Retrato urgente de la lucha de los estudiantes chilenos
(Mientras escribo este artículo, el 4 de agosto de 2011 a las 13:30 h., en todo Chile y en especial en Santiago, los estudiantes de secundaria son duramente reprimidos, cientos son detenidos, los gases lacrimógenos se respiran en todo el centro de la capital y el gobierno acaba de promulgar la prohibición de reunión de escolares en lugares públicos. Mientras estamos a un paso del Estado de Excepción, los jóvenes que llevan meses luchando por la educación pública, gratuita y estatal, son la vanguardia social y la expresión de un abierto ciclo de combate contra el mal gobierno y el Estado ultraliberal que reina en Chile desde la tiranía militar.)1. El contenido del Estado chileno corresponde al libreto ultraliberal establecido por las instituciones rectoras del capitalismo es su fase globalizada y de preeminencia financiera. Su programa es el de los intereses del capital transnacional y nativo, más allá de las disputas entre fracciones de la misma clase gran propietaria y sobre todo, por los lazos de dependencia histórica entre el capital criollo y los polos imperialistas.
Pero el Estado es una producto humano, resultado de la las relaciones de poder, de la lucha de clases. Por eso es un terreno en disputa. Tanto para el sometimiento de una clase sobre otra, como para el establecimiento de reformas progresivas o limitadas, o la transformación radical de sus cimientos y proyecto, la lucha de clases es movimiento vivo que impacta en el complejo estatal, en la economía y, por tanto, en la política.
El Estado no es un artefacto inmóvil de relaciones sociales fatales. El Estado es un organismo ampliado que tiene poros frágiles y custodios blindados. Y a más lucha social más oportunidades de provocar cambios en su comportamiento. Asimismo, el largo reflujo del movimiento popular en Chile revierte con más o menos celeridad su conducta.
Naturalmente que los estudiantes por sí solos no realizan las sublevaciones populares victoriosas. Sin el concurso protagónico del pueblo trabajador y la necesaria formación orgánica de un instrumento político a la altura del actual estadio de lucha de clases y capaz de conducir participando desde las venas profundas del movimiento general, sintetizando la doctrina, proyecto y programa político de los intereses de las grandes mayorías, sólo es posible esperar estallidos potentes, pero sin la mira puesta en el poder. No obstante los levantamientos, en este caso estudiantiles, son la condición sin la cual tampoco es probable lo anterior.
Y sólo la convergencia más amplia política y social, con el límite en la alianza imposible con los intereses de los representantes del gran capital, criollo, transnacional o entreverado, es el paso subsiguiente necesario para la construcción de una alternativa política entre la Concertación y la derecha tradicional.
2. La respuesta del Ejecutivo piñerista a las demandas estudiantiles está compilado en el texto “Políticas y Propuestas de Acción para el Desarrollo de la Educación Chilena, fechado el 1 de julio de 2011. La contrapropuesta de los estudiantes de secundaria, universitaria y los docentes agrupados en el gremio magisterial se entregará en La Moneda el viernes 5 de agosto.
El documento del Ejecutivo, edulcorado con fraseología democratista y republicana, en la superficie y bajo el texto, mantiene incólume estructuralmente la situación de la educación en el país. Se mantiene el curso de la privatización de la enseñanza, se proponen mayores posibilidades de endeudamiento crediticio para estudiar en los Centros de Formación Técnica, Institutos Superiores y Universidades, tanto tradicionales como privados. Se habla de una reforma constitucional, vaga y abstracta, donde la educación ahora sería “de calidad”, por lo demás, adjetivo que consagra la enseñanza como una mercancía cualquiera. Asimismo, se plantea una Superintendencia y Subsecretaría de Educación –las existentes se caracterizan por rimar su actuación con los intereses de los dueños de todo y sus pobres facultades fiscalizadoras-, y una Agencia de Calidad, es decir, una suerte de evaluadora de riesgos en el plano formativo. Los contenidos de las instituciones propuestas no son distintos a las políticas aplicadas desde hace décadas en la realidad. Sólo se legalizaría de modo manifiesto la supersegmentación del sistema educativo del país, la discriminación y la enseñanza clasista propia de una sociedad de clases tan nítida y desigual como la chilena.
