“Y Uribe a la cárcel, ¿cuándo?” JORGE GOMEZ PINILLA
JORGE GOMEZ PINILLA / EL ESPECTADOR – El título de esta columna resume ese sentir, y por eso va entre comillas: porque no lo digo yo, es un interrogante que se convirtió en tendencia, y basta con buscar en Twitter por “Uribe a la cárcel” para que se confirme la validez del enunciado. O como dijo Aceneth en su cuenta @periodista19: “Si Corte dice que Uribe ordenó a Pretelt y Palacio ofrecer prebendas para asegurar su reelección, ¿qué esperan para meterlo a la cárcel?”
La periodista no se equivoca, pues la Corte Suprema en efecto hizo extensiva la culpa al jefe de los condenados cuando así sentenció: “Siguiendo instrucciones del entonces presidente Álvaro Uribe, el exsecretario general de la Presidencia y los exministros de Protección Social y del Interior dispusieron del poder que les conferían sus altos cargos para pagar con una serie de nombramientos el voto favorable de Yidis Medina y la ausencia de Teodolindo Avendaño”. Así las cosas, si la máxima autoridad jurídica de la nación lo señala de ser quien instruyó a sus subalternos para la comisión de esos delitos, la pregunta es de Perogrullo: ¿por qué no han ido por él?
En busca de una respuesta, se debe anotar que en su condición de expresidente ‘disfruta’ de un fuero que lo blinda de ser juzgado por los tribunales ordinarios de justicia y descarga la responsabilidad en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, de carácter netamente político, a la que con justa razón llaman de ‘Absoluciones’.
Un nuevo interrogante abriría una rendija a la esperanza, y es éste: ¿si la Comisión de Acusación está a punto de desaparecer en manos de la reforma al Equilibrio de Poderes, que creó un Tribunal de Aforados y cuya composición está por definirse, podría dicho Tribunal juzgarlo? Todo indica que no, pues a los que hoy son investigados por la Comisión no se les puede cambiar el juez en forma retroactiva, debido a lo que se conoce como el “principio de juez natural”: nadie puede ser juzgado por un tribunal creado ex post facto. O sea que habría que crear un régimen de transición que permitiera juzgarlo con base en la juridicidad anterior, manteniendo una instancia de naturaleza política que lo investigara y eventualmente le formulara una acusación ante el Senado, en cuyo único caso –si le retiran la inmunidad al ser declarado “indigno”- quedaría a disposición de la Corte Suprema para ser juzgado. En otras palabras, misión casi imposible.
Y en cuanto a que fuera la Corte Penal Internacional (CPI) la que actuara ante la inoperancia de la justicia colombiana, la posibilidad es aún más remota: si está demorada para intervenir en países como Irak, Afganistán, Libia, Siria o Kenia, más se demorará para hacerlo en Colombia, donde en apariencia habría un equilibrio de poderes. Y si a lo anterior le sumamos la propuesta de César Gaviria de Justicia transicional para todos, apague y vámonos: Uribe morirá impune (e inmune).
Esto significa que no será posible probar si supo en detalle de lo que bajo la mirada complaciente de altos oficiales del Ejército se conoció como los ‘falsos positivos’, consistentes en la ejecución extrajudicial de más de 4.000 personas para hacerlas pasar por guerrilleros caídos en combate, y a cuyos autores el exmandatario sigue llamando “héroes de la patria” y “perseguidos por la Fiscalía”. O si sabía a qué se dedicaban sus dos consecutivos jefes de Seguridad en la Presidencia, generales Mauricio Santoyo y Flavio Buitrago, antes de que se descubriera el extenso prontuario delincuencial de ambos.
Tampoco será posible dilucidar si instruyó o no a Jorge Noguera para poner el DAS al servicio de los grupos paramilitares de la costa Caribe, o si aprobó el asesinato del profesor Alfredo Correa D’Andreis (ordenado por Noguera), o si sabía que su primo Mario Uribe andaba de ‘uña y mugre’ con los paracos de Córdoba.
