A 15 años del 11A el golpismo actúa desde los mismos flancos
El 11A se cometió una masacre en Puente Llaguno coordinada por la derecha con apoyo de francotiradores y efectivos de la extinta Policía Metropolitana
La intensa ofensiva de la derecha para derrocar a la Revolución Bolivariana, que produjo el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, fue impulsada en los mismos frentes desde los que hoy, 15 años después, continúan los ataques por parte de sectores que ansían una intervención extranjera contra Venezuela.
Una arremetida económica cuyos efectos afectaron en gran medida la calidad de vida de la población, fundamentalmente de la clase trabajadora, signó la primera etapa de los ataques contra el Gobierno Bolivariano, impulsados por la burguesía nacional históricamente apropiada de las riquezas del país, y es aún en la actualidad el principal frente de batalla de la derecha para debilitar la Revolución.
En ese ámbito se inscriben las acciones contra Petróleos de Venezuela (Pdvsa), donde un grupo de gerentes promovió en el primer trimestre de 2002 la paralización de las operaciones de la empresa en su pretensión de desconocer al Ejecutivo nacional, al que no participaban de las decisiones que se tomaban en la estatal.
Las acciones contra la industria petrolera, que fue de nuevo saboteada ocho meses luego, fueron el preludio del paro convocado por la Cámara Venezolana de Trabajadores (CTV) —dirigida por Acción Democrática (AD)— y la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecamaras) el 9 de abril, cuando se activó el golpe de Estado contra el comandante Hugo Chávez.
La misma maniobra se intenta desde 2013, con el respaldo de mafias de distribución de alimentos, medicinas y productos de primera necesidad, para justificar los planes golpista contra el presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro.
Con respaldo mediático
Al patrón golpista de la derecha se suman los planes impulsados para mostrar en las calles un supuesto caos, descontento popular y ruptura en el orden democrático, a fin de sustentar el discurso mediático internacional con el que la derecha solicita apoyo diplomático que legitime un golpe de Estado.
En 2002 la oposición convocaba a grandes concentraciones, en gran medida formadas por estratos medios de la población, y transmitía al exterior -con las grandes corporaciones de la comunicación a su favor- un escenario ficticio en el que todo el pueblo venezolano exigía la renuncia del presidente Chávez, quien había sido electo por amplia mayoría en comicios nacionales de 2000 con 59,76% de los votos.
Este discurso era secundado, como lo es en la actualidad, por los gobiernos y entes internacionales controlados por la derecha, y al servicio de los intereses imperialistas del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.
El 11 de abril, ese discurso mediático lanzó al mundo falsos supuestos como la renuncia del comandante Chávez para disfrazar el golpe de Estado, dio amplia difusión a los actores que consumaron el golpe y validó acciones como la salida arbitraria del aire de VTV, acción coordinada por el copeyano Enrique Mendoza.
Pese a los fracasos obtenidos, el frente de combate en el campo internacional ha trabajado durante 15 años, en perfecta articulación con las acciones de la derecha dentro del país, y a nivel mediático, para propiciar una intervención extranjera en los asuntos internos del Estado venezolano.
La violencia, el otro frente
Ante la resistencia del comandante Chávez -con apoyo de la masa popular- a las intensas presiones de la derecha nacional e internacional, la oposición recurrió a añadir violencia de calle al escenario mediático preconstruido.
En abril de 2002, dirigentes de la derecha desviaron una marcha convocada hasta Chuao, en el este de la ciudad, para llevarla al Palacio de Miraflores, en el centro de la capital, donde estaban concentrados simpatizantes al chavismo. A la altura de Puente Llaguno, se desataron acciones violentas -con participación de francotiradores escondidos en los edificios aledaños y efectivos de la Policía Metropolitana- que dejaron 19 muertos.
Ese patrón violento se ha replicado en 2004, cuando la derecha nacional empleó por primera vez la activación de grupos de choque generadores de violencia de calle, acciones conocidas “guarimbas”, que dejaron nueve muertos y 193 heridos, y en 2013, cuando el llamado público a “descargar la arrechera” hecho por Henrique Capriles -que asaltó la Embajada de Cuba en abril de 2002- para desconocer los resultados de las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013 provocó el asesinato de siete personas y lesiones a otras 61.
En febrero de 2014, el dirigente de ultraderecha Leopoldo López -también participante del golpe de 11A- activó el plan insurrecional La Salida, y llamó a la oposición venezolana a tomar las calles de Caracas y las principales ciudades de Venezuela “hasta que se vayan quienes nos gobiernan”. Este plan dejó 43 venezolanos asesinados, 800 heridos y pérdidas irreparables, escenario con el que la oposición reforzaba la narrativa mediática que pedía una intervención extranjera.
En los primeros días de abril de 2017, la derecha venezolana ha intentado suscitar de nuevo estas acciones violentas, para justificar sus maniobras pro injerencistas en la arena internacional. Esta vez con un escenario mediático diferente al de 2002, con la masificación del internet, la proliferación de los medios de comunicación alternativos vía web, las redes sociales y otras herramientas digitales, pero con el mismo fin: proyectar una imagen manipulada de caos y supuesta represión por parte de las fuerzas de seguridad, que sustenten ante la opinión pública mundial una intervención extranjera en Venezuela.
AVN
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