El Estado comunal
Con la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se inicia un proceso de transformación política, que abarca todos los ámbitos estructurales para la transformación del país desde un capitalismo dependiente hacia un socialismo de contenidos socioeconómicos y geopolíticos innovadores, denominado genéricamente Socialismo del siglo XXI. Este proceso transformador tiene como directrices fundamentales cuatro principios básicos:
Desarrollo sustentable: entendido como el proceso de cambios necesarios en torno al equilibrio que debería producirse para garantizar una condición ecológico-natural, una eficiencia productiva y un beneficio social colectivo.
Desarrollo endógeno y diversificación de la economía: estrategia principal para superar las debilidades que en el ámbito socioeconómico han caracterizado el desarrollo del país, como dependencia, exclusión, altos niveles de pobreza, desempleo, distribución desigual del ingreso, desequilibrios territoriales, entre otros.
Participación ciudadana: enfocada como un derecho y un deber, que además de profundizar la democracia, permita la interacción entre el Estado y la sociedad, con el fin de mejorar la planificación, viabilidad, y efectividad de las políticas públicas que permitan la satisfacción de las demandas sociales de manera adecuada y oportuna; pero a través del poder popular, para desarrollar el principio de responsabilidad como un derecho ciudadano, ejercido en la gestión de las políticas públicas y en el ámbito de la territorialidad comunal.
Adecuación funcional de la ocupación del territorio: como mecanismo principal para alcanzar los objetivos planteados dentro del equilibrio territorial, mediante la estrategia de descentralización desconcentrada.
Estas directrices se convierten, entonces, en el fundamento de la seguridad de la ación y desarrollo integral del país, siendo la gestión de las políticas públicas el principal instrumento de acción para lograr los objetivos propuestos en los Cinco Equilibrios, el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social Simón Bolívar, y más recientemente en el Plan de la Patria.
En esta tercera etapa de la revolución, el diseño de las políticas públicas debe estar enmarcado dentro de un conjunto de acciones –Gobierno de Calle–, como instrumento principal para reordenar el territorio en función de la estrategia de desarrollo, la geopolítica interna y la nueva geometría del poder.
Por lo tanto, un desarrollo cónsono con tales preceptos requiere de una nueva institucionalidad, pues la construcción de un espacio geográfico socialista exige modalidades diferentes de gestión de políticas públicas, donde tengan expresión directa los actores sociales organizados y cohesionados en torno a unidades territoriales equivalentes a sus competencias, y a jurisdicciones inherentes a una territorialidad reconocida por la apropiación y el asentamiento mismo de la población en lugares que generen sentimientos de pertenencia e identidad geográfica; pero que además, expresen el contenido político del modelo socioeconómico legitimado por el Estado: el Socialismo del siglo XXI.
Este proceso de construcción del poder comunal debe estar dirigido a diversificar la economía para alcanzar un crecimiento sostenido y el desarrollo endógeno, el fortalecimiento de la economía social, la sostenibilidad fiscal, ahorro y la inversión, para la construcción de una sociedad equitativa, justa y próspera considerando las actividades productivas de acuerdo a la vocación y potencial propios de cada región; pero al mismo tiempo bajo el principio de la socialización de la función pública, es decir, el autogobierno ejercido en cada comuna por los ciudadanos que la conforman, a través de sus órganos naturales: las asambleas de ciudadanos y los parlamentos comunales.
La nueva institucionalidad, como una respuesta social, económica y política a los cambios revolucionarios, implica la expresión territorial de las instituciones en los siguientes ámbitos:
- Ejes de desarrollo territorial: proyectos estructurantes;
- Regional: regiones funcionales y autoridades regionales;
- Corredores estratégicos de desarrollo: distritos motores de desarrollo;
- Unidades sociopolíticas de gestión de políticas públicas: comunas;
- La consolidación de un aparato político, articulado geográficamente como respuesta en los escenarios electorales, pero permanente para el accionar político en el desarrollo de la estrategia perfecta y la construcción del Estado Comunal, teniendo como actor principal al PSUV.
La propuesta del Comandante Presidente de la República Hugo Chávez Frías, redunda entonces en transformar una visión divisionista, parcelada y concentrada del poder del Estado consolidada por la reforma del Estado de los años 80, formulada por la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (Copre), para promover nuevas formas institucionales sobre la base de la participación ciudadana, por ende más desagregada y descentralizada, pero orgánica, coherente y eficiente.
El nuevo proceso sociopolítico nacional iniciado con la revolución bolivariana y socialista redimensiona la geometría del poder bajo el criterio de la socialización de la función pública, es decir, el poder del pueblo organizado en poder comunal, un modelo de desarrollo sustentable, endógeno, participativo y soberano, orgánico, expresado en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación y una gestión de gobierno coherente y articulada: un solo Gobierno.
La nueva geometría del poder se traduce entonces en:
- La conformación del territorio desde la nueva perspectiva política y estratégica de la seguridad de la nación.
- Nuevas instancias de gestión de gobierno, de gestión del desarrollo y de gestión de las políticas públicas.
