¿Por qué una Ley de Costos y Precios y no la libertad del Mercado?
El grupo GIS XXI ofreció el resultado de unas encuestas realizadas a la población venezolana quienes apoyan en un 89.6% en el 2010 y 92% en 2011, estar de acuerdo con que el estado intervenga para garantizar precios bajos en todos los productos de la canasta básica.
Yvke Mundial/GisXXI
 Ley de costos y precios se hace necesaria para atender la demanda de la sociedad venezolana. Foto:(Archivo) |
Las formas del derecho o marcos legales propios de la política económica se construyen de cara a las realidades que las formas económicas y sociales imponen, no pueden ser construidas en referencia a los manuales de ortodoxia económica, sean estos escritos por Hayec, Fridman o su antípoda, en el propio Marx.
Decimos lo anterior porque es común escuchar gritos de alabanza al “libre mercado” cada vez que surge un nuevo marco regulatorio orientado a hacer mucho más coherentes y racionales los ciclos de oferta y demanda de bienes. Esto lo podemos observar hoy con la nueva ley de costos y precios cuyos fines centrales son:
• Establecer mecanismos de control previo a aquellas empresas cuyas ganancias son excesivas en proporción a las estructuras de costo de los bienes que producen o comercializan, o de los servicios que prestan.
• Identificar los agentes económicos que, por la contraprestación de servicios, o ventas de productos, fijan precios excesivos.
• Propiciar la implementación de precios justos a través de mecanismos que permitan sincerar costos y gastos.
Para lograr lo anterior, la ley ordena crear el sistema nacional de costos y precios, cuyos órganos y entes serán la superintendencia nacional de costos y precios, así como los ministerios y los entes descentralizados funcionalmente con competencia en materias afines a la determinación de precios y costos de bienes.
Una primera reacción de diversos sectores empresariales es señalar la ley como una violación a los principios del libre mercado, lo cual traerá un desestímulo a la producción y creará escasez. El otro argumento de crítica está situado en la dimensión técnica, se argumenta que la fijación social de costos y precios es una tarea de complejidad económica y tecnológica para la cual no se tiene capacidad.
Por su parte el gobierno, en boca del ministro de agricultura y tierras, ha argumentado que “los precios vigentes en algunos bienes y servicios no reflejan los costos reales de producción considerando todos los gastos directos e indirectos que lo acompañan: producción, distribución, transporte, administración. La Ley de Costos y Precios Justos permitirá sincerar las ganancias ante el comportamiento histórico de algunos sectores de la economía nacional que no reflejan el valor real de algunos productos”.
Ante la realidad histórica de la inexistencia de una cultura productiva o de un sujeto empresarial movido por el emprendimiento y la generación de ganancia lícita y la gran cantidad de ejemplos sobre las conductas especulativas, acaparadoras y mafiosas de la clásica burguesía venezolana, la ley de costos y precios se hace necesaria como marco de una política económica que atienda la demanda de la sociedad venezolana por una mayor intervención del Estado en la fijación de los precios.
La mayoría de la población es consciente de esto, razón por la cual en los sondeos de percepción que realizamos, apoya sin reservas la regulación del gobierno y le da la espalda a los coros falsos e interesados del “libre mercado”, 89.6% de la población en el 2010 y 92% en 2011, manifiestan estar de acuerdo con que el estado intervenga para garantizar precios bajos en todos los productos de la canasta básica; coherente con esto, el 91% en 2010 y el 90% en 2011 rechaza que los empresarios y comerciantes puedan tener la libertad para poner los precios que quisieran.
Sabiduría popular, podríamos decir en relación a esta postura de la mayoría de los venezolanos; y es que la formación socio-económica del rentismo ha desfigurado las formas, prácticas y relaciones económicas a tal punto que hasta un empresario defensor del emprendimiento, la competencia y el libre juego del mercado en economías productivas como la de Brasil, Europa o el mismo Estados Unidos, se escandalizaría con las formas de producción de riqueza del empresariado venezolano.
En el Cuadro1 podemos ver un comparativo sobre las formas y tipos de rentabilidad o ganancia en las formaciones sociales de capitalismo productivo y en las formas del capitalismo rentístico venezolano, formas y prácticas económicas donde el afán por el dinero fácil y rápido, se emparentan con las lógicas mafiosas de acumulación, todo en detrimento del bienestar de la mayoría de la población.
El gran reto del Estado venezolano, en esta transición, será demostrar que puede construir la capacidad técnica y de gestión para implementar la complejidad de este mecanismo. Sin embargo, en una primera etapa los importadores y productores podrían presentar sus estructuras de costos y acordarse el PVP a las cadenas de distribución para ir generando un impacto temprano que beneficie al elemento más débil de la cadena de comercialización, el ciudadano que compra.
Además, bueno es recordar que en Venezuela hasta el año 1989 existió el PVP y solo el afan neoliberal del segundo mandato de Carlos Andrés Pérez lo eliminó, trayendo como consecuencia una libertad de los empresarios para la fijación de precios que empobreció rápidamente al pueblo y tuvo su punto culminante en la exploción social del 27 de Febrero de 1989, convirtiéndose este hecho histórico en el primer movimiento contra el neoliberalismo. Hoy, después de más de 20 años, Europa despierta y vive su “Caracazo”.
