José Vicente Rangel: La policía no debe portar ningún tipo de arma de fuego en las manifestaciones pacificas
Editorial del programa en Televen “José Vicente hoy”: 01-03-2015
Sobre el caso Ledezma: independientemente de que se esté a favor o en contra del procedimiento empleado para detener a Antonio Ledezma, lo que sí es indiscutible es que éste optó por traspasar la raya amarilla con su provocación, con sus actitudes privadas y públicas, de abierto desafío al régimen constitucional. Privadas porque hay suficientes elementos que confirman la política subversiva con la que está comprometido el alcalde, incluso los contactos con efectivos militares que han informado al gobierno de esa actividad. En el ámbito público ha habido de parte de Ledezma reiteradas declaraciones en las que desconoce a los poderes públicos y a las autoridades electas democráticamente por el pueblo, destinadas a cuestionar la legitimidad del presidente Maduro, como es el caso del documento firmado por él, por Leopoldo López y María Corina Machado, planteando una transición al margen del ordenamiento Constitucional y donde se habla de un gobierno en fase terminal.
El sector radical de la oposición, conformado por los firmantes de ese documento, se ubicó definitivamente en un terreno abiertamente subversivo, con el propósito de desafiar las leyes y la constitución de la república. Sin duda se trata de un acto deliberado, inducido por los sectores de la ultraderecha que en Washington juegan duro la carta del derrocamiento de Maduro. Ante esta circunstancia, al gobierno venezolano no le quedaba otra alternativa que aceptar el desafío y adoptar medidas que demostrarán que está dispuesto a actuar con energía frente a la subversión, ante la peligrosa perspectiva de incurrir en omisión, lo cual sería fatal y estimularía la conjura.
Quizá el procedimiento empleado al detener a Ledezma no fue el más apropiado, y el gobierno a la hora de aplicar el poder de policía debe ser extremadamente cuidadoso y ajustado a la ley, ya que en este aspecto es que centra la crítica el sector opositor, exagerando los hechos ocurridos y difundiendo versiones sobre un supuesto atropello físico del detenido que no existió y que él reconoció en acta firmada luego de un examen médico.
Conclusión sobre este episodio: el gobierno demuestra que no está dispuesto a seguir tolerando actitudes subversivas encubiertas que sectores de oposición adelantan en forma descarada, y que de continuar su curso afectarían seriamente, no solo al gobierno constitucional sino al propio estado. De ahora en adelante esa oposición sabrá a qué atenerse, y a su vez el gobierno debe actuar estrictamente ajustado a la ley y al respeto a los derechos humanos en cualquier procedimiento que realice para dar respuesta a la subversión y al golpismo.
Segundo comentario: insólito e inaceptable el asesinato en San Cristobal del liceísta de 14 años kuivert Roa. Nada lo explica, y, aún más: nada lo justifica. La reacción del presidente Maduro ante el inefable acontecimiento se corresponde con su condición de presidente democrático, sensible ante cualquier violación de los derechos humanos. Esa actitud del jefe del estado debe plasmarse en una firme política encaminada a sanear a los organismos policiales y de seguridad.
Mientras eso ocurra hay que adoptar una decisión que definitivamente prohiba que los organismos policiales y de seguridad, todos, absolutamente todos, porten armas de fuego de cualquier tipo a la hora de preservar el orden público y encarar manifestaciones. Ni pistolas ni revólveres ni rifles, solo los escudos de protección de los agentes, bastones y gases lacrimógenos. Procedimientos como el que costó la vida al joven estudiante tachirense no se pueden repetir bajo ninguna circunstancia.
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