La Carta Democrática de la OEA contra el Sandinismo
La Secretaría General de la OEA está promoviendo la
aplicación de la Carta Democrática Interamericana en contra del gobierno de
Nicaragua. Este instrumento fue creado como un dique de contención en contra de
los recurrentes golpes de Estado que atribularon la historia de los países
latinoamericanos. Supuestamente debería ser un mecanismo de defensa para
gobiernos que se encuentran bajo la amenaza de una ofensiva desestabilizadora
que podría tener como resultado la quiebra del orden institucional. Su
Artículo 17 dice explícitamente que “Cuando el gobierno de un Estado Miembro
considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su
legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario General o al Consejo
Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación
de la institucionalidad democrática”. Es decir, reconoce en el gobierno
del país afectado la prerrogativa de solicitar el apoyo de la comunidad
interamericana cuando se encuentra bajo asedio. Tal cosa no ha ocurrido en el
caso que nos ocupa y la Secretaría General de la OEA actuá por cuenta propia
violando explícitamente lo que enuncia este artículo.
El apartado siguiente avanza un poco más en este asunto y
establece que “Cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que
pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o
el legítimo ejercicio del poder, el Secretario General o el Consejo Permanente
podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y
otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación”.
Ya las cosas cambian: ahora es la OEA (es decir, el Ministerio de
Colonias de EEUU) quien está facultada para decidir si el poder se ejerce
legítimamente en un país o si su marco institucional está en peligro. Claro que
aún se requiere “el consentimiento previo del gobierno afectado” que, reiterarmos,
no le fue concedido a la OEA. En el artículo siguiente, el 19, se
avasalla aún más la soberanía y autodeterminación nacionales pues establece que
“la ruptura del orden democrático o una alteración del orden
constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro
constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable para la participación
de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General.” Pero es el Artículo 20,
que hoy se yergue como una amenaza sobre el gobierno sandinista, quien dice
exactamente lo que Washington siempre quiso dejar sentado por escrito, a saber:
“En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden
constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro
o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo
Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar
las decisiones que estime conveniente.” Esto no es ni más ni menos que la
codificación legal de la Doctrina Monroe, el estatuto que legaliza la
intervención de Estados Unidos, en su calidad de custodio último de la
democracia, en cualquier país del sistema interamericano. Lo anterior es la parte resolutiva de la Carta, y ya volveremos a ella. Pero
veamos ahora los antecedentes, que son importantes porque allí se establece la
doctrina de fondo sobre la democracia que la Carta dice defender. Así, en su
artículo 3 estipula que “son elementos esenciales de la democracia
representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades
fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de
derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en
el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el
régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e
independencia de los poderes públicos.” Y en el 4 se afirma que “Son
componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de
las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los
gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la
libertad de expresión y de prensa.” Por supuesto, sucesivos items hablan de la
necesidad de preservar el respeto de los derechos humanos “en su carácter
universal, indivisible e interdependiente” y por supuesto, como lo
determina el artículo 9, “la eliminación de toda forma de discriminación,
especialmente la discriminación de género, étnica y racial, y de las diversas
formas de intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos
humanos de los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto a la diversidad
étnica, cultural y religiosa en las Américas.” Y en su artículo 12 queda se
declara, taxativamente, que “La pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles
de desarrollo humano son factores que inciden negativamente en la consolidación
de la democracia. Los Estados Miembros de la OEA se comprometen a adoptar y
ejecutar todas las acciones necesarias para la creación de empleo productivo,
la reducción de la pobreza y la erradicación de la pobreza extrema, teniendo en
cuenta las difere2ntes realidades y condiciones económicas de los países del
Hemisferio.
Toda esta tediosa enumeración es indispensable porque resulta que la iniciativa
de intervención de la Secretaría General para restablecer “el orden
institucional” en Nicaragua fue hecha nada menos que por los gobiernos de
Argentina, Colombia y Perú, mientras Estados Unidos operaba tras las bambalinas
para que sus lacayos pasaran al ataque. No hace falta ser un premio Nobel en
ciencia política para caer en la cuenta que si hay países que incumplen con los
fundamentos doctrinarios de la democracia tal cual se manifiesta en la Carta
esos países son los que hoy se erigen en jueces para someter al gobierno
sandinista a una posible condena de la OEA. Veamos:
¿Con qué cara el señor Mauricio Macri puede atreverse a
impulsar una sanción en contra de Nicaragua cuando ha arrasado el Estado de
Derecho en la Argentina, recortado casi hasta el límite absoluto la libertad de
prensa, provocando el rápido aumento de la pobreza, pisoteando los derechos
sociales y criminalizando la protesta social, desinvertido en educación,
denunciado a los organismos de derechos humanos por el “negocio” (un
“curro”, en lenguaje vulgar de la Argentina) que esconde su activismo;
persiguiendo con saña a los mapuche, e inventando supuestas guerrillas armadas
de ese pueblo originario para justificar una inédita, en democracia, escalada represiva?