Finalmente, si bien el tipo de capitalismo rentístico exige la producción de formas jurídicas de regulación, no podemos pensar que este es el centro de nuestra tarea para abatir los altos precios y la inflación, recordemos que la fiebre no está en las sábanas, no son las formas jurídicas quienes crean la realidad, sino las prácticas sociales reales. Este tipo de medidas son necesarias para la defensa del poder adquisitivo de nuestro pueblo y propias del corto tiempo histórico; pero nuestra tarea principal debe centrarse en incrementar cada día más nuestra capacidad productiva y desestructurar el rentismo con la activación y generalización de formas productivas sostenibles y capaces de incrementar la oferta de bienes y servicios, solo así lograremos un entorno macroeconómico que beneficie a la mayoría de la población.
Decimos lo anterior porque es común escuchar gritos de alabanza al “libre mercado” cada vez que surge un nuevo marco regulatorio orientado a hacer mucho más coherentes y racionales los ciclos de oferta y demanda de bienes. Esto lo podemos observar hoy con la nueva ley de costos y precios cuyos fines centrales son:
• Establecer mecanismos de control previo a aquellas empresas cuyas ganancias son excesivas en proporción a las estructuras de costo de los bienes que producen o comercializan, o de los servicios que prestan.
• Identificar los agentes económicos que, por la contraprestación de servicios, o ventas de productos, fijan precios excesivos.
• Propiciar la implementación de precios justos a través de mecanismos que permitan sincerar costos y gastos.
Para lograr lo anterior, la ley ordena crear el sistema nacional de costos y precios, cuyos órganos y entes serán la superintendencia nacional de costos y precios, así como los ministerios y los entes descentralizados funcionalmente con competencia en materias afines a la determinación de precios y costos de bienes.
Una primera reacción de diversos sectores empresariales es señalar la ley como una violación a los principios del libre mercado, lo cual traerá un desestímulo a la producción y creará escasez. El otro argumento de crítica está situado en la dimensión técnica, se argumenta que la fijación social de costos y precios es una tarea de complejidad económica y tecnológica para la cual no se tiene capacidad.
Por su parte el gobierno, en boca del ministro de agricultura y tierras, ha argumentado que “los precios vigentes en algunos bienes y servicios no reflejan los costos reales de producción considerando todos los gastos directos e indirectos que lo acompañan: producción, distribución, transporte, administración. La Ley de Costos y Precios Justos permitirá sincerar las ganancias ante el comportamiento histórico de algunos sectores de la economía nacional que no reflejan el valor real de algunos productos”.
Ante la realidad histórica de la inexistencia de una cultura productiva o de un sujeto empresarial movido por el emprendimiento y la generación de ganancia lícita y la gran cantidad de ejemplos sobre las conductas especulativas, acaparadoras y mafiosas de la clásica burguesía venezolana, la ley de costos y precios se hace necesaria como marco de una política económica que atienda la demanda de la sociedad venezolana por una mayor intervención del Estado en la fijación de los precios.
La mayoría de la población es consciente de esto, razón por la cual en los sondeos de percepción que realizamos, apoya sin reservas la regulación del gobierno y le da la espalda a los coros falsos e interesados del “libre mercado”, 89.6% de la población en el 2010 y 92% en 2011, manifiestan estar de acuerdo con que el estado intervenga para garantizar precios bajos en todos los productos de la canasta básica; coherente con esto, el 91% en 2010 y el 90% en 2011 rechaza que los empresarios y comerciantes puedan tener la libertad para poner los precios que quisieran.
Sabiduría popular, podríamos decir en relación a esta postura de la mayoría de los venezolanos; y es que la formación socio-económica del rentismo ha desfigurado las formas, prácticas y relaciones económicas a tal punto que hasta un empresario defensor del emprendimiento, la competencia y el libre juego del mercado en economías productivas como la de Brasil, Europa o el mismo Estados Unidos, se escandalizaría con las formas de producción de riqueza del empresariado venezolano.
En el Cuadro1 podemos ver un comparativo sobre las formas y tipos de rentabilidad o ganancia en las formaciones sociales de capitalismo productivo y en las formas del capitalismo rentístico venezolano, formas y prácticas económicas donde el afán por el dinero fácil y rápido, se emparentan con las lógicas mafiosas de acumulación, todo en detrimento del bienestar de la mayoría de la población.
El gran reto del Estado venezolano, en esta transición, será demostrar que puede construir la capacidad técnica y de gestión para implementar la complejidad de este mecanismo. Sin embargo, en una primera etapa los importadores y productores podrían presentar sus estructuras de costos y acordarse el PVP a las cadenas de distribución para ir generando un impacto temprano que beneficie al elemento más débil de la cadena de comercialización, el ciudadano que compra.
Además, bueno es recordar que en Venezuela hasta el año 1989 existió el PVP y solo el afan neoliberal del segundo mandato de Carlos Andrés Pérez lo eliminó, trayendo como consecuencia una libertad de los empresarios para la fijación de precios que empobreció rápidamente al pueblo y tuvo su punto culminante en la exploción social del 27 de Febrero de 1989, convirtiéndose este hecho histórico en el primer movimiento contra el neoliberalismo. Hoy, después de más de 20 años, Europa despierta y vive su “Caracazo”.
Finalmente, si bien el tipo de capitalismo rentístico exige la producción de formas jurídicas de regulación, no podemos pensar que este es el centro de nuestra tarea para abatir los altos precios y la inflación, recordemos que la fiebre no está en las sábanas, no son las formas jurídicas quienes crean la realidad, sino las prácticas sociales reales. Este tipo de medidas son necesarias para la defensa del poder adquisitivo de nuestro pueblo y propias del corto tiempo histórico; pero nuestra tarea principal debe centrarse en incrementar cada día más nuestra capacidad productiva y desestructurar el rentismo con la activación y generalización de formas productivas sostenibles y capaces de incrementar la oferta de bienes y servicios, solo así lograremos un entorno macroeconómico que beneficie a la mayoría de la población.
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