Sea como fuere, la Corte acaba de sentar un drástico precedente cuando lo señala de haber dado las “instrucciones” para “pagar” los votos que le dieron vía libre a su reelección, con lo cual aparece nítida la ilegitimidad de su segundo período y entramos en un nuevo embrollo jurídico: tratándose de un hecho cumplido, ¿sería viable al menos presentar recurso de tutela para que la Corte Constitucional le ordene devolver los cuatros años de sueldo devengado en forma ilegal?
La Silla Vacía mostró una infografía donde se evidencia que de las 30 personas más cercanas al círculo de poder de Uribe cuando era Presidente, 10 tienen investigaciones serias o juicios en proceso, nueve fueron condenados penalmente, uno tiene fuertes sanciones disciplinarias pero ninguna investigación penal y solo 10 (o sea una minoritaria tercera parte) no afronta una situación jurídica comprometida.
Esto debería encender las alarmas, pero lo que se aprecia es que los más grandes medios de comunicación caen en la irresponsable y cómplice propensión a reproducir cuanta barbaridad se le ocurre espetar frente a un micrófono o desde su incendiaria cuenta de Twitter. ¿Qué más pruebas necesitan esos medios de la “empresa criminal” (expresión de la Corte) conformada si no por Uribe al menos en sus narices, que la cantidad de gente que está siendo juzgada/investigada o que arrastró hasta la cárcel en su propósito de eternizarse en el poder, a costa de la libertad para esos colaboradores y de la tranquilidad para las familias de estos?
Claudia López dijo en un trino que “El que debería estar respondiendo en la cárcel por chuzadas, corrupción, falsos positivos es Uribe. Lo amparan su cobardía y fuero de impunidad”. Si tan grave acusación no fuera cierta (lo acusa de criminal, nada menos), la senadora se vería expuesta a ser juzgada por injuria y podría terminar ella en la cárcel. Pero no pasa nada, quizá porque el país asume como verdad tácita esa condición criminal. Ahora bien, Uribe mira hacia otro lado (¿se han fijado que nunca le responde a Claudia?) y sigue siendo un tipo muy importante…
Algo huele a podrido de aquí hasta Dinamarca cuando a alguien lo acompañan desde avezados criminales hasta obsecuentes lacayos y sobre él recaen las peores acusaciones por diversos procederes delictivos, pero recibe el beneplácito de los mismos medios que utiliza como idiotas útiles para la ejecución de sus maquia-bélicos planes de desestabilización, ahora con la devota colaboración del Procurador y sus obedientes huestes conservadoras, para mayor zozobra.
En busca de una respuesta, se debe anotar que en su condición de expresidente ‘disfruta’ de un fuero que lo blinda de ser juzgado por los tribunales ordinarios de justicia y descarga la responsabilidad en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, de carácter netamente político, a la que con justa razón llaman de ‘Absoluciones’.
Un nuevo interrogante abriría una rendija a la esperanza, y es éste: ¿si la Comisión de Acusación está a punto de desaparecer en manos de la reforma al Equilibrio de Poderes, que creó un Tribunal de Aforados y cuya composición está por definirse, podría dicho Tribunal juzgarlo? Todo indica que no, pues a los que hoy son investigados por la Comisión no se les puede cambiar el juez en forma retroactiva, debido a lo que se conoce como el “principio de juez natural”: nadie puede ser juzgado por un tribunal creado ex post facto. O sea que habría que crear un régimen de transición que permitiera juzgarlo con base en la juridicidad anterior, manteniendo una instancia de naturaleza política que lo investigara y eventualmente le formulara una acusación ante el Senado, en cuyo único caso –si le retiran la inmunidad al ser declarado “indigno”- quedaría a disposición de la Corte Suprema para ser juzgado. En otras palabras, misión casi imposible.
