domingo, 24 de junio de 2012


Monsanto golpea en Paraguay:
Los muertos de Curuguaty y el juicio político a Lugo.
Idilio Méndez Grimaldi (*)
Quienes están detrás de esta trama tan siniestra?  Los propulsores de una ideología  que 
promueven el máximo beneficio económico a cualquier precio y cuanto más, mejor, ahora y en 
el futuro.
El viernes 15 de  junio de 2012, un grupo de policías que iba  a  cumplir una orden de 
desalojo en el departamento de Canindeyú  en la frontera con Brasil, fue emboscado por 
francotiradores, mezclados con campesinos que reclamaban tierras para sobrevivir. La 
orden fue dada por un juez y una fiscala para proteger a un latifundista.  Como resultado 
se tuvo 17 muertos; 6 policías y 11 campesinos y decenas de heridos graves.  Las 
consecuencias: El laxo y timorato gobierno de Fernando Lugo quedó  con debilidad
ascendente y extrema, cada vez más derechizado, a punto de ser llevado a juicio político 
por un Congreso dominado por la derecha; duro revés a la izquierda, a las organizaciones 
sociales y campesinas, acusadas por la oligarquía terrateniente de instigar a los 
campesinos; avance del agronegocio extractivista de manos de las transnacionales como 
Monsanto, mediante la persecución a los campesinos y el arrebato de sus tierras  y, 
finalmente,  la instalación de una cómoda platea para la los oligarcas y los partidos de 
derecha para su retorno triunfal en las elecciones de 2013 al Poder Ejecutivo.
El 21 de octubre de 2011, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, dirigido por el liberal Enzo 
Cardozo, liberó ilegalmente la semilla de algodón transgénico Bollgard  BT de la compañía
norteamericana de biotecnología Monsanto, para su siembra comercial en Paraguay. Las 
protestas campesinas y de organizaciones ambientalistas no se dejaron esperar.  El gen de este 
algodón está mezclado con el gen del Bacillus Thurigensis, una bacteria tóxica que mata a 
algunas plagas del algodón, como las larvas del picudo, un coleóptero que oviposita en el capullo 
del textil.
El Servicio de Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE, otra institución 
del Estado paraguayo, dirigido por Miguel Lovera, no inscribió dicha semilla transgénica en los 
registros de cultivares, por carecer de los dictámenes del Ministerio de Salud y de la Secretaría 
del Ambiente, tal como exige la legislación. 
Campaña mediáticaDurante los meses posteriores,  Monsanto, a través de la Unión de Gremios de Producción, UGP, 
estrechamente  ligada al Grupo Zuccolillo, que  publica el diario ABC Color, arremetió  contra 
SENAVE y su presidente por no inscribir la semilla transgénica de Monsanto para su uso 
comercial en todo el país.
La cuenta regresiva decisiva pareció haberse dado con una nueva  denuncia  por parte de una 
seudosindicalista del SENAVE, de nombre Silvia Martínez, quien acusó el 7 de junio pasado a 
Lovera de corrupción y nepotismo en la institución que dirige, a través de ABC Color.  Martínez 
es esposa de Roberto Cáceres, representante técnico de varias empresas agrícolas, entre ellas 
Agrosán, recientemente adquirida por 120 millones de dólares por Syngenta, otra transnacional, 
todas socias de la UGP. 
Al día siguiente, viernes 8 de junio, la UGP publica en ABC a seis columnas: “Los  12 
argumentos para destituir a Lovera” (1).  Estos presuntos argumentos fueron presentados al 
vicepresidente de la República, correligionario del ministro de Agricultura,  el liberal Federico 
Franco, quien en ese momento se desempeñaba como presidente de Paraguay en ausencia de 
Lugo, de viaje por Asia. 
El viernes 15 del corriente mes, en ocasión a una exposición anual organizada por el Ministerio 
de Agricultura y Ganadería, el ministro Enzo Cardozo dejo escapar un comentario ante la prensa 
que un supuesto grupo de inversores de la India, del sector de los agroquímicos, canceló un 
proyecto de inversión en Paraguay por la presunta corrupción en SENAVE. Nunca aclaro de qué 
grupo se trataba.  En esas horas de aquel día se registraban los trágicos sucesos de Curuguaty. 
En el marco de esta exposición preparada por el citado ministerio,  la transnacional Monsanto 
presentó otra variedad de algodón, doblemente transgénico: BT y RR o Resistente al Roundup, 
un herbicida fabricado y patentado por Monsanto. La pretensión de la transnacional 
norteamericana es la inscripción en Paraguay de esta semilla transgénica, tal como ya ocurrió en 
la Argentina y otros países del mundo.
