Quienes fuimos víctimas de los créditos indexados y cuotas balón para la compra de viviendas y vehículos, respectivamente; desde el año 2001 iniciamos una dura batalla en contra, de quizás, el imperio económico más poderoso que existía en Venezuela: la banca.
En efecto, nunca pensaron los banqueros que desde Barquisimeto, un grupo de ciudadanos organizados, deudores hipotecarios, serían los promotores de un juicio cuyas características sólo podemos compararla con la historia bíblica de "David contra Goliat". Los banqueros acostumbrados a nunca perder, se valieron de una ley oprobiosa aprobada por el extinto congreso, en donde un grupo de "diputados" (hasta ayer flamantes dirigentes de la desaparecida coordinadora democrática), permitió que a partir de 1996 se aplicarán en Venezuela los famosos "créditos mexicanos" o créditos indexados; cuya ideología capitalista estaba centrada en "ajustar" anualmente el precio de la vivienda de acuerdo con la inflación; lo que automáticamente permitía el aumento de las cuotas, so pretexto que los trabajadores también "recibíamos" incrementos salariales.
Los "afortunados" de tales créditos teníamos la "ventaja" que solamente pagaríamos cuotas de hasta el 30% de nuestros ingresos; pero jamás se nos dijo que la "diferencia" que no podía ser cancelada por el deudor hipotecario se recapitalizaba a favor de las instituciones financieras, y peor aún, los bancos podían cobrar intereses sobre intereses (anatocismo); lo cual era una práctica perversa que hacía impagable el crédito para la gran mayoría de los "beneficiados". En 1998, cuando miles de deudores no pudieron seguir pagando semejante exabrupto financiero, comenzaron las primeras ejecuciones; en donde la banca apoyada por "tribunales mercantiles", dejaron en la calle a familias enteras, incluyendo a niños y niñas, ocasionando con ello severos daños económicos, psicológicos y sociales. Era común, escuchar el reclamo de las personas que eran "ejecutadas financieramente", quienes inmediatamente eran tildadas de "mala paga" y colocadas en el mal llamado Sistema de Información Central de Riesgos (Sicri), lo cual anulaba a esta familia para que en el futuro pudiera optar a otro crédito, es decir, el "asesinato" económico de la familia; si es que algún día podría volver a recuperarse. Tácito es afirmar que jamás observamos alguna institución de la "sociedad civil" luchando por los derechos de estas familias.
Otro de los abusos de la banca fue "pasar" arbitrariamente a miles de familias quienes estaban calificadas en los niveles I y II del subsistema de ahorro habitacional al nivel III; con la finalidad, de poder cobrar tasas de libre mercado. De esta forma, una persona que solicitaba en el año 1999 un crédito, por unos 18 millones de bolívares, a la vuelta de 20 años debía haber pagado la suma de 5.000 millones de bolívares. Semejante barbarie fue analizada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual en enero de 2002, sentenció la ilegalidad de tales "créditos", que incluso eran otorgados en dólares. Sin embargo, los banqueros afectados, amparados en mafias judiciales y conociendo el trasfondo de la situación, intentaron con subterfugios jurídicos, retrasar lo que era perfectamente previsible: la extinción de estos créditos. Para ello, llegaron incluso a sumarse en el propio 2002 y 2003 a un paro desestabilizador, en virtud que el gobierno de turno "violaba los derechos de la libre empresa". Lo demás es conocido por todos.
Con la entrada en vigencia de la Ley de Protección a los Deudores Hipotecarios, no sólo se decreta "La muerte de los créditos indexados"; sino que los banqueros deben restituir los derechos violados a las personas que fueron injustamente embargadas y "echadas" de sus viviendas. Aún quedan vestigios de banqueros inconformes para quienes los millardos en ganancias que genera la banca en Venezuela son insuficientes. Ha llegado la hora que rindan cuentas a la justicia. Esperemos que la banca nunca más extorsione a la familia venezolana y, por el contrario, contribuya con el desarrollo de las familias como hecho social que
Por: Javier Antonio Vivas Santana .
