LA GUERRA DE EEUU CONTRA LATINOAMÉRICA
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Tomado de Nation of Change
Aunque marginada por el escándalo del Servicio Secreto, la Cumbre de las Américas del pasado mes en Cartagena, Colombia, fue un evento de considerable significado. Hay tres razones principales: Cuba, la guerra a las drogas y el aislamiento de Estados Unidos.
Un titular en The Jamaica Observer decía: “La Cumbre muestra cuánto ha disminuido la influencia yanqui” La noticia reporta que “los grandes temas de la agenda fueron el lucrativo y destructor negocio de las drogas y cómo los países de toda la región pueden reunirse mientras excluyen a un país –Cuba”.
Las reuniones terminaron sin acuerdo, debido a la oposición de EE.UU. en esos temas –una política de despenalización de la droga y la prohibición a Cuba. El constante obstruccionismo de EE.UU `puede que provoque el desplazamiento de la Organización de Estados Americanos por la recién formada Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, de la cual están excluidos Estados Unidos y Canadá.
Cuba había estado de acuerdo en no asistir a la cumbre, ya que Washington la hubiera boicoteado. Pero las reuniones dejaron en claro que la intransigencia de EE.UU. no será tolerada mucho tiempo. EE.UU. y Canadá se quedaron solos en impedir la participación de Cuba sobre la base de violaciones de los principios democráticos y los derechos humanos,
Los latinoamericanos pueden evaluar esas acusaciones a partir de una amplia experiencia. Están familiarizados con el historial de EE.UU. en derechos humanos. Cuba en especial ha sufrido de manos de EE.UU. de ataques terroristas y estrangulación económica como castigo por su independencia –su “exitoso desafío” de políticas de EE.UU. que se remontan a la Doctrina Monroe.
Los latinoamericanos no tienen que estudiar en una beca de EE.UU. para reconocer que Washington apoya la democracia si, y solo si, se conforma a los objetivos estratégicos y económicos, e incluso cuando lo hace favorece “formas limitadas de cambio democrático de arriba hacia abajo que no ponen en peligro las estructuras tradicionales de poder con las cuales Estados Unidos ha estado aliado hace mucho en sociedades nada democráticas”, como señala el académico neoreaganita Thomas Carothers.
En la cumbre de Cartagena, la guerra a las drogas se convirtió en un asunto clave por iniciativa del recién electo presidente de Guatemala, general Pérez Molina, a quien nadie puede confundir con un liberal de piernas flojas. Fue apoyado por el anfitrión de la cumbre, el presidente colombiano Juan Manuel Santos, así como por otros.
La preocupación no es nueva. Hace tres años, la Comisión Latinoamericana acerca de las Drogas y la Democracia publicó un informe de la guerra a las drogas por parte de los presidentes Hernando Henrique Cardoso, de Brasil, Ernesto Zedillo, de México, y César Gaviria, de Colombia, los cuales pedían la despenalización de la mariguana y tratar el uso de drogas como un problema de salud pública.
Muchas investigaciones, incluido un estudio muy citado de la Corporación Rand en 1991, han demostrado que la prevención y el tratamiento son considerablemente más eficaces en cuanto a costo que las medidas coercitivas que reciben el grueso del financiamiento. Tales medidas no punitivas son también, por supuesto, más humanitarias.
La experiencia lleva a estas conclusiones. La sustancia más mortífera con mucho es el tabaco, la cual también mata a gran velocidad a los que no la usan (fumadores pasivos). El consumo ha disminuido significativamente en los sectores más educados, no mediante la penalización, sino como resultado de cambios de estilo de vida.
Un país, Portugal, despenalizó todas las drogas en 2001 –lo que significa que técnicamente siguen siendo ilegales, pero se les considera violaciones administrativas que no son de índole penal. Un estudio por Glen Greenwald, del Instituto Cato, consideró que los resultados fueron un éxito rotundo”. En este éxito existen lecciones evidentes que debieran guiar los debates acerca de una política de drogas en todo el mundo.
Como contraste dramático, los procedimientos coercitivos de la guerra norteamericana contra las drogas en 40 años prácticamente no han tenido efecto en el uso o precio de las drogas en Estados Unidos, mientras que han creado el caos en todo el continente. El problema fundamental se encuentra en Estados Unidos: tanto la demanda (de drogas) como la oferta (armas). Los latinoamericanos son las víctimas directas, sufren sobrecogedores niveles de pobreza y corrupción, mientras que la adicción se extiende por las rutas de tránsito.
