miércoles, 24 de abril de 2019

Desertores de las FANB abandonados por Guaidó y que causaron disturbios, serán expulsados de Colombia.

Cientos de efectivos militares que desertaron a Colombia por pedido de Juan Guaidó corren el riesgo de ser expulsados del país ahora que su presencia en el departamento de Santander pasó de ser un activo a favor de la agenda de intervención militar en Venezuela, a una carga para las autoridades locales.
Eso se desprende de las declaraciones del coronel José Luis Palomino, comandante de la Policía de Cúcuta, quién se manifestó luego de las denuncias realizadas el pasado domingo por Willian Cancino, ex oficial de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), sobre un supuesto ataque armado contra el grupo de desertores hospedados en el hotel Villa del Rosario.
Palomino afirmó que no existió ningún ataque en el hotel. Señaló que fueron los ex militares quienes “participaron en desórdenes”, derivando en la decisión de revocar el estatus de refugiado a dos de ellos para deportarlos del país.
La “delegación” del autoproclamado Juan Guaidó en Colombia también emitió un comunicado negando que hubiesen ocurrido disparos en las instalaciones del hotel. Además, se desmarcó del altercado ocurrido, indicando que repudian “las intenciones que buscan subvertir la paz en la ciudad de Cúcuta”.
Este suceso se añade al escalamiento mediático que ha tenido la situación de los desertores en Colombia. Días pasados, habían anunciado una movilización hacia Bogotá para reunirse con el presidente Iván Duque, en vista del incumplimiento a las promesas hechas desde el equipo político de Guaidó.
Según los números suministrados por la Cancillería colombiana, hay 1.285 venezolanos entre ex militares y familiares, viviendo en cinco hoteles y dos albergues en condición de refugiados. La cantidad desmiente las estimaciones del senador Marco Rubio, que durante los primeros días de marzo aseguró que el 16% de toda la FANB, aproximadamente unos 30 mil efectivos, se habrían “desmarcado de Maduro”.
Son varias las quejas que han manifestado a la oposición venezolana y a sus representantes designados ilegalmente en Colombia. Una de ellas es que su estatus migratorio no ha sido modificado teniendo prohibida la salida del área metropolitana de Cúcuta.
Además en los últimos días, 600 de los ex militares reclamaron que estaban bajo amenaza de ser expulsados de los hoteles porque no ha sido pagada su estancia. Allí habían sido reubicados luego del desalojamiento de los albergues prestados por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en el mes de marzo.
Por otro lado, también advirtieron que el gobierno local los trata como una amenaza a la seguridad interna de la región, luego de que algunos de sus miembros  intentaran ser captados por grupos armados a cambio de dos millones de pesos colombianos.
Las propuestas que han recibido para integrar las estructuras criminales que operan en la zona, están vinculadas principalmente al narcotráfico, negocio común en el Norte de Santander, donde los índices de violencia hostigan a los habitantes.

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