El escrito del Ejecutivo, mientras reprime con violencia a menores de edad, significa un “pacto por la educación”, mayor transparencia del modelo general de enseñanza; contenta a los rectores de las universidades tradicionales con un “aporte basal” para su funcionamiento. La última iniciativa rompe el vínculo de lucha entre los jóvenes y las autoridades máximas de las casas de estudios superiores, y la transparencia se reduce a lo que ya existía: poner nota de acuerdo con parámetros no convenidos a los establecimientos, lo que en las actuales condiciones, beneficia ostensiblemente al sector privatizado de la educación. En materia técnica-profesional subordina los programas de estudio a los requerimientos del empresariado a cambio de un eventual mayor empleo. El texto del gobierno acoge la exigencia estudiantil de desmunicipalizar la educación, pero en un sentido inverso y confuso. Los jóvenes buscan que la enseñanza pública de los municipios, vuelva al Estado; pero el documento expresa la generación de una desmunicipalización parcial que quede en manos de una opaca “institucionalidad basada en organismos públicos”. El absurdo que está en la base del legajo supone la creación de una Superintendencia que “fiscalice el uso de los recursos y la no existencia de lucro en la universidades (privadas)”. Pero si lucro significa “Ganancia, beneficio o provecho que se consigue en un asunto o negocio” y es la motivación primera y última de las instituciones privadas, ¿cómo podría ‘regular’ contradictoriamente la naturaleza misma que ha originado la educación privada, la cual genera utilidades hasta multimillonarias?3. Finalmente, la respuesta de los partidos de la Concertación, que administraron el Estado durante 20 años, dice que “Por nuestra parte asumimos y somos autocríticos de que, en las políticas educativas implementadas, no logramos fortalecer de manera eficaz el rol del Estado, la calidad de la educación pública y el derecho a la educación entendido como un bien público y derecho social”. Luego de rasgarse las vestiduras, la Concertación –la misma componenda que creó las condiciones de la presente crisis- promete en un futuro posible gobierno lo que jamás hizo: “un sistema nacional y articulado (…) que establezca al Ministerio de Educación como responsable final de su funcionamiento.” El resto de los postulados no distan sustantivamente del proyecto piñerista. Sin embargo, para quienes tienen memoria, el documento sólo es un conjunto de palabras pegadas. Qué importa. La última encuesta Adimark de julio dio apenas un 20% de aprobación ciudadana a los partidos de la Concertación.
Pero el Estado es una producto humano, resultado de la las relaciones de poder, de la lucha de clases. Por eso es un terreno en disputa. Tanto para el sometimiento de una clase sobre otra, como para el establecimiento de reformas progresivas o limitadas, o la transformación radical de sus cimientos y proyecto, la lucha de clases es movimiento vivo que impacta en el complejo estatal, en la economía y, por tanto, en la política.
El Estado no es un artefacto inmóvil de relaciones sociales fatales. El Estado es un organismo ampliado que tiene poros frágiles y custodios blindados. Y a más lucha social más oportunidades de provocar cambios en su comportamiento. Asimismo, el largo reflujo del movimiento popular en Chile revierte con más o menos celeridad su conducta.
Naturalmente que los estudiantes por sí solos no realizan las sublevaciones populares victoriosas. Sin el concurso protagónico del pueblo trabajador y la necesaria formación orgánica de un instrumento político a la altura del actual estadio de lucha de clases y capaz de conducir participando desde las venas profundas del movimiento general, sintetizando la doctrina, proyecto y programa político de los intereses de las grandes mayorías, sólo es posible esperar estallidos potentes, pero sin la mira puesta en el poder. No obstante los levantamientos, en este caso estudiantiles, son la condición sin la cual tampoco es probable lo anterior.
Y sólo la convergencia más amplia política y social, con el límite en la alianza imposible con los intereses de los representantes del gran capital, criollo, transnacional o entreverado, es el paso subsiguiente necesario para la construcción de una alternativa política entre la Concertación y la derecha tradicional.