Cuando durante muchos años se aplican políticas con incansable dedicación a pesar de que se sabe que fracasan en cuanto a los objetivos proclamados, y se ignoran sistemáticamente las alternativas que podrían ser mucho más eficaces, naturalmente surgen preguntas acerca de los motivos. Un procedimiento racional es explorar las consecuencias predecibles. Estas nunca han sido oscuras.
En Colombia, la guerra de las drogas ha sido una débil excusa para la contrainsurgencia. La fumigación –una forma de guerra química– ha destruido cultivos y una rica biodiversidad, y contribuye a expulsar a millones de campesinos pobres hacia los barrios marginales urbanos, abriendo así vastos territorio a la minería, los negocios agrícolas, ranchos y otros beneficios para los poderosos.
Otros beneficiarios de la guerra a las drogas son los bancos que lavan enormes cantidades de dinero. En México, los principales cárteles de la droga están implicados en el 80 por ciento de los sectores productivos de la economía, según investigadores académicos. En otras partes están ocurriendo hechos similares.
En EE.UU., las víctimas primarias son afro-norteamericanos, de manera creciente las mujeres, y los hispanos. En resumen, los considerados superfluos por los cambios económicos instituidos en la década de 1970, con el cambio de la economía hacia la financiación y la exportación del proceso productivo.
Gracias en gran medida a la guerra altamente selectiva a las drogas, las minorías son enviadas a prisión –el factor principal en el radical aumento de la encarcelación desde la década de 1980, lo que se ha convertido en un escándalo internacional. El proceso se parece a la “limpieza social” en estados clientes de EE.UU. en Latinoamérica, la cual se deshace de los “indeseables”.
El aislamiento de EE.UU. en Cartagena lleva adelante otros hechos decisivos de la pasada década, a medida que Latinoamérica al fin ha comenzado a zafarse del control de las grandes potencias, e incluso a enfrentar sus horribles problemas internos.
Latinoamérica ha tenido una larga tradición de jurisprudencia liberal y de rebelión contra la autoridad impuesta. El Nuevo Trato se inspiró en esa tradición. Puede que los latinoamericanos aún inspiren progreso en materia de derechos humanos en Estados Unidos.
Por Noam Chomsky
Un titular en The Jamaica Observer decía: “La Cumbre muestra cuánto ha disminuido la influencia yanqui” La noticia reporta que “los grandes temas de la agenda fueron el lucrativo y destructor negocio de las drogas y cómo los países de toda la región pueden reunirse mientras excluyen a un país –Cuba”.
Las reuniones terminaron sin acuerdo, debido a la oposición de EE.UU. en esos temas –una política de despenalización de la droga y la prohibición a Cuba. El constante obstruccionismo de EE.UU `puede que provoque el desplazamiento de la Organización de Estados Americanos por la recién formada Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, de la cual están excluidos Estados Unidos y Canadá.
Cuba había estado de acuerdo en no asistir a la cumbre, ya que Washington la hubiera boicoteado. Pero las reuniones dejaron en claro que la intransigencia de EE.UU. no será tolerada mucho tiempo. EE.UU. y Canadá se quedaron solos en impedir la participación de Cuba sobre la base de violaciones de los principios democráticos y los derechos humanos,
Los latinoamericanos pueden evaluar esas acusaciones a partir de una amplia experiencia. Están familiarizados con el historial de EE.UU. en derechos humanos. Cuba en especial ha sufrido de manos de EE.UU. de ataques terroristas y estrangulación económica como castigo por su independencia –su “exitoso desafío” de políticas de EE.UU. que se remontan a la Doctrina Monroe.
Los latinoamericanos no tienen que estudiar en una beca de EE.UU. para reconocer que Washington apoya la democracia si, y solo si, se conforma a los objetivos estratégicos y económicos, e incluso cuando lo hace favorece “formas limitadas de cambio democrático de arriba hacia abajo que no ponen en peligro las estructuras tradicionales de poder con las cuales Estados Unidos ha estado aliado hace mucho en sociedades nada democráticas”, como señala el académico neoreaganita Thomas Carothers.
