domingo, 8 de mayo de 2011

EL SOCIALISMO RENTISTICO           
Por VICTOR ALVAREZ
El impacto de la lógica explotadora del capital sobre el desempleo, la pobreza y la distribución regresiva del ingreso se ha visto compensado y, en gran forma encubierto, gracias a la inversión social de la renta petrolera que garantiza la gratuidad de la enseñanza primaria, media y universitaria; el acceso gratuito a servicios de salud; así como una abundante oferta de alimentos de calidad y buenos precios para la mayoría del pueblo trabajador.

El socialismo rentístico y la pugna por la distribución del ingreso
En las condiciones del socialismo rentístico, la lucha por una mejor distribución del ingreso no se dirige a lograr una mayor tajada del fruto del esfuerzo productivo, sino que se traslada a capturar la mayor parte de la renta petrolera. Su inversión social ha permitido compensar y encubrir una distribución regresiva del ingreso en el sector capitalista de la economía. Pero cuando el ingreso petrolero se derrumba, quedan al descubierto los potenciales conflictos distributivos entre capital y trabajo. En condiciones de restricciones económicas, es muy probable que se intensifiquen los conflictos obrero-patronales a través de reclamos, marchas, paros y huelgas para lograr una mejor distribución del ingreso generado al calor de su esfuerzo productivo. Y la rivalidad en la distribución del ingreso puede hacerse más cruenta si los precios del petróleo muestran un comportamiento errático y la economía no se reactiva y crece de manera estable y sostenida.

Lo que queremos dejar claro es que la mejora de los indicadores sociales tiene como fuente de financiamiento la inversión social de la renta petrolera y no los ingresos fiscales procedentes de los impuestos que pagan los sectores más ricos para ser redistribuidos a favor de los más pobres. No son los ricos los que financian con sus impuestos las Misiones Sociales del Gobierno Bolivariano sino que esto se hace a través de la renta petrolera, cuya inversión en alimentación, educación, salud, capacitación técnica, etc. contribuyó a desactivar la bomba de tiempo social que tanto preocupaba al capital y a crear mejores condiciones para la acumulación y valorización de la inversión privada, sin la amenaza de cruentos conflictos por parte de los trabajadores para lograr una distribución favorable del ingreso generado en los procesos productivos. Gracias a la inversión social de la renta petrolera, el capital encontró una fuerza de trabajo con mayor grado de instrucción, calificación y servicios gratuitos de educación y salud que estiran el salario real y reducen o postergan la presión de los trabajadores sobre sus patronos para lograr mayores aumentos salariales y beneficios laborales.

La política económica bolivariana reactivó la economía: lo que importa ahora es transformarla

Mientras el PIB estuvo creciendo, cada vez que el BCV publicaba su informe, se celebraba el acierto de la política económica y la fortaleza de la economía venezolana. Nunca se reparó en la naturaleza y calidad de ese crecimiento, razón por la cual se mantuvo la inercia de otorgar los incentivos públicos, sin aplicar ningún principio de reciprocidad a los beneficiarios. Pero al tomar conciencia de que gracias a estos generosos incentivos lo que más estaba creciendo era la economía capitalista y que la estructura del PIB se estaba tornando de mala calidad -con un creciente peso del comercio importador y los servicios financieros especulativos y de alto riesgo-, la respuesta a la recesión en la que ha entrado la economía venezolana ha sido la de afirmar y celebrar que lo que está cayendo es la economía capitalista, sin hacer nada para reactivarla. Pero en ninguna de estas celebraciones se han medido bien las consecuencias.

Ahora que la economía venezolana muestra nuevos signos de recuperación, hay que estimular el crecimiento y desarrollo de la economía social. Solo cuando el peso de esta última represente el 50 % o más del PIB total, podremos decir que se ha comenzado la transición hacia una nueva economía socialista en la que el trabajador asalariado se libere de la explotación del capital. Pero mientras el sector mercantil siga teniendo un peso mayoritario, la esencia del modelo productivo seguirá siendo capitalista, los trabajadores permanecerán explotados por el capital y se mantendrán y reproducirán las causas estructurales que generan desempleo, pobreza, desigualdad y exclusión social.

En adelante, no solamente hay que reactivar la economía, lo más importante es transformarla y así evitar la reedición de la experiencia vivida entre los años 2004-2009, cuando buena parte de los incentivos de política pública se destinaron a reanimar el aparato productivo existente, conformado mayoritariamente por empresas mercantiles con fines de lucro. Más que reactivar la economía que esencialmente sigue siendo una economía capitalista y aún pesa el 70% del PIB, la prioridad del Gobierno Bolivariano debe ser impulsar el crecimiento y desarrollo de una nueva economía social, popular y solidaria, en manos de los trabajadores directos y de la comunidad. Por eso, las ayudas públicas deben reorientarse para hacer posible un mayor crecimiento de la economía social. Igualmente, hay que cambiar su estructura sectorial para tener un PIB de mayor calidad y sustentabilidad que asegure la soberanía productiva del país. La agricultura apenas aporta el 5 % del PIB, cuando debería estar en al menos 12 %, si se quieren lograr los objetivos de seguridad y soberanía alimentaria; la industria apenas aporta el 15,28 % del PIB, cuando los estándares internacionales concuerdan que la manufactura debería contribuir al menos con el 20 del PIB para considerar que un país se ha industrializado y logrado su soberanía productiva.

La reactivación de la economía es un proceso que debe estar sincronizado con su transformación estructural. Pero esto no será consecuencia del libre juego de la oferta y la demanda. No será la mano invisible del mercado la que guíe este proceso llamado a sustituir el orden viejo, explotador del ser humano y depredador de la naturaleza, por un nuevo orden capaz de erradicar las causas estructurales del desempleo, la pobreza y la exclusión social. Se requiere una sabia y oportuna intervención de los poderes públicos. De allí la necesidad de reorientar a favor de la economía social los incentivos arancelarios, fiscales, financieros, cambiarios, compras gubernamentales, suministro de materias primas, capacitación de la fuerza de trabajo, asistencia técnica, etc. que hasta ahora han sido aprovechados fundamentalmente por la vieja economía capitalista que reproduce la explotación del ser humano, la depredación del ambiente y la degradación de los valores éticos y morales.

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