El Parlamento Europeo ha solicitado al Gobierno marroquí una investigación independiente sobre los sucesos del Sáhara, tanto en lo relativo al asalto al campamento de Agdaym Izik como a la represión de las protestas en El Aaiún.
El asalto al campamento de Agdaym Izik debe ser investigado, y por un organismo independiente además, puesto que, aunque Marruecos se apoye en su control de hecho sobre el territorio para manejar los asuntos saharauis como si fueran internos, lo cierto es que se trata de una controversia internacional.
Las manifestaciones masivas que orquesta Rabat, como la de ayer en Casablanca contra el supuesto odio del PP español a Marruecos, no deben servir de distracción del problema principal. El Gobierno de Rabat ha deteriorado su credibilidad al haber decretado un bloqueo informativo que sigue vigente, aunque se haya autorizado a algunos medios, y entre ellos este periódico, a enviar corresponsales a El Aaiún.
Tras el asalto al campamento, se multiplican los indicios de que los detenidos saharauis podrían estar siendo sometidos a malos tratos. También existen testimonios de que las fuerzas de seguridad marroquíes, apoyadas por civiles, han asaltado viviendas y comercios. La falta de transparencia con la que el Gobierno de Rabat está actuando juega en contra de sus intereses, puesto que concede credibilidad a esos indicios y a esos testimonios. Por esta razón la investigación solicitada por el Parlamento Europeo es aún más necesaria.
El papel decisivo que Marruecos desempeña en la estabilidad internacional no es un aval a cualquiera de las actuaciones que emprenda su Gobierno. Por el contrario, es un argumento adicional para que respete los derechos de las personas y la libertad de información. Hacer del Sáhara un escenario donde aplicar dobles raseros no resolverá el contencioso ni reducirá algunos de los riesgos en los que Marruecos está comprometido junto a Europa y el resto de la comunidad internacional.
Las manifestaciones masivas que orquesta Rabat, como la de ayer en Casablanca contra el supuesto odio del PP español a Marruecos, no deben servir de distracción del problema principal. El Gobierno de Rabat ha deteriorado su credibilidad al haber decretado un bloqueo informativo que sigue vigente, aunque se haya autorizado a algunos medios, y entre ellos este periódico, a enviar corresponsales a El Aaiún.
Tras el asalto al campamento, se multiplican los indicios de que los detenidos saharauis podrían estar siendo sometidos a malos tratos. También existen testimonios de que las fuerzas de seguridad marroquíes, apoyadas por civiles, han asaltado viviendas y comercios. La falta de transparencia con la que el Gobierno de Rabat está actuando juega en contra de sus intereses, puesto que concede credibilidad a esos indicios y a esos testimonios. Por esta razón la investigación solicitada por el Parlamento Europeo es aún más necesaria.
El papel decisivo que Marruecos desempeña en la estabilidad internacional no es un aval a cualquiera de las actuaciones que emprenda su Gobierno. Por el contrario, es un argumento adicional para que respete los derechos de las personas y la libertad de información. Hacer del Sáhara un escenario donde aplicar dobles raseros no resolverá el contencioso ni reducirá algunos de los riesgos en los que Marruecos está comprometido junto a Europa y el resto de la comunidad internacional.
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