Fecha de publicación: 12/02/05
En efecto, nunca pensaron los banqueros que desde Barquisimeto, un grupo de ciudadanos organizados, deudores hipotecarios, serían los promotores de un juicio cuyas características sólo podemos compararla con la historia bíblica de "David contra Goliat". Los banqueros acostumbrados a nunca perder, se valieron de una ley oprobiosa aprobada por el extinto congreso, en donde un grupo de "diputados" (hasta ayer flamantes dirigentes de la desaparecida coordinadora democrática), permitió que a partir de 1996 se aplicarán en Venezuela los famosos "créditos mexicanos" o créditos indexados; cuya ideología capitalista estaba centrada en "ajustar" anualmente el precio de la vivienda de acuerdo con la inflación; lo que automáticamente permitía el aumento de las cuotas, so pretexto que los trabajadores también "recibíamos" incrementos salariales.
Los "afortunados" de tales créditos teníamos la "ventaja" que solamente pagaríamos cuotas de hasta el 30% de nuestros ingresos; pero jamás se nos dijo que la "diferencia" que no podía ser cancelada por el deudor hipotecario se recapitalizaba a favor de las instituciones financieras, y peor aún, los bancos podían cobrar intereses sobre intereses (anatocismo); lo cual era una práctica perversa que hacía impagable el crédito para la gran mayoría de los "beneficiados". En 1998, cuando miles de deudores no pudieron seguir pagando semejante exabrupto financiero, comenzaron las primeras ejecuciones; en donde la banca apoyada por "tribunales mercantiles", dejaron en la calle a familias enteras, incluyendo a niños y niñas, ocasionando con ello severos daños económicos, psicológicos y sociales. Era común, escuchar el reclamo de las personas que eran "ejecutadas financieramente", quienes inmediatamente eran tildadas de "mala paga" y colocadas en el mal llamado Sistema de Información Central de Riesgos (Sicri), lo cual anulaba a esta familia para que en el futuro pudiera optar a otro crédito, es decir, el "asesinato" económico de la familia; si es que algún día podría volver a recuperarse. Tácito es afirmar que jamás observamos alguna institución de la "sociedad civil" luchando por los derechos de estas familias.
Otro de los abusos de la banca fue "pasar" arbitrariamente a miles de familias quienes estaban calificadas en los niveles I y II del subsistema de ahorro habitacional al nivel III; con la finalidad, de poder cobrar tasas de libre mercado. De esta forma, una persona que solicitaba en el año 1999 un crédito, por unos 18 millones de bolívares, a la vuelta de 20 años debía haber pagado la suma de 5.000 millones de bolívares. Semejante barbarie fue analizada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual en enero de 2002, sentenció la ilegalidad de tales "créditos", que incluso eran otorgados en dólares. Sin embargo, los banqueros afectados, amparados en mafias judiciales y conociendo el trasfondo de la situación, intentaron con subterfugios jurídicos, retrasar lo que era perfectamente previsible: la extinción de estos créditos. Para ello, llegaron incluso a sumarse en el propio 2002 y 2003 a un paro desestabilizador, en virtud que el gobierno de turno "violaba los derechos de la libre empresa". Lo demás es conocido por todos.
Con la entrada en vigencia de la Ley de Protección a los Deudores Hipotecarios, no sólo se decreta "La muerte de los créditos indexados"; sino que los banqueros deben restituir los derechos violados a las personas que fueron injustamente embargadas y "echadas" de sus viviendas. Aún quedan vestigios de banqueros inconformes para quienes los millardos en ganancias que genera la banca en Venezuela son insuficientes. Ha llegado la hora que rindan cuentas a la justicia. Esperemos que la banca nunca más extorsione a la familia venezolana y, por el contrario, contribuya con el desarrollo de las familias como hecho social que
Por: Javier Antonio Vivas Santana .
Fecha de publicación: 12/02/05
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