JVR/Los confidenciales: Hay que revisar el informe 2015 sobre Operación Liberación del Pueblo” (OLP)

1) La ofensiva contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es cada día más intensa. Contra la institución disparan desde la MUD, líderes parlamentarios de la oposición, algunos representantes del empresariado y autoridades eclesiásticas.

En algunos casos los ataques son frontales, cargados de descalificaciones personales, de insultos, de falsas acusaciones e incluso, con insinuaciones contra los familiares de la oficialidad. Los ataques tienen como objetivo desmoralizar a los miembros de la organización castrense, respondiendo a un formato de guerra sucia que recomienda minar psicológicamente a sus integrantes.

Pero la campaña va mucho más allá. La planificación tiene como propósito fundamental crear una brecha entre el presidente Nicolás Maduro y los mandos castrenses, y de esta manera debilitar al gobierno para que no esté en capacidad de hacer frente a un levantamiento popular como lo prevé el manual de los golpistas. También persigue un propósito a largo plazo: la eliminación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la sustitución de ésta por una bien dotada Policía Nacional. Esta es una vieja aspiración de la derecha en Latinoamérica que considera que la fuerza armada, tal y como funciona, es un peligro latente contra sus intereses.

También es sintomático que la campaña contra la institución militar coincida con las que se realizan contra el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral. La campaña busca, al igual de lo que ocurre con la que se hace contra la fuerza armada, crear un ambiente de rechazo en la población que facilite la operación prevista por los sectores golpistas de desmantelamiento de la actual institucionalidad bolivariana y la creación de otra controlada totalmente por los sectores antichavistas.

2) Cuando la derecha en la región latinoamericana arriba al poder, como sucedió en Argentina, lo primero que hace es arremeter contra los trabajadores. El gobernante neoliberal Mauricio Macri, en apenas cuatro meses de haber tomado posesión del cargo, ordenó el despido de 141 mil trabajadores y empleados de la administración pública y del sector privado por las presiones ejercidas sobre éste por razones estrictamente políticas. Esta línea de acción de Macri es lo que determina la decisión que ha tomado de vetar la ley antidespidos que debate el congreso argentino. También ha provocado el milagro de que en la pasada conmemoración del primero de mayo, todas las centrales obreras se unieran, dejaran a un lado las diferencias, y marcharan juntas para protestar contra la política del presidente Macri.

3) El gobierno de los Estados Unidos en su cambio de estrategia político-militar hacia Latinoamérica, a través del departamento de estado, el Pentágono, con sus organismos de información como la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), ha estado intensificando sus visitas oficiales a diferentes países de la región con los que desea ampliar sus relaciones políticas de carácter militar y diplomático. Destaca, por ejemplo, la reciente visita a Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia, finalizando en Uruguay, bajo la excusa de presidir la delegación norteamericana a la fide en Chile, de la secretaría de la Fuerza Aérea de EE.UU., Deborah Lee James, acompañada del Teniente Coronel General Mark C. Nowland, Comandante de la décima segunda fuerza aérea de los EE.UU., del Comando Sur. La visita tuvo como finalidad materializar programas de intercambio de personal militar entre las fuerzas aéreas de los países visitados para adelantar planes de entrenamiento en diferentes áreas sensibles en materia de seguridad.

4) No entraré en detalles, tan sólo señalo lo fundamental de un informe confidencial de la defensoría del pueblo –presidida por Tarek William Saab– con ocasión del operativo de seguridad denominado “Operación Liberación del Pueblo” (OLP). El informe se refiere a hechos acaecidos durante el año 2015 denunciados ante la defensoría. Los hechos se sucedieron en el área metropolitana de Caracas y en los estados Carabobo y Bolívar, y fueron realizados con exceso y abuso por parte de funcionarios policiales y militares en la ejecución del OLP. Los derechos vulnerados, que señala el informe, son: derecho a la vida; derecho al debido proceso; derecho a la integridad física; derecho a la libertad; derecho a la vivienda; derecho a la inviolabilidad del hogar; derecho a la propiedad.

Es importante y urgente que el alto gobierno analice éste informe, así como el material que tiene el Ministerio Público sobre el mismo tema. Que lo sopese con detenimiento y busque mayor información si es necesario, a fin de adoptar medidas que corrijan procedimientos inconstitucionales, violatorios de los derechos humanos, que ocurren particularmente en barriadas populares.