Previamente a estos hechos, el diario ABC Color  denunció sistemáticamente por presuntos 
hechos  de corrupción a la ministra de Salud, Esperanza Martínez y al ministro del Ambiente, 
Oscar Rivas, dos funcionarios que no dieron su dictamen favorable a Monsanto.
Monsanto facturó el año pasado 30 millones de dólares, libre de impuestos, (porque no declara
esta parte de su renta) solamente en concepto de royalties por el uso de semillas transgénicas de 
soja en Paraguay. Independiente, Monsanto factura por la venta de las semillas transgénicas. 
Toda la soja cultivada es transgénica en una extensión cercana a los tres millones de hectáreas, 
con una producción en torno a los 7 millones de toneladas en el 2010.Por otro lado, en la Cámara de Diputados ya se aprobó en general el proyecto de Ley de 
Bioseguridad, que contempla crear una dirección de bioseguridad a cargo del Ministerio de 
Agricultura, con amplia potestad para la aprobación  para su cultivo comercial  de todas las 
semillas transgénicas, ya sean de soja, maíz, arroz, algodón y algunas hortalizas. Este proyecto 
de ley contempla la eliminación de la Comisión de Bioseguridad actual, que es un ente colegiado 
de funcionarios técnicos del Estado paraguayo.
En tanto transcurrían todos estos acontecimientos, la UGP viene preparando un acto de protesta 
nacional contra el gobierno de Fernando Lugo para el 25 de junio próximo. Se trata de una 
manifestación con maquinarias agrícolas, cerrando medias calzadas de las rutas en distintos 
puntos del país. Una de  las reivindicaciones del denominado “tractorazo” es la destitución de 
Miguel Lovera del SENAVE, así como la liberalización de todas las semillas transgénicas para 
su cultivo comercial.
Las conexiones
La UGP está dirigida por Héctor Cristaldo, apoyado por otros apóstoles como Ramón Sánchez -
quien tiene negocios con el sector  de los agroquímicos  - entre otros agentes de las 
transnacionales del agronegocio. Cristaldo integra el staff de varias empresas  del Grupo 
Zuccolillo, cuyo  principal accionista es Aldo Zuccolillo, director propietario del diario ABC 
Color desde su fundación bajo el régimen de Stroessner, en 1967. Zuccolillo es dirigente de la 
Sociedad Interamericana de Prensa, SIP. 
El Grupo Zuccolillo es socio principal en Paraguay de Cargill, una de las transnacionales más 
grandes del agronegocio en el mundo. La sociedad construyó uno de los puertos graneleros más 
importante del Paraguay, denominado Puerto Unión, a 500 metros de la toma de agua de  la 
empresa aguatera del Estado paraguayo, sobre el Río Paraguay, sin ninguna restricción.
Las transnacionales del agronegocio en Paraguay  prácticamente no pagan impuestos, mediante 
la férrea protección que tienen en el Congreso, dominado por la derecha. La presión tributaria en 
Paraguay es apenas del 13% sobre el PIB. El 60 % del impuesto recaudado por el Estado 
paraguayo es el Impuesto al Valor Agregado, IVA. Los latifundistas no pagan impuestos. El 
impuesto Inmobiliario representa apenas el 0,04% de la presión tributaria, unos 5 millones de 
dólares, según un estudio del Banco Mundial (2) aún cuando el agronegocio produce rentas en 
torno al 30 % del PIB, que representan unos 6.000 millones de dólares anuales. 
Paraguay es uno de los países más desiguales del mundo. El 85 por ciento de las tierras, unas 30 
millones de hectáreas,  está en manos del 2 por ciento de propietarios (3) que se dedican a la 
producción meramente extractivista o en el peor de los casos a la especulación sobre la tierra.La mayoría de estos oligarcas poseen mansiones en Punta del Este o Miami y tienen estrechas 
relaciones con las transnacionales del sector financiero, que guardan sus bienes mal habidos en 
los paraísos fiscales o le facilitan inversiones en el extranjero. Todos ellos, de alguna u otra 
manera, están ligados al agronegocio y dominan el espectro político nacional, con amplias 
influencias en los tres poderes del Estado. Allí reina la UGP, apoyada por las transnacionales del 
sector financiero y del agronegocio.
Los hechos de Curuguaty
Curuguaty es una ciudad ubicada al este de la Región Oriental del Paraguay, a unos 200 km de 
Asunción, capital del Paraguay. A unos kilómetros de Curuguaty  se halla la estancia Morombí, 
propiedad del terrateniente Blas Riquelme, con más de 70 mil hectáreas en ese lugar. Riquelme 
proviene de la entraña de la dictadura de Stroessner (1954-1989) bajo cuyo régimen amasó una 
inmensa fortuna, aliado al general Andrés Rodríguez, quien ejecutó el golpe de Estado que 
derrocó al dictador Stroessner. Riquelme, que fue presidente del Partido Colorado por muchos 
años y senador de la República, dueño de varios supermercados y establecimientos ganaderos, 
se  apropió  mediante subterfugios legales de unas  2.000 hectáreas, aproximadamente,  que 
pertenecen al Estado paraguayo.