En la cumbre de Cartagena, la guerra a las drogas se convirtió en un asunto clave por iniciativa del recién electo presidente de Guatemala, general Pérez Molina, a quien nadie puede confundir con un liberal de piernas flojas. Fue apoyado por el anfitrión de la cumbre, el presidente colombiano Juan Manuel Santos, así como por otros.
La preocupación no es nueva. Hace tres años, la Comisión Latinoamericana acerca de las Drogas y la Democracia publicó un informe de la guerra a las drogas por parte de los presidentes Hernando Henrique Cardoso, de Brasil, Ernesto Zedillo, de México, y César Gaviria, de Colombia, los cuales pedían la despenalización de la mariguana y tratar el uso de drogas como un problema de salud pública.
Muchas investigaciones, incluido un estudio muy citado de la Corporación Rand en 1991, han demostrado que la prevención y el tratamiento son considerablemente más eficaces en cuanto a costo que las medidas coercitivas que reciben el grueso del financiamiento. Tales medidas no punitivas son también, por supuesto, más humanitarias.
La experiencia lleva a estas conclusiones. La sustancia más mortífera con mucho es el tabaco, la cual también mata a gran velocidad a los que no la usan (fumadores pasivos). El consumo ha disminuido significativamente en los sectores más educados, no mediante la penalización, sino como resultado de cambios de estilo de vida.
Un país, Portugal, despenalizó todas las drogas en 2001 –lo que significa que técnicamente siguen siendo ilegales, pero se les considera violaciones administrativas que no son de índole penal. Un estudio por Glen Greenwald, del Instituto Cato, consideró que los resultados fueron un éxito rotundo”. En este éxito existen lecciones evidentes que debieran guiar los debates acerca de una política de drogas en todo el mundo.
Como contraste dramático, los procedimientos coercitivos de la guerra norteamericana contra las drogas en 40 años prácticamente no han tenido efecto en el uso o precio de las drogas en Estados Unidos, mientras que han creado el caos en todo el continente. El problema fundamental se encuentra en Estados Unidos: tanto la demanda (de drogas) como la oferta (armas). Los latinoamericanos son las víctimas directas, sufren sobrecogedores niveles de pobreza y corrupción, mientras que la adicción se extiende por las rutas de tránsito.
Cuando durante muchos años se aplican políticas con incansable dedicación a pesar de que se sabe que fracasan en cuanto a los objetivos proclamados, y se ignoran sistemáticamente las alternativas que podrían ser mucho más eficaces, naturalmente surgen preguntas acerca de los motivos. Un procedimiento racional es explorar las consecuencias predecibles. Estas nunca han sido oscuras.
En Colombia, la guerra de las drogas ha sido una débil excusa para la contrainsurgencia. La fumigación –una forma de guerra química– ha destruido cultivos y una rica biodiversidad, y contribuye a expulsar a millones de campesinos pobres hacia los barrios marginales urbanos, abriendo así vastos territorio a la minería, los negocios agrícolas, ranchos y otros beneficios para los poderosos.
Otros beneficiarios de la guerra a las drogas son los bancos que lavan enormes cantidades de dinero. En México, los principales cárteles de la droga están implicados en el 80 por ciento de los sectores productivos de la economía, según investigadores académicos. En otras partes están ocurriendo hechos similares.
En EE.UU., las víctimas primarias son afro-norteamericanos, de manera creciente las mujeres, y los hispanos. En resumen, los considerados superfluos por los cambios económicos instituidos en la década de 1970, con el cambio de la economía hacia la financiación y la exportación del proceso productivo.
Gracias en gran medida a la guerra altamente selectiva a las drogas, las minorías son enviadas a prisión –el factor principal en el radical aumento de la encarcelación desde la década de 1980, lo que se ha convertido en un escándalo internacional. El proceso se parece a la “limpieza social” en estados clientes de EE.UU. en Latinoamérica, la cual se deshace de los “indeseables”.
El aislamiento de EE.UU. en Cartagena lleva adelante otros hechos decisivos de la pasada década, a medida que Latinoamérica al fin ha comenzado a zafarse del control de las grandes potencias, e incluso a enfrentar sus horribles problemas internos.
Latinoamérica ha tenido una larga tradición de jurisprudencia liberal y de rebelión contra la autoridad impuesta. El Nuevo Trato se inspiró en esa tradición. Puede que los latinoamericanos aún inspiren progreso en materia de derechos humanos en Estados Unidos.
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