Condenado a 13 años general por masacre de Yumare
.Prensa Yvke Mundial/Agencias
La investigación del caso se inició luego que el Tribunal 6° de Control admitió la querella interpuesta por familiares de las víctimas/ Foto: Archivo Noticias y artículos sobre |
Ante la contundencia de la acusación presentada por el Ministerio Público, fue condenado a 13 años de prisión el general retirado del Ejército, Alexis Ramón Sánchez Paz, quien admitió su responsabilidad en la llamada Masacre de Yumare, ocurrida el 8 de mayo de 1986.
En la audiencia preliminar los fiscales 48° y 65° nacional, y 14° de la jurisdicción, Zair Mundaray, María Teresa Cortés y Miguel Ángel Gómez, respectivamente, ratificaron la acusación contra el general por concurso real en el delito de homicidio calificado cometido con alevosía y motivos innobles en grado de complicidad correspectiva.
Sánchez Paz admitió su participación en el hecho, motivo por el cual el Tribunal 6° de Control de Yaracuy dictó la sentencia condenatoria.
Adicionalmente, la instancia judicial acordó el arresto domiciliario de Sánchez Paz, quien cumplirá la medida en su residencia ubicada en el estado Aragua. Corresponderá a un tribunal de ejecución determinar el lugar de cumplimiento de la pena.
Durante la denominada Masacre de Yumare, ocurrida en el caserío La Vaca, sector Barlovento de Yaracuy, fallecieron Luís Guzmán, José Silva, Ronald Morao Salgado, Dilia Rojas, Simón Romero Madrid, Pedro Jiménez García, Rafael Quevedo, Nelson Martín Castellanos y Alfredo Caicedo.
Se debe recordar que la investigación del caso se inició luego que el Tribunal 6° de Control de la mencionada jurisdicción admitió la querella interpuesta por los familiares de las víctimas, en junio de 2006.
La acusación contra el general Sánchez Paz, quien era coronel para el momento de los hechos y director de la Escuela del Comando de Operaciones del Ejército, se presentó en agosto de 2009. En esa oportunidad también fueron acusados los ex funcionarios de la extinta Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip): Oswaldo Ramos, Eugenio Creassola, Freddy Grangger, William Prado, Raúl Fernández, Adán Quero y Hernán Vega.
En junio de ese mismo año, el Ministerio Público también acusó al comisario jubilado de la Disip, Henry Rafael López Sisco, al tiempo que se pidió iniciar el proceso de extradición, solicitud que fue acordada posteriormente por el Tribunal Supremo de Justicia.
En la audiencia preliminar los fiscales 48° y 65° nacional, y 14° de la jurisdicción, Zair Mundaray, María Teresa Cortés y Miguel Ángel Gómez, respectivamente, ratificaron la acusación contra el general por concurso real en el delito de homicidio calificado cometido con alevosía y motivos innobles en grado de complicidad correspectiva.
Sánchez Paz admitió su participación en el hecho, motivo por el cual el Tribunal 6° de Control de Yaracuy dictó la sentencia condenatoria.
Adicionalmente, la instancia judicial acordó el arresto domiciliario de Sánchez Paz, quien cumplirá la medida en su residencia ubicada en el estado Aragua. Corresponderá a un tribunal de ejecución determinar el lugar de cumplimiento de la pena.
Durante la denominada Masacre de Yumare, ocurrida en el caserío La Vaca, sector Barlovento de Yaracuy, fallecieron Luís Guzmán, José Silva, Ronald Morao Salgado, Dilia Rojas, Simón Romero Madrid, Pedro Jiménez García, Rafael Quevedo, Nelson Martín Castellanos y Alfredo Caicedo.
Se debe recordar que la investigación del caso se inició luego que el Tribunal 6° de Control de la mencionada jurisdicción admitió la querella interpuesta por los familiares de las víctimas, en junio de 2006.
La acusación contra el general Sánchez Paz, quien era coronel para el momento de los hechos y director de la Escuela del Comando de Operaciones del Ejército, se presentó en agosto de 2009. En esa oportunidad también fueron acusados los ex funcionarios de la extinta Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip): Oswaldo Ramos, Eugenio Creassola, Freddy Grangger, William Prado, Raúl Fernández, Adán Quero y Hernán Vega.
En junio de ese mismo año, el Ministerio Público también acusó al comisario jubilado de la Disip, Henry Rafael López Sisco, al tiempo que se pidió iniciar el proceso de extradición, solicitud que fue acordada posteriormente por el Tribunal Supremo de Justicia.
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