Mi respaldo a la propuesta del lanzamiento de la plataforma para la Auditoría Pública y Popular.
Hemos estado esbozando, a lo largo de esta semana, una evaluación y apreciación sobre la compleja situación que hoy atraviesa nuestro país. Situación ésta llena de contradicciones que han aumentado luego de la pérdida física de Hugo Chávez, y que ha puesto nuestro proceso revolucionario a que en este punto del camino, se encuentre en una encrucijada y que deba entrar en una etapa de definiciones.Hemos abundado en las apreciaciones y ataques a los que hemos sido víctimas, no podemos negarlo, pero entre otras cosas que podemos aportar para complementar nuestros análisis y apreciaciones, tiene que ver con la cultura cuartarrepublicana de ser alérgico a las críticas, del burocratismo, la corrupción, la imposición e indolencia, que desde nuestras propias filas nos está haciendo muchísimo daño.
Con mucho respeto le preguntaría a nuestro Presidente Obrero y chavista Nicolás Maduro: ¿Este proceso revolucionario garantiza nuestros derechos, o por el contrario, es para repartir dádivas?. Esto me lo pregunto porque hay toda una percepción de que esta creciendo la anomia social típica de las transformaciones sin direccionalidad clara.
Pero, como lo señalábamos párrafos más arriba, la corrupción y el burocratismo son vicios mortales capaces de destruir los más hermosos proyectos sociales.
No puede haber en Venezuela una especie de sociedad y de reino del nepotismo donde hay abogados y abogadas que conocen muy bien las leyes y abogados y abogadas que conocen muy bien al juez o jueza y a los fiscales.
La batalla del conocimiento es definitivamente una batalla por el poder, y eso debemos entenderlo todas y todos. El socialismo exige un Hombre Nuevo y una Mujer Nueva, conocedor y conocedora, pero sobre todo, conscientes de la realidad que nos circunda y que vivimos.
Pero de lo que se trata también es de presentar propuestas y ser parte de la solución a nuestros problemas. Estoy convencido que pese a la tragedia histórica que representa la pérdida de un líder de la talla de Hugo Chávez, no esta pérdido esto, porque él nos dejó la mesa servida, instrumentos jurídicos y normativos para que el pueblo se vuelva y sea efectivamente Poder, pese a que desde la burocracia en innumerables oportunidades traten de cerrarnos la puerta para ello.
Y es ahí donde observando el portal aporrea.org me consigo con la propuesta de lanzar una plataforma para la Auditoría Pública y Ciudadana. Instancia impulsada por colectivos como Marea Socialista, la Red Venezolana contra las deudas y el capítulo Venezuela del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM-AYNA).
Sin duda, y como lo señala este Comité Impulsor en su manifiesto, la corrupción es una gran amenaza que ensombrece el presente y el futuro de los pueblos, sino veamos la cola que ha traído el Fifa gate, que nos ha salpicado a nosotros por las implicaciones del señor Rafael Esquivel, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, por manejos turbios y fraudulentos sobre derechos de transmisión y otras cosillas que Diego Armando Maradona develó en múltiples oportunidades. Sin duda que la corrupción es el caballo de troya que facilita la dominación política en esta etapa imperial actual y como nunca antes en la historia.
Pero también, es importante resaltar que nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 5 expresa: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.
Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”.Subrayado del articulista.
Este principio de democracia participativa y protagónica recorre transversalmente nuestra Carta Magna y en algunas incipientes normas de nuestra incipiente arquitectura jurídico política que estamos construyendo, pero creo importante también citar el artículo 70 de nuestro texto constitucional, que expresamente nos señala lo siguiente: “Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativas, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico: las instancias de atención ciudadana , la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad…”
Es decir, que a partir del contenido de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sancionada en 1999, la sociedad venezolana en general y los diferentes actores del quehacer político, económico, social y cultural adquieren una herramienta para justificar el tema de la participación ciudadana como un tema de interés para el desarrollo de la experiencia organizada de las comunidades, fortalecida por el uso de las leyes y la necesidad de involucrar al pueblo en la toma de decisiones que
afectan su presente y futuro como Nación que aspira a organizar los mecanismos institucionales que favorecen la democracia participativa.