- Desagregación del Poder Estado bajo la figura de nuevas instituciones:
- Los estados y municipios como instancias de gestión política.
- Los ejes de desarrollo territorial, las regiones estratégicas, los corredores-distritos motores de desarrollo, como instancias de gestión estratégica y geopolítica del desarrollo.
- Las comunas y consejos comunales, como instancias de gestión de políticas públicas, donde destaca la participación ciudadana organizada en el poder comunal: los consejos comunales como el núcleo social de base y las comunas como la socialización de la función pública, es decir, el autogobierno o la socialización del Estado.
Esto conlleva a una visión integral del país como una unidad política orgánica, coherente, que promueve un solo proyecto de desarrollo articulado en todas sus expresiones geográficas, físico naturales y culturales, bajo líneas estratégicas de gestión equivalentes en lo que significa la acción de gobierno, la inversión pública y privada, desagregada en grandes regiones de desarrollo definidas por sus ventajas comparativas y su potencialidades bajo la figura de las Regiones Estratégicas de Defensa y Desarrollo Integral (REDI): instancias de gestión geopolítica, bajo la figura de las autoridades regionales, designadas por el Presidente de la República, por cuanto son instancias del Ejecutivo.
Esta visión regional tiene antecedentes en Venezuela en lo que fueron las Regiones y Corporaciones de Desarrollo, sólo que dentro del proyecto bolivariano y la propuesta del Presidente de la República, son instancias que, a diferencia de esa visión desarticulada de regiones que sólo promovían opciones regionales individuales bajo la conducción de instancias de planificación articuladas hacia fuera, buscan integrar orgánicamente en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, esas potencialidades regionales que redundan en desarrollo endógeno y en la construcción de cadenas productivas complementarias, capaces de abastecer la demanda interna y generar excedentes intercambiables dentro de la política de integración regional latinoamericana promovida por la República Bolivariana de Venezuela: Alba, Petrocaribe, Unasur, Mercosur, Celac.
que en cada sitio, con todos sus atributos y sus potencialidades, los lugareños puedan tener la posibilidad de materializar lo que son las políticas públicas en una relación de complementariedades de un sitio con otro
Se trata pues de articular coherentemente, de manera orgánica, la ordenación del territorio nacional. Que las diferentes desagregaciones en las escalas nacional, regional, estadal, municipal y local, se articulen en una sola visión estratégica del país, de los cambios que se están promoviendo para darle otra orientación a los procesos productivos, al bienestar social y la nueva geopolítica interna y externa.
Bajo esos principios estratégicos que norman la posibilidad de articular el país y esas potencialidades territoriales, se busca socializar el territorio. Y cuando decimos socializar el territorio es, justamente, que la sociedad venezolana, que el Estado, que la acción de gobierno actúe sobre esa visión valorativa que podemos tener de nuestro territorio y sus potencialidades. Valoraciones de carácter ecológico, de carácter sociocultural, de carácter económico y de carácter geopolítico. Ese reconocimiento a la gama de valores que tiene el territorio nacional: recursos estratégicos de alta importancia y patrimonios de una gran variabilidad en todo el ámbito nacional.
Al mismo tiempo se trata de territorializar las políticas públicas; que en cada sitio, con todos sus atributos y sus potencialidades, los lugareños puedan tener la posibilidad de materializar lo que son las políticas públicas en una relación de complementariedades de un sitio con otro, de un estado con otro, de una región con otra, para articular entonces el proyecto nacional. Relaciones de complementariedad que entienden que el territorio es una red social, es una red de complementariedades económicas, ecológicas, políticas y geopolíticas.
Esto traduce la dimensión geopolítica de lo que es esta estrategia para la ordenación del territorio y para la organización del espacio geográfico; estrategia política que tiene como objetivo primordial la construcción de una nueva institucionalidad en los espacios que corresponden a la ciudadanía, a las instancias públicas, a los organismos competentes y una nueva institucionalidad que, por supuesto, va a tener como base el ejercicio pleno del poder comunal, ahora en los espacios ciudadanos de participación directa en la toma de decisiones que tienen que ver con el bienestar social y con el desarrollo nacional.
Así pues, el desarrollo económico y social no debe verse separado de su concreción territorial, máxime cuando éste se sustenta en un proyecto político cuyos preceptos constitucionales son el desarrollo sustentable, los derechos ambientales y la participación ciudadana. La vida de las personas y las actividades productivas tienen un fuerte anclaje en el territorio, por ser éste la fuente de recursos y de bienestar social.
Por lo tanto, un desarrollo cónsono con tales preceptos requiere de un Plan de Desarrollo en estricta sintonía con el Plan de Ordenación del Territorio, pero al mismo tiempo con una nueva institucionalidad, pues la construcción de un espacio geográfico socialista exige modalidades diferentes de gestión de las políticas públicas, donde tengan expresión directa los actores sociales organizados y cohesionados en torno a unidades territoriales equivalentes a sus competencias, y a jurisdicciones inherentes a una territorialidad reconocida por la apropiación y el asentamiento mismo de la población.
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