[1]En breve: el denunciante viola cada una de las condiciones que la Carta fija
como esenciales para la vida democrática y por lo tanto está moralmente
descalificado para opinar sobre la calidad de la democracia en ningún país del
mundo.
Lo mismo vale decir en relación al gobierno de Iván Duque en
Colombia, porque si hay un país en donde la democracia, aún en su grado
más elemental ha brillado por su ausencia ese país es Colombia. Un estado que
hace más de cincuenta años montó un tinglado pseudodemocrático para ocultar,
detrás de su parafernalia protocolar y leguleya, la brutal dominación de una
oligarquía violenta y profundamente enemiga de la democracia como pocas en
Latinoamérica. Un Estado penetrado hasta sus raíces por el paramilitarismo
y el narcotráfico, al punto tal que junto con el México de Peña Nieto eran
considerados por los politólogos como dos de los ejemplos más desgraciados de
involución hacia un “narcoestado”. Un país cuyo gobierno asiste impasible a la
migración forzada de casi 8 millones de personas desplazadas por paramilitares
y narcos y por un conflicto armado que el gobierno jamás quise seriamente
resolver violando metódicamente los acuerdos de paz. Un gobierno que ha
sometido por completo a los demás poderes del Estado y que consiente un
monopolio de facto de la prensa gráfica, radical y televisiva que hace que las
colombianas y los colombianos estén blindados mediáticamente, desinformados de
lo que ocurre dentro y fuera de Colombia, país en el cual, según la Defensoría
del Pueblo, se reportaron 331 líderes asesinados entre enero de 2016 y agosto
de 2018 a lo que se añade un número indefinido de otros que fueron ejecutados y
que no fueron reportados como asesinatos políticos sino como víctimas de
reyertas callejeras.[2]
Sin llegar a esos extremos, no muy diferente es la situación
del Perú, cuya deuda social para con los pueblos originarios es enorme y de
siglos; un país en donde sólo una ínfima minoría de los adultos mayores accede
a una irrisoria pensión; con millones de exiliados producto de la pobreza y la
inseguridad y en donde la corrupción gubernamental ha hecho estragos al punto
tal que los 5 últimos presidentes están o bien fugados, como Alejandro Toledo
en Estados Unidos; o en la cárcel (Ollanta Humala) o indultados pero con
casi seguro retorno a la cárcel, caso de Alberto Fujimori; o procesados, como
Alan García (que intentó infructuosamente asilarse en la embajada del Uruguay
en Lima pocas semanas atrás) o Pedro Pablo Kuczynski. [3]Pese a ello el
gobierno del Perú se siente con autoridad moral para iniciar una acción
punitoria en contra de Nicaragua por la violación del orden constitucional en
que habría incurrido el gobierno sandinista.
En resumen, la decisión de la Secretaría General de la OEA
viola los fundamentos de la propia Carta Democrática de esa institución y es el
ignominioso reflejo de un mandato emanado desde la Casa Blanca que anhela con
impaciencia volver a apoderarse de Nicaragua. Eso es lo único que importa en
Washington, sobre todo después de conocido el interés de China en construir un
nuevo paso bioceánico que no estaría controlado por Estados Unidos ni rodeado
de bases militares de ese pais. Esto no implica minimizar la gravedad de la
situación que se ha producido en Nicaragua desde Abril del año pasado, pero
pecaría de una imperdonable ingenuidad quien creyera que la violenta oposición
al gobierno de Daniel Ortega y los graves disturbios ocurridos son obra
exclusiva de ciudadanos que sólo desean vivir en democracia y libertad. Habrá
una porción, engañada, que seguramente ha decidido combatir al gobierno
sandinista apelando a la violencia. Pero quienes erigieron las barricadas y
enfrentaron a mano armada a las fuerzas del orden no eran ciudadanas o
ciudadanos corrientes ni prolijos estudiantes universitarios. Había algunos,
obvio; pero quienes empuñaban armas de grueso calibre y tiraban a matar eran
mercenarios y sicarios, no la pacífica y amable gente común de ese país. La
metodología del combate demostraba claramente la presencia del mismo “director
de orquesta” que había montado las violentas guarimbas en Venezuela en 2014 y
2017. E inclusive, según algunos muy atentos observadores, algunos de los que
produjeron graves desmanes en el país sudamericano reaparecieron en Nicaragua.
No hay que olvidar que las protestas comenzaron como respuesta a una fallida
reforma al sistema de pensiones torpemente presentada por el gobierno ante la
opinión pública. Del rechazo al nuevo sistema se pasó a la exigencia de la
inmediata “salida” del presidente Ortega -¡otra vez “la salida”, como
exigía la oposición venezolana como condición para “negociar” con el Presidente
Nicolás Maduro!- a causa de la indignación desatada por la violenta e
innecesaria represión del gobierno contra los manifestantes.
Como de costumbre el clima de opinión fue convenientemente
manipulado mediáticamente por los centenares de tentáculos del gobierno de EEUU
(desde ONGs de diáfana e inocente apariencia hasta partidos de ocasión, pasando
por líderes políticos y periodistas comprados o alquilados por el
imperio) que jamás ha hecho una propuesta a favor de la democracia en
nuestros países y que periódicamente se arroga el derecho de ser el encargado
de instaurar la democracia en Nuestra América y tumbar gobiernos que, según su
opinión, no lo sean. Por eso la Casa Blanca ha lanzado un ataque frontal para
acabar con el sandinismo pese a que, antes de esta ofensiva desestabilizadora,
era el país más estable de Centroamérica, con un Índice de Desarrollo Humano
según el PNUD superior al de Honduras, Guatemala, Guyana y Haití y apenas
inferior al de El Salvador. Pero claro, en ninguno de esos países el “orden
institucional y político” está en peligro, pese al escandaloso fraude de las
elecciones hondureñas y sus secuelas que perduran hasta el día de hoy. [4]
También era Nicaragua el país que más había progresado en materia de combate a
la pobreza y la desigualdad y el de menor inseguridad ciudadana de toda
Centroamérica. Con una tasa de 7 homicidios por 100.000 habitantes
Nicaragua aparecía en el 2017 superando ampliamente a Costa Rica (12.1
homicidios por 100.000 habitantes), Guatemala (26,1 por 100.000),
Honduras (42,8 por 100.000), El Salvador (60 por 100.000). A modo de
comparación la tasa para la Argentina fue, en ese mismo año 2017, de 6 por cada
100.000 habitantes. Pese a estos datos, el problema es Nicaragua, no los demás.
[5]
Para concluir, la mención de estos logros –algunos de los
tantos- no pretende ocultar los errores cometidos por el gobierno sandinista en
los últimos tiempos. A mi juicio los principales son un preocupante
distanciamiento de sus propias bases sociales; el enclaustramiento del grupo
dirigente; una llamativa dificultad para “leer” lo que está ocurriendo en la
sociedad y una sorprendente falta de reflejos para evitarno reaccionar con
imprudencia y violentamente ante una provocación del imperio. Pero
estamos hablando de un país al cual el gobierno de Estados Unidos le ha
declarado una guerra. No sólo promoviendo la violencia y el caos social, para
luego aplicar la “ayuda humanitaria” y precipitar un sangruiento “cambio de
régimen” sino a través de una pieza legal, la NICA Act, mediante la cual se
establece que el gobierno de EEUU debe vetar cualquier tipo de ayuda económica
o financiera hecha por los bancos o agencias de desarrollo operando en el
hemisferio. Esta ley concitó el masivo repudio de la opinión pública de
Nicaragua donde un 84,8 por ciento consideró que la "NICA Act"
perjudicaba a la democracia de Nicaragua.[6]
Todo lo anterior, desde la iniciativa de la OEA y su inmoral
Secretario General hasta la promoción de desórdenes y disturbios violentos
pasando por la sanción de la NICA Act son eslabones de una luctuosa secuencia
de agresiones estadounidenses contra un pequeño país y un pueblo valiente que
desde tiempos inmemoriales la burguesía norteamericana intentó apoderarse y
someter a su dominio. Y ante esta crítica coyuntura no hay lugar para titubeos
o medias tintas: o se está con el gobierno sandinista, con todos sus yerros y
limitaciones; o se está al servicio del imperio y abriendo las puertas a la
instalación de un tenebroso protectorado yankee en la tierra de Sandino, como
antes lo hicieran instalando la dictadura de Anastasio Somoza y asesinando a
Augusto César Sandino. Enfrentado a esta disyuntiva el autor de estas líneas no
tiene la menor duda. Primero hay que derrotar al imperialismo y desbaratar su
estrategia golpista, modelo “Libia de Gadafi”. Una vez logrado ese
objetivo, avanzar por la senda de revolucionar la revolución sandinista,
corregir lo que se hizo mal y profundizar lo mucho que se hizo bien, que no es
poco para un país de la convulsionada Centroamérica.
[1]
https://elpais.com/tag/c/47f26f55c557055ec93f5d32f7b17582
[2]
https://colombia2020.elespectador.com/pais/agresiones-contra-lideres-sociales-antes-y-despues-del-acuerdo-de-paz
[3]
https://www.latercera.com/mundo/noticia/cinco-expresidentes-peru-la-mira-la-justicia/408929/
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