La Habana, Cuba, sede de los
diálogos de paz, agosto 5 de 2013
La responsabilidad histórica de la
violencia
En otras ocasiones hemos dicho e insistido, como
ahora lo repetimos sin dubitaciones, que el Estado es responsable, por
acción o por omisión, de lo sucedido durante el conflicto.
Agregaríamos ahora, que así lo ha reconocido el Presidente
Juan Manuel Santos en la Corte Constitucional, tras sugerirlo el Informe
General del Grupo de Memoria Histórica.
En la actual coyuntura política,
desde todos los flancos se habla de “transición” y de
la necesidad de un tipo de justicia para ello. Pero pasar de un estado de
cosas a otro, implica necesariamente la implementación de
cambios estructurales en la institucionalidad, que
permitan la reconciliación a partir de la justicia social. Por lo que, entonces, sería
inconsecuente con el propósito, pretender que queden intactos todos
los órganos de la cuestionada institucionalidad.
Pero, incluso, si se tratara de la
transición de un estado de conflicto interno a un estado de paz, o
de la oportunidad para los alzados en armas de acogerse a la
Constitución, debemos decir que, indefectiblemente, si se quiere
pasar de la guerra a la normalización de las
relaciones sociales, saliendo del terrorismo de Estado para entrar en la
construcción de la democracia verdadera, son ambas partes las que
se deben acoger a la Carta fundamental. Lo cual implica que las partes
acepten en la mesa de La Habana que entre otras reformas y cambios
estructurales,
hay
que reformar la justicia para que la rama jurisdiccional logre su
independencia orgánica. Pues ha sido ésta politizada por la
rama ejecutiva, y la la responsabilidad del Estado en los hechos de
guerra, la ha venido descalificando cada día más.
Por otro lado, debemos subrayar que al no haber vencedor ni
vencido, y no habiendo concluido aún el conflicto porque el Estado,
por decisión
del gobierno que lo representa, no lo quiere, es entonces el Estado el
mayor responsable por las consecuencias de la contienda.
Mientras siga la guerra,
el derecho a la paz está por encima de cualquiera otra
consideración; así, rehusar la tregua que se le ha ofrecido
al Estado de manera reiterada por parte de la insurgencia, indica que no
quiere aplicar el mandato del artículo 22 que dice que “La
paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Actitud
esta de la que, también por acción o por omisión, le
sobrevienen nuevas responsabilidades que se suman a las que ya tiene por
no haber querido aceptar a
tiempo la
existencia del conflicto interno.
Como mucho se habla de asumir responsabilidades,
y las FARC-EP han indicado que el importante asunto de las víctimas
por el que tanto inquiere la gran prensa alimentando odios, debe ser
asumido con sensatez, realismo y apego a la verdad, proponemos la
integración inmediata de una Comisión
con nacionales y extranjeros, que estudie la historia de la
confrontación, desde el inicio de la violencia, a fin de
preparar
el material requerido para evacuar el punto Cinco de la Agenda de
Diálogos, referido a victimas, el cual textualmente expresa que
“Resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo
Gobierno Nacional - FARC-EP. En este sentido se tratarán: 1.
Derechos humanos de víctimas. 2. Verdad”.
Considerando
que el gobierno nacional impulsó el llamado Informe General del
Grupo de Memoria Histórica, las FARC-EP, en desarrollo de la
propuesta anterior, solicitan que la Comisión independiente que
emprenda el estudio de la confrontación, lo primero que haga sea iniciar la pronta revisión y
complementación del mencionado informe, atendiendo a que de
él depende en gran medida el éxito de la evacuación
del punto Cinco de la Agenda.
La
Comisión que se establezca, deberá estudiar el tema de la
violencia partidista y su incidencia en los acontecimientos posteriores y
en el
surgimiento
de las FARC-EP, como deberá evaluar la responsabilidad
también de los medios de comunicación, de la iglesia
oficialista, de las potencias extranjeras
injerencistas
(especialmente de los Estados Unidos de América), de los
latifundistas, de los empresarios y del sector
financiero,
hasta
nuestros días.
Para
mayor rigor histórico, se deberán tomar como parte
fundamental de la investigación de la
historia del conflicto, los archivos de los organismos de inteligencia de
los años 40 y 50, del SIC, del DAS, de la inteligencia de la
Policía y el Ejército, y demás organismos secretos de
inteligencia, así como
las actas de los Consejos de Ministros que recogen las órdenes de
detención impartidas por el gobierno sin orden judicial, a la luz
de la aberrante facultad que le otorgaba el artículo 28 de la
Constitución, antes de la constituyente del 91.
DELEGACIÓN
DE PAZ DE LAS FARC-EP
No hay comentarios:
Publicar un comentario