Y en cuanto a que fuera la Corte Penal Internacional (CPI) la que actuara ante la inoperancia de la justicia colombiana, la posibilidad es aún más remota: si está demorada para intervenir en países como Irak, Afganistán, Libia, Siria o Kenia, más se demorará para hacerlo en Colombia, donde en apariencia habría un equilibrio de poderes. Y si a lo anterior le sumamos la propuesta de César Gaviria de Justicia transicional para todos, apague y vámonos: Uribe morirá impune (e inmune).
Esto significa que no será posible probar si supo en detalle de lo que bajo la mirada complaciente de altos oficiales del Ejército se conoció como los ‘falsos positivos’, consistentes en la ejecución extrajudicial de más de 4.000 personas para hacerlas pasar por guerrilleros caídos en combate, y a cuyos autores el exmandatario sigue llamando “héroes de la patria” y “perseguidos por la Fiscalía”. O si sabía a qué se dedicaban sus dos consecutivos jefes de Seguridad en la Presidencia, generales Mauricio Santoyo y Flavio Buitrago, antes de que se descubriera el extenso prontuario delincuencial de ambos.
Tampoco será posible dilucidar si instruyó o no a Jorge Noguera para poner el DAS al servicio de los grupos paramilitares de la costa Caribe, o si aprobó el asesinato del profesor Alfredo Correa D’Andreis (ordenado por Noguera), o si sabía que su primo Mario Uribe andaba de ‘uña y mugre’ con los paracos de Córdoba.
Sea como fuere, la Corte acaba de sentar un drástico precedente cuando lo señala de haber dado las “instrucciones” para “pagar” los votos que le dieron vía libre a su reelección, con lo cual aparece nítida la ilegitimidad de su segundo período y entramos en un nuevo embrollo jurídico: tratándose de un hecho cumplido, ¿sería viable al menos presentar recurso de tutela para que la Corte Constitucional le ordene devolver los cuatros años de sueldo devengado en forma ilegal?
La Silla Vacía mostró una infografía donde se evidencia que de las 30 personas más cercanas al círculo de poder de Uribe cuando era Presidente, 10 tienen investigaciones serias o juicios en proceso, nueve fueron condenados penalmente, uno tiene fuertes sanciones disciplinarias pero ninguna investigación penal y solo 10 (o sea una minoritaria tercera parte) no afronta una situación jurídica comprometida.
Esto debería encender las alarmas, pero lo que se aprecia es que los más grandes medios de comunicación caen en la irresponsable y cómplice propensión a reproducir cuanta barbaridad se le ocurre espetar frente a un micrófono o desde su incendiaria cuenta de Twitter. ¿Qué más pruebas necesitan esos medios de la “empresa criminal” (expresión de la Corte) conformada si no por Uribe al menos en sus narices, que la cantidad de gente que está siendo juzgada/investigada o que arrastró hasta la cárcel en su propósito de eternizarse en el poder, a costa de la libertad para esos colaboradores y de la tranquilidad para las familias de estos?
Claudia López dijo en un trino que “El que debería estar respondiendo en la cárcel por chuzadas, corrupción, falsos positivos es Uribe. Lo amparan su cobardía y fuero de impunidad”. Si tan grave acusación no fuera cierta (lo acusa de criminal, nada menos), la senadora se vería expuesta a ser juzgada por injuria y podría terminar ella en la cárcel. Pero no pasa nada, quizá porque el país asume como verdad tácita esa condición criminal. Ahora bien, Uribe mira hacia otro lado (¿se han fijado que nunca le responde a Claudia?) y sigue siendo un tipo muy importante…
Algo huele a podrido de aquí hasta Dinamarca cuando a alguien lo acompañan desde avezados criminales hasta obsecuentes lacayos y sobre él recaen las peores acusaciones por diversos procederes delictivos, pero recibe el beneplácito de los mismos medios que utiliza como idiotas útiles para la ejecución de sus maquia-bélicos planes de desestabilización, ahora con la devota colaboración del Procurador y sus obedientes huestes conservadoras, para mayor zozobra.
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