HORA DE CAMBIOS

A 7 años de la creación de la ALBA-TCP

Tahina Ojeda Medina

CEPRID

Lo que comenzó como una alternativa para frenar el avance del Área de Libre Comercio de América (ALCA) se ha transformado en una alianza en favor de la integración de los países latinoamericanos y caribeños. Me refiero a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).

Vale la pena recordar que los inicios del ALBA-TCP fueron solitarios. La Cumbre de las Américas (Quebec 2001) tenía como bandera la creación del ALCA y, como la mayoría de las reuniones hemisféricas, antes de su “democrática aprobación” ya estaba tomada la decisión de crear un área de libre comercio. El ALCA era un espacio que pretendía crear un entramado de relaciones comerciales bajo las reglas de libre mercado sin tomar en consideración las asimetrías económicas y, mucho menos, las sociales. Lo anteriormente descrito se evidencia en el punto 6º sobre comercio e inversión del Plan de Acción de la Cumbre: Los países “asegurarán que las negociaciones para el Acuerdo ALCA concluyan, a más tardar en enero de 2005, para tratar de lograr su entrada en vigencia lo antes posible, no más allá de diciembre de 2005 […]”. El único voto en contra del mencionado Plan fue el de la República Bolivariana de Venezuela; sin embargo, el Plan se publicó como aprobado por unanimidad.

Una vez analizados los perjuicios que para los países de América Latina y el Caribe traería la aplicación del ALCA, Cuba y Venezuela dieron un paso al frente y acordaron un plan para poner freno a tal situación. Surge la idea del ALBA frente al ALCA en 2001 (Isla de Margarita - Venezuela 2001) y nace formalmente en el 2004 (La Habana – Cuba).

El siguiente paso para frenar el avance del ALCA se dio en la Cumbre de las Américas en Mar del Plata (Argentina 2005), en cuya declaración final se expresó que “[…] todavía no están dadas las condiciones necesarias para lograr un acuerdo de libre comercio equilibrado y equitativo, con acceso efectivo de los mercados, libre de subsidios y prácticas de comercio distorsivas y que tome en cuenta las necesidades y sensibilidades de todos los socios, así como las diferencias en los niveles de desarrollo y tamaño de las economías”. Esta Cumbre representó el quiebre definitivo con el ALCA.

Por otra parte, el mapa político en América Latina y el Caribe tras la propuesta del ALCA había cambiado. Cuba y Venezuela no estaban solas. En los años subsiguientes al 2004 se unieron al ALBA: Bolivia (2006), Nicaragua (2007), Dominica (2008), Honduras (2008-2010), Ecuador (2009), San Vicente y Las Granadinas (2009) y Antigua y Barbuda (2009). El subcontinente vira a la izquierda y con ello brotan varios intentos de desestabilización: intento de secesión en Bolivia (2008), golpe de estado en Honduras (2009), golpe de estado frustrado en Ecuador (2010), entre otras presiones internacionales para el resto de los países en la región. Asimismo, mientras en el Sur se sortean todas las dificultades políticas derivadas de la puesta en marcha de un mecanismo que lucha por la protección de los pueblos, el “mundo desarrollado” se bate en una crisis económica sin precedentes creada por la “mano invisible del mercado”.

Estos acontecimientos no están aislados del debate teórico-político en las relaciones internacional contemporáneas. Cuando se analiza en el plano académico una propuesta como la ALBA-TCP surgen las inevitables preguntas: ¿Es un esquema de integración? ¿Se pretende con su creación la construcción de una región política o una zona de libre comercio intrarregional? ¿Es la ALBA-TCP una fórmula para hacer frente a los efectos negativos de la globalización o es una estrategia para insertarse en el proceso con mayor fuerza?

Todas estas preguntas tienen respuestas, aún abiertas y ciertamente difusas, si analizamos el proceso de creación y consolidación de la Alianza Bolivariana desde las teorías que explican los nuevos regionalismos “post-liberales” en América Latina y su vinculación con la globalización. Está claro que el ALBA-TCP no fue concebido como un esquema de integración sino como una alianza política para poner freno al ALCA y progresivamente se fue transformando en un mecanismo de colaboración que ha permitido reforzar un esquema real de cooperación Sur-Sur regional. Aún es pronto para predecir cuál será el esquema final de integración sudamericana, lo que sí se puede afirmar es que ha permitido diseñar nuevas formas de intercambio y comunicación entre países otrora desconectados. Primer paso para la puesta en común de una agenda política de integración.

En este sentido, el ALBA-TCP es una fórmula de resistencia frente al proceso globalizador. Es imposible negar que la globalización sea un hecho, pero ello no implica que los países deban imbuirse en su marea sin salvavidas. Es necesaria la consolidación de regiones fuertes para enfrentar las incoherencias del sistema-mundo en el que vivimos.

El ALBA-TCP, como bien lo definió la embajadora de Bolivia en Madrid, María del Carmen Almendras Camargo, en la celebración del VII aniversario de la alianza (Madrid, febrero 2012), es “un bloque regional de ocho países con una población de 71 millones de habitantes y un Producto Interno Bruto de 498 mil millones de dólares, que constituye ya el segundo bloque comercial de la región latinoamericana y caribeña, después de Mercosur, con enormes potencialidades de recursos naturales y humanos”.

Con independencia de que el ALBA se consolide como un esquema de integración subregional definitivo, mute o se fusione con otras estrategias de integración como la UNASUR o la CELAC; en su VII aniversario hay motivos de sobra para celebrar que es posible decir NO a los grandes poderes mundiales, que se puede diseñar una política independiente y soberana y que se puede construir el camino hacia la multipolaridad.

Como lo diría el maestro Simón Rodríguez: inventamos o erramos.

Tahina Ojeda Medina es Investigadora Asociada al Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid (IUDC-UCM), Lic. en Relaciones Internacionales y Abogada por la Universidad Central de Venezuela, Magíster en Cooperación Internacional, Máster en Estudios Contemporáneos de América Latina y Doctoranda en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid.