jueves, 17 de marzo de 2011

Bandas criminales están en uno de cada tres municipios de Colombia


Los nuevos grupos armados que delinquen en Colombia, integrados por exparamilitares y vinculados al narcotráfico, consolidan su avance y ya tienen “capacidad de actuar” en 360 municipios del país, según un informe de la organización no gubernamental Indepaz divulgado este miércoles.
Esos grupos narcoparamilitares, como los denomina el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), realizaron durante 2008 “acciones violentas” y “negocios ilícitos” en 259 municipios. La cifra se amplió a 278 en 2009 y llegó a 360, prácticamente un tercio de los 1.120 municipios del país, el año pasado.
En resumen, entre 2008 y 2010 su “radio de movilidad se amplió en 100 municipios” y “consolidaron su presencia” en zonas del norte y oeste del país, especialmente en los departamentos de Antioquia, Cauca, Caldas, Casanare, Cesar, Chocó, Córdoba, Bolívar, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca y Sucre.
Son Córdoba, con 23 de sus 28 municipios afectados, Cesar (19 de 25) y Chocó (21 de 30) los departamentos más golpeados por la acción de estos grupos, a los que el Gobierno del presidente, Juan Manuel Santos, llama “bandas criminales” o “bacrim”, y que son hoy en día la principal amenaza para la seguridad en Colombia.
Indepaz, que usó para su estudio datos oficiales (del Gobierno, Fuerzas Armadas y Policía Nacional), de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), de otras ONG y de prensa, así como el trabajo de campo, estima que desde 2008, cuando había cerca de 30 grupos, se ha pasado a “seis potentes estructuras”.
Esas estructuras, responsables del 90% de las acciones atribuidas a los narcoparamilitares durante 2010, según Indepaz, son Los Rastrojos, Los Urabeños, Los Paisas, el Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia (ERPAC), las Águilas Negras y la Oficina de Envigado.
El informe revela además que, en total, estas bandas narcoparamilitares tenían en 2010 unos 7.100 miembros, una cifra que sube hasta 14.500 cuando se incluye a los integrantes de sus redes de apoyo.
En coincidencia con otras ONG y defensores de derechos humanos, Indepaz considera “pertinente” llamar narcoparamilitares a estas bandas porque, como las ya desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) “combinan negocios respaldados con las armas y alianzas con instancias del poder político y de la fuerza pública”.
Esa calificación “destaca que su esencia son los negocios legales e ilegales, respaldados por la violencia, y que se han reproducido en la medida de la complicidad, tolerancia, ineficiencia y hasta alianzas desde esferas del Estado y de la fuerza pública”, subraya la investigación de Indepaz.
Como “herederos” de las AUC, que se desmovilizaron con el desarme de más de 31.000 hombres que culminó en 2006 durante un proceso de paz con el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), los narcoparamilitares no solo viven del tráfico de drogas, sino también del lavado de activos, la usurpación de tierras y la minería ilegal.
Aunque el presidente Santos ha manifestado públicamente su preocupación por el avance de las “bacrim” y su decisión de combatirlas, el informe de Indepaz sostiene que el Gobierno no da al problema la suficiente importancia al considerarlo “un capítulo de la lucha antidrogas o un asunto de la policía”.

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