jueves, 4 de diciembre de 2014

Parlamento mexicano aprobó reforma constitucional que prohíbe al pueblo el derecho a la protesta
 
Caracas, 03 Dic. AVN.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aprobaron este martes una reforma a la Constitución mexicana que impedirá las protestas sociales en el país azteca.
Las organizaciones políticas de oposición denunciaron los cambios a los artículos 11 y 73 de la Carta Magna, que permiten a las autoridades municipales, estatales y federales dictar leyes para poner freno a las manifestaciones en las calles, reportó Telesur.
Los diputados que respaldaron la iniciativa esgrimen que el Estado debe garantizar el derecho de toda persona a la movilidad universal, atendiendo a los principios de igualdad.
Desde septiembre, en México se han suscitado manifestaciones constantes que exigen la aparición con vida de 43 estudiantes de la población de Iguala que fueron secuestrados por la policía de esa región y entregados a grupos narcoparamilitares, así como la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto.
La reforma a los artículos constitucionales se derivó de un dictamen aprobado en comisiones desde abril, y que fue llevado súbitamente al Parlamento sin haberlo publicado en la Gaceta Parlamentaria, como establece el reglamento legislativo, señaló el Informador de México.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y legisladores del Movimiento Ciudadano afirmaron que esta reforma es "tan inesperada como amenazadora".
"Aparece bajo el pretexto de garantizar la libre movilidad de los ciudadanos, (pero) en realidad será un instrumento legal para reprimir marchas, protestas, manifestaciones e inhibir la libre manifestación cuando se esté protestando en contra del Gobierno o cualquier autoridad", dijo Ricardo Cantú, del PT.
Agregó que el PRI, PAN y PVEM "pretenden contribuir a que la impunidad en México sea todavía más grave".
Al presentar el dictamen, el panista Marcos Aguilar Vega argumentó que la medida "reviste una gran importancia, pues pretende plasmar en la Constitución el reconocimiento y la protección del derecho humano que tienen todas las personas a la movilidad universal".
"No se puede sacrificar un derecho por encima de otro, por lo que la legislación que llegará a expedirse deberá regular la actuación de la autoridad", agregó.

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