LA PAZ DE COLOMBIA: NI COYUNTURAL NI DE GUERREROS
Por: Corriente Bolivariana Guevarista
Hemos seguido desde el año pasado el tema del proceso de paz en Colombia y el diálogo Gobierno-FARC-EP y, a nuestro juicio, ha dado el primer fruto positivo.
Una agenda agraria que genera expectativas reales no solo para los colombianos, sino para América toda que, al igual que Venezuela, piensa que la paz de Colombia es la paz de la región, como lo llegó a afirmar el comandante Chávez en alusión al conflicto bélico de más de medio siglo en Colombia.
Si bien el diálogo entre el Gobierno de Santos y las FARC-EP no garantizan un proceso de paz integral, desde Venezuela lo vemos como un paso decisivo y necesario. No lo garantizan porque no es una firma de un contrato de adhesión como si de una transacción comercial se tratase.
Las experiencias de diálogo gestados en países como Guatemala, País Vasco y España, El Salvador o Filipinas demuestran que los guerreros (Estado y guerrilla), solos, sin la participación de la sociedad, organizaciones sociales, víctimas, desplazados, organismos y especialistas internacionales, no pueden resolver un conflicto que afecta, sobre todo, a los sectores más desposeídos.
Creemos entonces que es pertinente que los diálogos de paz en Colombia deben extralimitar a los protagonistas: Gobierno y FARC. Enriquecerlo con la participación de la insurgencia toda (FARC, EPL y ELN), el Estado y los movimientos sociales.
Además del trabajo social y político por la vía democrática, participativa y protagónica, el acompañamiento internacional, de instituciones comprometidas con la paz e individualidades con experiencia en negociaciones de este nivel, también es indispensable para garantizar la participación de los actores antes nombrados y el seguimiento de los acuerdos y agendas que se establezcan de común acuerdo.
Se han venido gestando procesos sociales en este sentido, como el Congreso para la Paz celebrado en abril pasado en Bogotá, en el cual participaron organizaciones de Colombia, Venezuela, individualidades e instituciones de Centro América, Sur América, Europa y África.
De estas experiencias recientes se pueden crear veedurías y grupos acompañamientos integrados por países miembros de Unasur, CELAC o ALBA, u otras, organizaciones sociales de América Latina, pueden coadyuvar para solucionar el conflicto.
Con esto queremos echar por tierra la tesis de Santos quien ha afirmado que el conflicto solo lo solucionarán los colombianos. Bien lo advertía un grupo de intelectuales de América Latina que en marzo pasado suscribió un escrito con la siguiente recomendación: “En los últimos meses el gobierno colombiano repite que el conflicto sólo concierne a los colombianos. Pero resulta fácil comprobar, observando la geopolítica, que esto no es así, pues por múltiples razones ya incumbe a la región y al continente”.
El acuerdo agrario
Para Colombia sucede lo mismo que para el resto de América del Sur: todas las constituciones de nuestros países, al menos de los miembros de Unasur, reconocen que los recursos naturales que subyacen en sus suelos forman parte del patrimonio de la República, de la Nación, del pueblo, no de los gobiernos.
Es decir, las decisiones de los que conducen el Estado hacia políticas minero extractivas de corte neoliberal, como el caso de Colombia o Chile, dan al traste con la realidad jurídica de nuestros países.
Colombia, por ejemplo, a pesar de tener una constitución reciente, aprobada hace 22 años, lejos de garantizar derechos a todos los colombianos, lo que hizo fue condenarlos al papel ya que desde la aprobación de esta carta magna las políticas económicas neoliberales se incrementaron: privatizaron los servicios públicos (salud, educación); entregaron las tierras a las transnacionales, y esto último estuvo íntimamente relacionado con las masacres y desplazamiento de 6 millones de personas aproximadamente de un volumen de entre 6 y 7 millones de hectáreas.
Sin desmeritar lo acordado por las FARC y el Gobierno colombiano es necesaria una figura jurídica y política que garantice el territorio y la territorialidad para los campesinos, el retorno de los casi 6 millones de desplazados, y una reforma tributaria para gravar con impuestos altos a los grandes propietarios de la tierra.
La relación existente entre el conflicto y el proceso de concentración de la tierra es evidente cuando observamos el mapa del despojo y el desarrollo de los megaproyectos mineros. En detalle la investigadora Ana María Ibáñez señala, en el Atlas de la distribución de la propiedad rural en Colombia 2000-2009, que durante este periodo los departamentos con mayor concentración de la tierra coinciden con los más afectados por el desplazamiento” a favor del desarrollo de proyectos minero extractivos.
En la década de 1990 existían en Colombia 467 mil hectáreas entregadas con títulos mineros, como indica otro investigador, Guillermo Rudas. Pero en los dos periodos de Álvaro Uribe Vélez se concesionaron 7 millones 402 mil hectáreas para la explotación minera.
En el estudio Colombia rural, razones para la esperanza” del Programa para el Desarrollo de la ONU (PNUD) se señala que 52% de la gran propiedad está en manos de 1,15% de la población.
Y el tema de la democratización de la tierra, y el manejo de los recursos donde prive el interés de la nación, de los colombianos, no de las transnacionales, tiene que ver también con la lógica de explotación actual.
Por ello, necesariamente debe negarse la renovación de la concesión del Cerrejón, ni permitirse la de la mina de Cañaverales (municipio San Juan Guajira) y suspender de los megaproyectos mineros de Santurbán (Santander y Norte de Santander) y el Catatumbo.
Propuestas
La Corriente Bolivariana Guevarista, que participó con una delegación de 46 personas en el Congreso para la Paz de Colombia (en abril), ha insistido en la solución integral del conflicto colombiano. Por ello replanteamos nuestras propuestas.
- El proceso de diálogo debe finalizar con la liquidación del narcoparamilitarismo en Colombia y la suspensión de las bases militares, plantear reforma agraria integral y política pública integral para el retorno de más de 6 millones de desplazados.
- También se debe establecer una comisión de la verdad y de reparación de víctimas para establecer responsabilidades y hacer justicia a los que han sufrido en mayor medida este conflicto: El pueblo.
- El Estado debe buscar a las víctimas, identificarlas, asumir el tema como un deber y partir de que el conflicto no comenzó en la década de 1980 ni con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, sino que es histórico, social, económico, con raíces coloniales. Como decía el conservador Álvaro Leyva: “El incendio (en Colombia) no comenzó con las FARC”, ni el ELN, agregaríamos nosotros.
Lo coyuntural de las negociaciones no garantizará nada. Debe convertirse en una política de Estado y no en una coyuntura que fácilmente puede quedar en el pasado si otro gobierno asume las riendas de Colombia con propósitos distintos a los surgidos desde el año pasado hasta hoy.
Ya vemos los resultados de una condena abortada en contra del dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt. La experiencia siempre es sabia, y más si es de hermanos cercanos.
- En cuanto al narcotráfico sería oportuno discutir sobre la legalización de la droga porque con ello se cortaría el financiamiento de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA), del paramilitarismo y de la nueva clase política y económica colombiana (narcopolítica). La droga, con fines científicos y medicinales le daría un vuelco a la economía colombiana y a sus habitantes.
- Como el conflicto ha ocasionado desplazamientos hacia los estados fronterizos con Venezuela sería pertinente la consecución de planes especiales de inversión en estas regiones, como opción real y efectiva desde el punto de vista social y económico.
Corriente Bolivariana Guevarista CBG
29 de mayo de 2013
Twitter: @patriadiversa
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