2. La respuesta del Ejecutivo piñerista a las demandas estudiantiles está compilado en el texto “Políticas y Propuestas de Acción para el Desarrollo de la Educación Chilena, fechado el 1 de julio de 2011. La contrapropuesta de los estudiantes de secundaria, universitaria y los docentes agrupados en el gremio magisterial se entregará en La Moneda el viernes 5 de agosto.
El documento del Ejecutivo, edulcorado con fraseología democratista y republicana, en la superficie y bajo el texto, mantiene incólume estructuralmente la situación de la educación en el país. Se mantiene el curso de la privatización de la enseñanza, se proponen mayores posibilidades de endeudamiento crediticio para estudiar en los Centros de Formación Técnica, Institutos Superiores y Universidades, tanto tradicionales como privados. Se habla de una reforma constitucional, vaga y abstracta, donde la educación ahora sería “de calidad”, por lo demás, adjetivo que consagra la enseñanza como una mercancía cualquiera. Asimismo, se plantea una Superintendencia y Subsecretaría de Educación –las existentes se caracterizan por rimar su actuación con los intereses de los dueños de todo y sus pobres facultades fiscalizadoras-, y una Agencia de Calidad, es decir, una suerte de evaluadora de riesgos en el plano formativo. Los contenidos de las instituciones propuestas no son distintos a las políticas aplicadas desde hace décadas en la realidad. Sólo se legalizaría de modo manifiesto la supersegmentación del sistema educativo del país, la discriminación y la enseñanza clasista propia de una sociedad de clases tan nítida y desigual como la chilena.
El escrito del Ejecutivo, mientras reprime con violencia a menores de edad, significa un “pacto por la educación”, mayor transparencia del modelo general de enseñanza; contenta a los rectores de las universidades tradicionales con un “aporte basal” para su funcionamiento. La última iniciativa rompe el vínculo de lucha entre los jóvenes y las autoridades máximas de las casas de estudios superiores, y la transparencia se reduce a lo que ya existía: poner nota de acuerdo con parámetros no convenidos a los establecimientos, lo que en las actuales condiciones, beneficia ostensiblemente al sector privatizado de la educación. En materia técnica-profesional subordina los programas de estudio a los requerimientos del empresariado a cambio de un eventual mayor empleo. El texto del gobierno acoge la exigencia estudiantil de desmunicipalizar la educación, pero en un sentido inverso y confuso. Los jóvenes buscan que la enseñanza pública de los municipios, vuelva al Estado; pero el documento expresa la generación de una desmunicipalización parcial que quede en manos de una opaca “institucionalidad basada en organismos públicos”. El absurdo que está en la base del legajo supone la creación de una Superintendencia que “fiscalice el uso de los recursos y la no existencia de lucro en la universidades (privadas)”. Pero si lucro significa “Ganancia, beneficio o provecho que se consigue en un asunto o negocio” y es la motivación primera y última de las instituciones privadas, ¿cómo podría ‘regular’ contradictoriamente la naturaleza misma que ha originado la educación privada, la cual genera utilidades hasta multimillonarias?3. Finalmente, la respuesta de los partidos de la Concertación, que administraron el Estado durante 20 años, dice que “Por nuestra parte asumimos y somos autocríticos de que, en las políticas educativas implementadas, no logramos fortalecer de manera eficaz el rol del Estado, la calidad de la educación pública y el derecho a la educación entendido como un bien público y derecho social”. Luego de rasgarse las vestiduras, la Concertación –la misma componenda que creó las condiciones de la presente crisis- promete en un futuro posible gobierno lo que jamás hizo: “un sistema nacional y articulado (…) que establezca al Ministerio de Educación como responsable final de su funcionamiento.” El resto de los postulados no distan sustantivamente del proyecto piñerista. Sin embargo, para quienes tienen memoria, el documento sólo es un conjunto de palabras pegadas. Qué importa. La última encuesta Adimark de julio dio apenas un 20% de aprobación ciudadana a los partidos de la Concertación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario