Por: César Lévano (Diario la Primera 2009)
Alan García ha vuelto a manchar de sangre sus manos, esas manos que ordenaron la matanza de El Frontón y firmaron en su actual período el decreto que permite a las fuerzas del orden abrir fuego contra civiles y les garantiza impunidad.
Yehude Simon, el secuaz, reveló ayer, en conferencia de prensa, el origen de la tragedia: “Teníamos que imponer el orden y la disciplina”, dijo. Mercedes Cabanillas lo confirmó a Canal N: “Era necesario restablecer el orden”.
Periodistas enviados a Bagua establecen este cronograma: primero, algunos policías emboscan y disparan contra rebeldes; luego, algunos nativos arrojan sus lanzas contra aquellos, y los matan. Después se apoderan de las armas de los caídos y con ellas contraatacan.
Es evidente que la orden de emplear la violencia contra el pueblo amazónico provino de Palacio, con la complicidad de Yehude Simon, presidente del Consejo de Ministros, y de Mercedes Cabanillas, ministra del Interior.
A Simon, en días en que era propagandista furioso del MRTA, no le tembló la mano cuando, en una sesión documentada, condenó a muerte a un militante que había llegado a la conclusión de que la lucha del pueblo no iba por la ruta de las armas.
Ahora, Simon, convencido de que el poder no nace del fusil, cree que el fusil nace del poder y que el poder lo puede todo.
En el conflicto hay un problema de fondo: los Decretos Legislativos que, con el fin de aplicar el TLC con Estados Unidos, pisotean intereses del país y de los nativos de la selva.
El ministro del Medio Ambiente se desgañita repitiendo que los nativos pueden ser dueños de tierra superficial, pero no del subsuelo, que es de todos los peruanos.
Pero es evidente que la actividad petrolera puede afectar la propiedad y la vida de los nativos, sobre todo si envenena ríos y arrasa suelos.
Puede, decimos, en un régimen entreguista y corrupto como el actual, bajo el cual se concede todo, sin condiciones, a las transnacionales.
Sabido es que la gran minería y las empresas de hidrocarburos aplican en sus países de origen tecnologías que preservan al máximo el medio ambiente y la biodiversidad. Acá, algunas empresas concesionarias de la selva se declaran dispuestas a negociar con los nativos.
Frente a la matanza desatada por orden de Alan García hay que decir con claridad: estamos gobernados por políticos que no calculan las consecuencias de sus actos.
La selva no es un pueblo joven indefenso. Tampoco es el campo de maniobra de un manípulo de agitadores. Es una región abandonada por siglos, despreciada por las maniobras criollas del Congreso y que no se va a rendir mediante balazos, represión de sus líderes o prisión de Alberto Pizango, dirigente reconocido y admirado por los amazónicos y todo el pueblo.
La selva es inmensa y allí todas las armas resultan cortas.
Alan García ha vuelto a manchar de sangre sus manos, esas manos que ordenaron la matanza de El Frontón y firmaron en su actual período el decreto que permite a las fuerzas del orden abrir fuego contra civiles y les garantiza impunidad.
Yehude Simon, el secuaz, reveló ayer, en conferencia de prensa, el origen de la tragedia: “Teníamos que imponer el orden y la disciplina”, dijo. Mercedes Cabanillas lo confirmó a Canal N: “Era necesario restablecer el orden”.
Periodistas enviados a Bagua establecen este cronograma: primero, algunos policías emboscan y disparan contra rebeldes; luego, algunos nativos arrojan sus lanzas contra aquellos, y los matan. Después se apoderan de las armas de los caídos y con ellas contraatacan.
Es evidente que la orden de emplear la violencia contra el pueblo amazónico provino de Palacio, con la complicidad de Yehude Simon, presidente del Consejo de Ministros, y de Mercedes Cabanillas, ministra del Interior.
A Simon, en días en que era propagandista furioso del MRTA, no le tembló la mano cuando, en una sesión documentada, condenó a muerte a un militante que había llegado a la conclusión de que la lucha del pueblo no iba por la ruta de las armas.
Ahora, Simon, convencido de que el poder no nace del fusil, cree que el fusil nace del poder y que el poder lo puede todo.
En el conflicto hay un problema de fondo: los Decretos Legislativos que, con el fin de aplicar el TLC con Estados Unidos, pisotean intereses del país y de los nativos de la selva.
El ministro del Medio Ambiente se desgañita repitiendo que los nativos pueden ser dueños de tierra superficial, pero no del subsuelo, que es de todos los peruanos.
Pero es evidente que la actividad petrolera puede afectar la propiedad y la vida de los nativos, sobre todo si envenena ríos y arrasa suelos.
Puede, decimos, en un régimen entreguista y corrupto como el actual, bajo el cual se concede todo, sin condiciones, a las transnacionales.
Sabido es que la gran minería y las empresas de hidrocarburos aplican en sus países de origen tecnologías que preservan al máximo el medio ambiente y la biodiversidad. Acá, algunas empresas concesionarias de la selva se declaran dispuestas a negociar con los nativos.
Frente a la matanza desatada por orden de Alan García hay que decir con claridad: estamos gobernados por políticos que no calculan las consecuencias de sus actos.
La selva no es un pueblo joven indefenso. Tampoco es el campo de maniobra de un manípulo de agitadores. Es una región abandonada por siglos, despreciada por las maniobras criollas del Congreso y que no se va a rendir mediante balazos, represión de sus líderes o prisión de Alberto Pizango, dirigente reconocido y admirado por los amazónicos y todo el pueblo.
La selva es inmensa y allí todas las armas resultan cortas.
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