Esta parcela fue ocupada por los campesinos sin tierras que venían solicitando al gobierno de 
Fernando Lugo su distribución.  Un juez y una fiscala ordenaron el desalojo de los campesinos, a 
través del Grupo Especial de Operaciones, GEO, de la Policía Nacional, cuyos miembros de élite 
en su mayoría fueron entrenados en Colombia, bajo el gobierno de Uribe, para la lucha 
contrainsurgente.
Sólo un sabotaje interno dentro de los cuadros de inteligencia de la Policía, con la complicidad 
de la Fiscalía,  explica la emboscada,  en la cual murieron 6 policías. No se comprende cómo 
policías altamente entrenados, en el marco del Plan Colombia, pudieron caer fácilmente en una 
supuesta trampa tendida por campesinos, como quiere hacer creer la prensa dominada por  los 
oligarcas. Sus camaradas reaccionaron y acribillaron a los campesinos, matando a 11, quedando 
unos 50 heridos. Entre los policías muertos estaba el jefe del GEO, comisario Erven Lovera, 
hermano del teniente coronel Alcides Lovera, jefe de seguridad del presidente Lugo. 
El plan consiste en criminalizar, llevar hasta el odio extremo, a todas las organizaciones 
campesinas,  para empujar a los campesinos a abandonar el campo para el uso exclusivo del 
agronegocio. Es un proceso lento, doloroso, de descampesinización del campo paraguayo, que 
atenta directamente contra la soberanía alimentaria, la cultura alimentaria del pueblo paraguayo, 
por ser los campesinos productores y recreadores ancestrales de toda la cultura guaraní.Tanto la Fiscalía o Ministerio Público, como el Poder Judicial y la Policía Nacional, así como 
diversos organismos del Estado paraguayo, están controlados mediante convenios de 
cooperación por USAID, la agencia de cooperación de los Estados Unidos.
El asesinato del hermano del jefe de seguridad del presidente de la República obviamente es un 
mensaje directo a Fernando Lugo, cuya cabeza sería el próximo objetivo, probablemente a través 
de un juicio político,  quien derechizó más su gobierno tratando de calmar a los oligarcas. Lo 
ocurrido en Curuguaty tumbó a Carlos Filizzola  del Ministerio del Interior y fue nombrado en su 
reemplazo a Rubén Candia Amarilla, proveniente del opositor Partido Colorado, al cual Lugo lo 
derrotó en las urnas en el 2008, luego de 60 años de dictadura colorada, incluyendo la tiranía de 
Alfredo Stroessner.
Candia fue ministro de Justicia del gobierno colorado de Nicanor Duarte (2003-2008) y se 
desempeñó como fiscal general del Estado por un periodo, hasta el año pasado, cuando fue 
reemplazado por otro colorado, Javier Díaz  Verón, a instancia  del propio Lugo. Candia es 
acusado de haber promovido la represión a dirigentes de organizaciones campesinas y de 
movimientos populares. Su nominación a Fiscal General del Estado en el 2005 fue aprobado por 
el entonces embajador de los Estados Unidos, Jhon F. Keen. Candia fue responsable de un mayor 
control por parte de USAID del Ministerio Público y fue acusado en los inicios de su gobierno 
por Fernando Lugo de conspirar en su contra para quitarlo del gobierno.
Tras asumir como el ministro político de Lugo, lo primero que anunció Candia fue la eliminación 
del protocolo de diálogo con los campesinos que invaden propiedades. El mensaje es que no 
habrá conversación, sino simplemente la aplicación de la ley, lo que significa emplear la fuerza 
policial represiva sin contemplación.
Dos días después de asumir Candia Amarilla, los miembros de la UGP, encabezado por Héctor 
Cristaldo, ya visitaron al flamante ministro del Interior, a quien solicitaron garantías para la 
realización del denominado tractorazo. Sin embargo, Cristaldo dijo que la medida de fuerza 
puede ser suspendida en caso de nuevas señales favorables para la UGP (léase liberación de las 
semillas transgénicas de Monsanto, destitución de Lovera y otros ministros, entre otras ventajas 
para el gran capital y los oligarcas) derechizando aun más el gobierno.
Cristaldo es precandidato a diputado para las elecciones de 2013 por un movimiento interno del 
Partido Colorado, liderado por Horacio Cartes, un empresario investigado en el pasado reciente 
por Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico, según el propio diario ABC Color, que 
se hizo eco de varios cables del Departamento de Estado de USA, publicado por WikiLeaks, 
entre ellos uno que aludía directamente a Cartes, el 15 de noviembre de 2011.
