domingo, 23 de octubre de 2011


UN EJEMPLO PARA RICHARD COROBA, ALCALDE DE PALAVECINO...
 ALCALDÍA DE BOCONO PERDIÓ    JUICIO DE EXPROPIACIÓN 
El gobierno municipal emprendió una acción para expropiar un terreno de utilidad agrícola y en vista de no haberse cumplido los extremos de Ley fue declarado inadmisible por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil del estado Trujillo; se otorgó un tiempo para subsanar y como esto no se hizo en el lapso correspondiente, fue decretado el archivo judicial
 La Alcaldía de Boconó perdió un juicio de expropiación que había iniciado en contra de la Sra. María Hernández de Andrade, quien adquirió unos terrenos en el Cerro Los Betancourt (La Orchila) Loma de San Miguel, Parroquia del mismo nombre. Aparte de la acción judicial, la nueva dueña de dichos terrenos, sufrió una perturbación para el desarrollo agrícola de las 3 hectáreas adquiridas, cuando manos criminales atentaron contra de su propiedad. Así resume la situación el ingeniero agrónomo y abogado Miguel Soto, quien también es profesor de derecho agrario y derechos ambientales de la Universidad Yacambú de Barquisimeto estado Lara.

No tienen jurisdicción

Hace algún tiempo aquí se estuvieron desarrollando algunas actividades deportivas y fue lo que originó la perturbación por parte de algunos Consejos Comunales, que están fuera del ámbito geográfico de donde están ubicados los terrenos con una extensión de 3 hectáreas. Primero tenemos que estar claros que este lugar corresponde a la parroquia San Miguel y se dio el caso que gente proveniente de la parroquia San Rafael, encontrándose fuera de su jurisdicción, vinieron a quebrantar la paz y tranquilidad de todos los residentes de la zona, quienes se vieron amenazados por una solicitud de expropiación sobre la propiedad de la Sra. Hernández de Andrade. La Alcaldía de Boconó hizo caso de esta gente e intentó un proceso expropiatorio, lo cual nosotros contradecimos desde el punto de vista legal.

Decretado archivo judicial

En vista de nuestros alegatos, el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil del estado Trujillo, declaró inadmisible el recurso y no solo eso, también se abrió un procedimiento para subsanar, y al no hacerlo oportunamente, se vencieron los lapsos y fue decretado el archivo judicial. Lo que indica que cesó el acoso y por los momentos no puede continuar. Nosotros a su vez estamos solicitando al Instituto Nacional de Tierras el derecho de permanencia de la propietaria. Ellos alegaron que ella es nueva porque compró el año pasado, pero les hicimos ver que en nuestro país no hay prohibición de comprar y al contrario la nueva propietaria vino a darle utilidad agraria a un terreno que no estaba siendo explotado en la producción agroalimentaria y quienes pretenden oponerse, procedieron a quemarle un maíz que fue sembrado en el lugar colocándole un herbicida. Los organismos competentes constataron estos daños.

Una acción penal

Esto trajo como consecuencia que a través de la Fiscalía Sexta solicitamos una acción penal criminal, para determinar quienes fueron las personas que causaron ese daño a la propiedad, al ambiente y a la seguridad agroalimentaria de la nación. Si ellos querían comprar, debieron hacerlo antes de realizarse la compra por parte de la familia Hernández Andrade y no esperar la negociación para después solicitar la expropiación. La Alcaldía inició un procedimiento írrito, por lo que fue declarado inadmisible por vicios de fondo al no cumplir los extremos para un procedimiento de expropiación. Para ello se debe empezar por un procedimiento amistoso, evitando así vicios fundamentales, que en este momento nos reservamos de comentar.

Terrenos de vocación agrícola

Se continuará la actividad agrícola, sembrando nuevamente el cultivo de maíz. También advertimos que hemos iniciado una demanda contra una ciudadana debidamente identificada que fue la instigadora para que se causaran los daños patrimoniales. Esto se hará a través del tribunal correspondiente. Adicionalmente, hacemos un llamado para que el gobierno municipal que salió perdedor, controle sus impulsos y no siga incurriendo en este tipo de errores que dejan mucho que desear. Esa acción es rechazada por la comunidad a través de los 14 Consejos Comunales de la zona de San Miguel; siendo los mismos que apoyan a la propietaria que legalmente está en posesión de los terrenos, porque están de acuerdo con el derecho de propiedad que está consagrado en la CRBV y demás leyes que rigen nuestro país. Por esa razón seguimos con el procedimiento criminal en Fiscalía, porque por lo indigno de la acción del atentado cometido, aquí hay que sentar un precedente, lo que podría traer una imputación penal para que se responda por las acciones delictuales que tiene varias aristas y una suma de penalidades.

Cercaremos nuevamente

La señora Vicdalia Andrade, en nombre de su señora madre y propietaria de los referidos terrenos, agradeció a los Consejos Comunales de esta jurisdicción por el apoyo que les han brindado. "En esta lucha que hemos emprendido, como familia de trabajo y vocación agrícola, nos fortalece; por eso procederemos al cercado para nuevamente poner en producción nuestras tierras. Todos nos han manifestado tener la disposición de seguirnos ayudando y más cuando se enteraron que esta semana el expediente correspondiente le fue decretado el archivo judicial. Lo que queremos es trabajar y que los Consejos Comunales que no pertenecen a nuestra jurisdicción, del Cerro Los Betancourt, se ocupen de su área geográfica y nos permitan trabajar a nosotros".

 Un solo gobierno

Por su parte, José Aníbal Pimentel, contralor del Consejo Comunal "Comunidad de Cabimbú", nos dijo: Nuestra posición ante esta situación es que de acuerdo a la Constitución, los distintos códigos de las leyes y el respeto al derecho a la propiedad privada, se hizo justicia; porque el Art. 115 de la CRBV especifica que toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes, siempre y cuando sean adquiridas legalmente como es el caso que nos ocupa. Por eso están recibiendo el respaldo de los voceros comunales y productores del campo que moramos en San Miguel y que invocamos el derecho de propiedad y el respeto al trabajo. Exigimos que se les permita cumplir con la actividad agroalimentaria, que es prioridad de este gobierno revolucionario. El corregidor boconés, como un solo gobierno, debe sumarse a esta explotación agrícola que de forma racional se reinicia luego de este mal rato por el que estuvieron atravesando y nosotros con ellos.

Derecho de permanencia

"Esto lo damos a conocer para que de una vez por todas cesen este tipo de atropellos que perjudican a la gente que realmente tiene vocación al trabajo agrícola, como el sucedido, cuando de forma ilegal el gobierno municipal ejerce una acción viciada de fondo. Solo esperamos que el Inti otorgue el derecho de permanencia de la señora Hernández Andrade, que es una agricultora y que pese a encontrarse enferma, de manera noble, continúa con mucha vitalidad aferrada al trabajo productor y que debe ser ejemplo para muchos venezolanos", dijo el abogado y profesor universitario Miguel Soto

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