus decisiones por sesionar con tres diputados del 
estado Amazonas cuya elección en diciembre de 2015 está 
bajo suspensión cautelar por presuntas irregularidades.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. señaló este jueves 
que la Sala Constitucional del TSJ emitió una serie de 
decisiones que interfieren o limitan la autoridad de la AN.




Las autoridades estadounidenses se refirieron, por ejemplo, 

a una decisión de los magistrados en enero de este año que 
permitió a Maduro dirigir su discurso anual ante el TSJ en 
lugar de a la AN, como establece la Constitución.
También destacaron que en diciembre de 2016, el TSJ designó 
a los miembros del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, 
otra facultad que la Carta Magna venezolana atribuye al 
Parlamento.
Y hace mención también a las dos últimas sentencias, a finales 
de marzo, por las que el máximo tribunal se atribuía poderes 
de la Asamblea.

Ola de protestas

Las decisiones, aunque parcialmente rectificadas, fueron el punto 
de partida para una ola de protestas contra el gobierno que aún 
continúa y que se ha cobrado la vida de más de 40 personas.
La oposición consideró que las sentencias constituían el punto final 
de lo que catalogaron como un golpe de Estado continuado.
Esa postura del alto tribunal fue criticada por la fiscal general 
de la República, Luisa Ortega Díaz, quien denunció que las 
sentencias del TSJ violaban el orden constitucional.

Desde entonces, los opositores al gobierno de Maduro han 
realizado numerosas y masivas manifestaciones callejeras 
para exigir la destitución de los magistrados del Tribunal 
Supremo de Justicia, la liberación de varios líderes políticos, 
la apertura de un canal humanitario para el ingreso al país de 
alimentos y medicinas que ayuden a aliviar la severa crisis 
económica que vive ese país, así como la convocatoria a 
elecciones generales.
El gobierno del presidente Maduro, que acusa a la oposición 
de alentar una intervención internacional en el país, ha 
respondido a las protestas con un enorme despliegue de fuerzas 
de seguridad que han contenido y dispersado a los manifestantes 
con chorros de agua y el disparo de perdigones y gases 
lacrimógenos.

Análisis del corresponsal de BBC Mundo en Caracas, 

Daniel García Marco

Más allá de la congelación de los bienes que puedan tener 
los magistrados en Estados Unidos, las sanciones suponen 
un respaldo simbólico y político de la administración de 
Donald Trump a la oposición venezolana en su batalla contra 
el gobierno.
El propio Trump, que recibió en el Despacho Oval hace unas 
semanas a Lilian Tintori, esposa del encarcelado líder opositor 
Leopoldo López, se muestra preocupado por la situación.






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A diferencia de un Barack Obama más comedido, Trump se 
expresa con más determinación sobre Venezuela y es receptivo 
a escuchar a los legisladores que respaldan a la oposición 
venezolana.
Además de la lucha de calle, que se prolonga ya por seis semanas, 
la oposición ha realizado una labor de "lobby" internacional para 
recoger apoyos y tratar de socavar la imagen del gobierno.
La crisis en Venezuela se va convirtiendo en un problema económico 
y migratorio para los países de la región.
Pero está por ver si una mayor implicación internacional consigue 
destrabar el conflicto o por el contrario lo agudiza si el gobierno se siente acorralado y atacado.
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Una historia que se repite

No es la primera vez que EE.UU.impone sanciones a
 funcionarios venezolanos a través del Departamento 
del Tesoro.
En el pasado ha habido funcionarios y exfuncionarios 
que, bajo acusaciones de narcotráfico o corrupción, han 
sido sometidos a medidas que implican la congelación de 
sus activos en Estados Unidos y la prohibición de realizar 
transferencias financieras a través de ese país.
En febrero el gobierno estadounidense colocó al 
vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Tareck El Aissami, 
en su lista de personas relacionadas con el tráfico de drogas