Juicio político a LugoEn las últimas horas, mientras se redactaba esta crónica, la UGP, (4) algunos integrantes del 
Partido Colorado y los propios integrantes del Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA, dirigido 
por el senador Blas Llano y aliado del gobierno, amenazan con un juicio político Fernando Lugo  
para destituirlo como presidente de la República del Paraguay.
Lugo depende del humor de los colorados para seguir como presidente de la República, así como 
de sus aliados liberales, que ahora lo amenazan con juicio político, con seguridad buscando más 
espacios de poder (dinero) como prenda de paz. El Partido Colorado, aliado a otros partidos 
minoritarios de la oposición, tiene la mayoría necesaria como para destituir al presidente de sus 
funciones.
Quizás se esperan “las señales favorables” de Lugo que la UGP - en nombre de la Monsanto, la 
patria financiera y los oligarcas - está exigiendo al gobierno. Caso contrario, se estaría pasando a 
una siguiente fase de los planes de copamiento de este gobierno que nació como progresista y 
lentamente va terminando como conservador, controlado por los poderes fácticos.
Entre algunos de sus haberes,  Lugo es responsable de la aprobación de la Ley Antiterrorista, 
propiciada por Estados Unidos en todo el mundo después del 11 S. Autorizó en 2010 la 
implementación de la Iniciativa Zona Norte, consistente en la instalación y despliegue de tropas 
y civiles norteamericanos en el norte de la Región Oriental - en las narices del Brasil  -
supuestamente para desarrollar actividades a favor de las comunidades campesinas.
El Frente Guazú, coalición de las izquierdas que apoya a Lugo, no logra unificar su discurso, y 
sus integrantes pierden la perspectiva en el análisis del poder real, cayendo en los juegos 
electoralistas inmediatistas. Infiltrados por USAID, muchos integrantes del Frente  Guazú que 
participan en la administración del Estado, sucumben ante los cantos de sirena del consumismo 
galopante del neoliberalismo. Se corrompen hasta los tuétanos y en la práctica se convierten en 
émulos vanidosos de engreídos ricos que integraban los recientes gobiernos del derechista 
Partido Colorado.
Curuguaty  también engloba un mensaje para la región, especialmente para Brasil, en cuya 
frontera se producen estos hechos sangrientos, claramente dirigidos por los amos de la guerra, 
cuyos teatros de operaciones se pueden observar en Irak, Libia, Afganistán y ahora Siria. Brasil 
está construyendo hegemonía mundial junto a Rusia, India y China, denominado BRIC. Sin 
embargo, Estados Unidos no ceja en su poder de persuasión al gigante de Sudamérica. Ya está en 
marcha el nuevo eje comercial integrado por México, Panamá, Colombia, Perú y Chile. Es un 
muro de contención a los deseos expansionistas del Brasil hacia el Pacífico.
Mientras, Washington sigue con su ofensiva diplomática en Brasilia, tratando de convencer al 
gobierno de Dilma Rousseff a estrechar vínculos comerciales, tecnológicos y militares. Entre 
tanto, la IV Flota de los Estados Unidos, reactivada hace unos años después de estar fuera de servicio apenas culminó la Segunda Guerra Mundial, vigila todo el Atlántico Sur, en carácter de 
otro cerco al Brasil por si no comprendiese la persuasión diplomática.
Y Paraguay es un país en disputa entre ambos países hegemónicos, dominado aun ampliamente 
por USA.  Por eso lo de Curuguaty es también una pequeña señal para Brasil, en el sentido que el 
Paraguay puede convertirse en un polvorín que quebrantará el desarrollo del suroeste del Brasil.  
Pero por sobre todo, los muertos de Curuguaty es una señal del capital, del gran capital, del
extractivismo expoliador, que asuela el Planeta y aplasta la vida en todos los rincones de la 
Tierra en nombre de la civilización y el desarrollo. Por fortuna, los pueblos del mundo también 
van dando respuestas a estas señales de la muerte, con señales de resistencia, con señales de 
dignidad y de respeto a todas formas de vida en el Planeta.
destituir-a--lovera-411495.html
2- Documento del Banco Mundial. Paraguay.  Impuesto Inmobiliario: Herramienta clave 
para la descentralización fiscal y el mejor uso de la tierra. Volumen I: Informe principal. 
2007.
3- Censo Agropecuario Nacional 2008.
(*) Periodista, investigador y analista. Miembro de la Sociedad de Economía Política del 
Paraguay, SEPPY. Autor del libro Los Herederos de Stroessner.

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