Ley Desarme: Trampa caza-bobos
Autor: Eduardo Samán
Hay una parte de la historia que, ni la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme ni la Cancillería, nos está contando: Las actuales negociaciones de un Tratado de Comercio de Armas (TCA) en el marco de las Naciones Unidas, las cuales esperan culminar en Nueva York del 2 al 27 de julio de 2012.
Es conocida la vieja pretensión del Imperio estadounidense, a través de Naciones Unidas, de eliminar los ejércitos latinoamericanos y monopolizar el uso de la fuerza en nuestro continente. Algunos antecedentes son: el fracasado Tratado Interamericano para la Asistencia Recíproca (TIAR) o la doctrina militar enseñada en la famosa Escuela de las Américas, cuya oposición fue uno de los motivos que impulsó el nacimiento del actual Movimiento Bolivariano en el seno del Ejército Venezolano.
Hace 6 años desde octubre de 2006, 139 países votaron en la ONU el inicio de las negociaciones de un tratado que regule el comercio de armas y municiones. En octubre de 2008, 147 Estados votaron a favor de seguir avanzando en la labor de conseguir un Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA). Solo un voto en contra, el de los Estados Unidos, el artífice del tratado. Es la conducta típica del Imperio cuando quiere meternos a todos en cintura; promueven un tratado a través de terceros y ellos no lo firman. No me vengan a decir ahora que los lamesuelas se le alzaron al amo, ¡fin de mundo!.
La campaña propagandística se llama “Armas bajo Control”, a cargo principalmente de Amnistía Internacional, quién además monitorea el programa de desarme venezolano, utiliza como excusa la atrocidades que se cometen contra los derechos humanos en países que mantienen conflictos interétnicos, sin decir que los responsables de estas guerras son los propios benefactores de la ONG, o la violencia producto de la delincuencia, sin tampoco reconocer que esta deriva del propio sistema capitalista el cual defienden.
El fondo del tratado consiste en que Naciones Unidas será quién autorice o no la transferencia de armas y municiones entre los países. Es decir, no permitirán realizar transferencias a aquellos, que en su criterio, infrinjan leyes humanitarias o de derechos humanos internacionales, ni a los cuales donde se pueda agravar un conflicto o donde exista riesgo de corrupción o desvío de las armas.
El meollo de todo esto es aislar y debilitar militarmente Estados como el nuestro e impedir que las Milicias Populares se armen para así facilitar posibles intervenciones extranjeras, como las que acostumbra hacer Estados Unidos en todo el mundo.
El Tratado requiere de una legislación nacional, por tal razón la oposición ha propuesto, a través del partido Primero Justicia, la iniciativa de una “Ley Desarme” y con ayuda de los medios de comunicación que utilizan el chantaje de la “inseguridad” han hecho caer al gobierno y a diputados de la Asamblea Nacional en la trampa.
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