En primer lugar, la participación se encuentra directamente relacionada con las diferentes opciones organizativas y las actividades que cumple el Estado, pensemos por ejemplo, en las políticas de descentralización, planificación y desarrollo económico y social. En segundo lugar, desde la perspectiva de la sociedad la participación se relaciona con elementos como la corresponsabilidad, la solidaridad, la organización de las comunidades, la defensa y protección de los derechos humanos y la educación ciudadana.
A la vista de estas consideraciones estaríamos hablando del ejercicio de una nueva cultura política marcada por la presencia activa de la ciudadanía en las decisiones de las diferentes instancias y poderes que concretan el Poder Público en nuestro país, que llevará tiempo para que se haga realidad es un hecho innegable, sin embargo esperamos que la herramienta legal propuesta sea de utilidad para avanzar hacia la meta deseada.
Si algo le debemos reconocer a Hugo Chávez, y forma parte de su legado, es que reconoció al pueblo como parte del poder, en la toma de decisiones, porque la oficina pública no puede seguir siendo un centro burocrático, un poder por encima del pueblo, sino que tiene que estar en absoluta concordancia con los intereses colectivos, pero no solo eso, esta ley por su naturaleza irradia su acción necesariamente al ámbito de lo privado, en lo que concierne a los bienes y servicios públicos, así como
las actividades que tengan injerencia con la paz social y la convivencia ciudadana, como un objetivo fundamental en el desarrollo y consolidación del nuevo Estado Democrático y Social, de Derecho y de Justicia.
La Contraloría Social en los actuales momentos, es uno de los escenarios o mecanismos para ejercer el derecho a la participación ciudadana en los asuntos públicos, privados y comunitarios, constituida por un conjunto de acciones vinculadas al seguimiento, evaluación, vigilancia y control, que puede ser activada o ejercida de manera individual o colectiva, teniendo como propósito garantizar que la gestión
pública, se realice de manera, eficiente y transparente, dentro del marco jurídico, libre de desviaciones o abuso de poder, que a su vez permita accionar las medidas cautelares, promover las correcciones y reorientaciones necesarias, pero no debe quedarse solo en lo económico, sino que debe ir más lejos y alcanzar además lo estructural, ético, organizativo, funcional, educativo y cultural, comunicativo, político, legal, fiscal, territorial, ecológico y humano.
Uno de los principales antecedentes de lo que hoy conocemos como Contraloría Social, lo encontramos en el ideario bolivariano. A través de los pensamientos de nuestro Libertador Simón Bolívar, se pueden apreciar en la evolución de los diferentes enfoques e implicaciones de la acción contralora popular.
Simón Bolívar señaló durante su discurso en el convento de San Francisco, en la ciudad de Caracas, el 02 de Febrero de 1814 que: “…La hacienda Nacional no es de quienes os gobiernan. Todos aquellos a los que habéis hecho depositarios de vuestros intereses, tienen la obligación de deciros el uso que de ellos han hecho…”.
Posteriormente en el Discurso de Angostura del 15 de febrero de 1819, Bolívar, va más allá de la simple rendición de cuentas, al afirmar que: “Es el deber de todo ciudadano vigilar sobre la legítima inversión de las rentas públicas en beneficio de la sociedad”. De esta afirmación se desprenden varios elementos claves de la actual contraloría social, primero que es un “deber” de cada ciudadano; en segundo lugar que ese deber se concreta, a través de la acción de “vigilancia” que debe ejercer todo ciudadano sobre las rentas públicas y en tercer lugar que tanto la hacienda pública como el ejercicio del deber de vigilar la misma, deben estar orientadas al “beneficio de la colectividad” que constituyen la sociedad en todo su conjunto.
