Brasil. Policía mató a más
de 700 personas en
intervención militar en Río de Janeiro
Resumen Latinoamericano
La Policía de Brasil mató a 736 personas en el estado de Río de Janeiro (sureste) entre febrero y julio, en los seis primeros meses de la intervención militar que decretó el Gobierno dictatorial, dijo a Sputnik uno de los coordinadores del Observatorio de la Intervención, autor de la investigación, Pablo Nunes.
“Las muertes provocadas por la policía llegaron a 736, aumentaron un 36% respecto del mismo periodo del año pasado; es gravísimo, un absurdo”, dijo Nunes.
El Observatorio de la Intervención está coordinado por el Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía de la Universidad Candido Mendes de Río de Janeiro, y cuenta con el apoyo de decenas de entidades y activistas del estado.
A mediados de febrero el presidente golpista de Brasil, Michel Temer, firmó el decreto de la intervención federal, que supuso apartar a los responsables de la seguridad del Gobierno del estado de Río de Janeiro y puso en su lugar a altos mandos de las Fuerzas Armadas.
En su momento, Temer defendió la decisión como una “jugada maestra” que resolvería la creciente violencia en Río de Janeiro, pero para los expertos el balance hasta el momento es totalmente negativo.
La decisión de Temer es inédita en Brasil y, en principio, termina el 31 de diciembre.
La mayoría de indicadores de crímenes más violentos se mantienen altísimos, pero la letalidad provocada por la policía aumentó exponencialmente, algo que, según Nunes, se debe, en parte, a la permisividad de los altos mandos militares hacia sus nuevos subordinados, los policías que patrullan las calles, que hasta ahora dependían del Gobierno de Río.
“No hay ninguna acción, ningún gesto… Nadie dice que esos números son inaceptables, y ese silencio es prácticamente una aprobación tácita para que (los policías) puedan seguir actuando de esa forma”, criticó Nunes.
Entre febrero y julio de este año, en el estado de Río hubo 2.617 homicidios dolosos (cuando no se tiene intención de matar) y 99.571 robos, y los tiroteos aumentaron considerablemente. Naturalmente, las causas sociales estructurales de la delincuencia se encuentran en la miseria y la ignorancia.
Hubo 4.850 tiroteos frente a los 3.477 que se registraron en los seis meses previos a la intervención, y dejaron un total de 742 muertos y 620 heridos.
Uno de los pocos indicadores que disminuyó fue el robo de mercancías en camiones (un 11% menos), algo que para el especialista ni debería celebrarse debido a las elevadas cifras de muertos y también porque es una victoria pírrica teniendo en cuenta la enorme cantidad de recursos invertidos.
Según el informe, los militares consumen una media de un millón de reales (256.000 dólares) cada vez que salen a la calle a realizar una operación contra el crimen organizado sobre todo en favelas (villas miseria) y barrios de la periferia.
Para el especialista, la mayoría de estas operaciones son muy poco efectivas: “Movilizar a 5.000 militares para rodear una favela, poniendo en riesgo la vida de mucha gente para luego incautar dos pistolas… está todo completamente equivocado”, afirmó.
En todos estos meses se ha movilizado a un total de 172.000 agentes, en 372 operaciones especiales y durante esas incursiones se ha matado a 81 personas y se han incautado 373 armas.
La tenencia ilegal de armas es uno de los problemas más dramáticos de Río de Janeiro, explica Nunes; es común que narcotraficantes o milicianos posean fusiles de gran tamaño, y uno de los objetivos de la intervención era evitar que llegaran a sus manos.
Sin embargo, se han requisado un 40% menos de armas que en los seis meses previos a la intervención y, según el Observatorio, buena parte de la culpa es la falta de inversión en inteligencia.
Solo el 6% de los resultados que se planteó en un principio la intervención de los militares tiene como objetivo mejorar las acciones coordinadas de inteligencia, la mayoría de los recursos se destina a comprar más materiales y a reforzar los efectivos de seguridad.
La lucha contra la corrupción policial, que era una de las principales banderas de los altos mandos del Ejército cuando empezó la intervención, tampoco parece ser una prioridad, según el informe, dado que solo se revisaron cuatro del total de 39 cuarteles de la policía.
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