Durante el mensaje a la Convención de Ocaña, Bogotá 29 de febrero de 1828 Bolívar sentenció: “La corrupción de los pueblos nace de la indulgencia de los tribunales y de la impunidad de los delitos”, “La impunidad de los delitos hace que éstos se cometan con mas frecuencia: al fin llega el caso en que el castigo no basta para reprimirlos”, “La corrupción y la impunidad son el camino mas corto para la pérdida de la moral pública”. Para Simón Bolívar, la gestión pública se fundamenta en el principio de la honradez al expresar durante el discurso ante el congreso Constituyente de Bolivia 25 de mayo de 1826 que: “Saber y honradez, no-dinero, es lo que requiere el ejercicio del poder público”. Igualmente en una carta dirigida al Francisco de Paula Santander, del 17 de agosto de 1.820 señala que “La mejor política es la honradez”.
El uso ineficiente, el despilfarro y la corrupción en el uso de los recursos públicos, son males que debilitan fundamentalmente a la revolución y tienen como aliados al burocratismo, el lujo, la mentira y a la injusticia, por eso hay que crear mecanismos poderosos para extirpar estos males, es un problema de cultura política, de mentalidades y de falta de participación ciudadana. Si no atacamos fuertemente estos males y en particular a la corrupción podemos volvernos sus cómplices. Debemos construir una capacidad especial para que el poder popular sea anticorrupto por excelencia, la contraloría social debe convertirse en una contraloría especial del poder popular que controle el manejo de los dineros del pueblo y de la manera o fines con que se utilizan los recursos privados. Los corruptos deben ser perseguidos y sancionados por la comunidad contralora; no es solo controlar lo comunal, los recursos
de los Consejos Comunales y Organizaciones Sociales, sino que es abrir las instituciones públicas al control directo del Poder Popular en cuanto al manejo de recursos en particular.
El ejercicio pleno de la Contraloría Social depende de la acción combinada del sector público y de las comunidades. De ambos actores, sin menoscabo de uno sobre otro se requiere de una actitud positiva. Corresponde al Estado la obligación de garantizar las condiciones operativas mínimas para que los ciudadanos y sus organizaciones puedan ejercer este derecho, sin trabas. De allí que el acceso a la información sobre la gestión programática de cada entidad oficial tiene que ser fácil y desprovisto de la interminables “formalidades burocráticas”.
La Contraloría Social, bajo el enfoque del ideario bolivariano queda expresada, como un deber y un derecho de todo ciudadano y en la obligación de rendición de cuentas públicas por parte de los funcionarios públicos. Los cuales se concreta, a través de la vigilancia y el control expresado mediante la activación de las los mecanismo propiamente de control (denuncias), porque de lo contrario pasaríamos a formar parte del sistema de complicidad, en donde tiene su origen la impunidad de los
delitos.
Las bases de nuestra Administración Pública deben consolidarse en base a políticas y programas que materialicen los postulados del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, de forma de darle mayor eficacia, eficiencia y efectividad a las políticas sociales de la Revolución.
Además de ello, se debe coadyuvar la acción del Ejecutivo Nacional y del resto de los poderes del Estado venezolano en la implementación de criterios organizativos en el sector público, para la construcción de una democracia protagónica y en ejercicio de la corresponsabilidad social, en plena ofensiva contra la corrupción, promoviendo de esta manera un modelo de inclusión social alternativo del pueblo y Estado venezolano.
Es por estas consideraciones, un tanto extensas, pero necesarias, que iniciativas como la creación de esta plataforma para la auditoría pública y ciudadana, aunque si los impulsores de esta propuesta me lo permiten, sustituiría el término ciudadana por popular, porque creo que es más nuestro y apropiado, cuenta con mi total respaldo.
Dios mediante, mañana sábado 30 de mayo a las 9:00 am, nos veremos en Colegio de Ingenieros.
¡Bolívar y Chávez viven, y sus luchas y la Patria que nos legaron siguen!
¡Hasta la Victoria Siempre!
¡Independencia y Patria Socialista!
¡Viviremos y Venceremos!
*Abogado,Activista por los DerechosHumanos,MilitanteRevolucionario y de la Red Nacional deTuiter@sSocialistas(RENTSOC).http://juanmartorano.blogspot.com/http://juanmartorano.wordpress.com/ jmartoranoster@g mail.com,j_martorano@hotmail.com ,juan_martoranocastillo@yahoo.com. ar. @juanmartorano (Cuenta en Tuiter).
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