Sin soberanía no hay socialismo
Por: Luis Britto García
1
El 2011 cierra con buenas y malas noticias. La buena: se reactiva el
intermitente Consejo de Defensa de la Nación. No queremos estar
supeditados a poderes externos. La pésima: la Cámara de Comercio
Internacional de Estados Unidos admite una de las demandas
interpuestas por la Exxon en el exterior contra Venezuela, y nos
condena a pagarle 907 millones de dólares. Estamos supeditados a
jueces extranjeros que juzgan y condenan a nuestro país, sin
importarles que la Constitución lo dote de soberanía: del poder de
darse sus propias leyes, de aplicarlas y de decidir las controversias
sobre ellas sin estar supeditado a poderes externos. La soberanía no
siempre se pierde porque extranjeros la arrebaten a la fuerza; también
muere porque los nacionales abdican de ella, convirtiéndose en cipayos
de los imperios y haciendo innecesaria la invasión. Sin soberanía no
hay Defensa.
2
Hay quien presenta como gran victoria para Venezuela el ser condenada
a cancelarle casi mil millones de dólares a una transnacional.
Victoria hubiera sido que condenaran a ésta a pagárselos a nuestro
país. O que los cancelaran los funcionarios que por su falta de
patriotismo y de respeto a la soberanía nos pusieron en manos de
cortes extranjeras, conjuntamente con los onerosos gastos que supone
llevar un proceso en el exterior. La Exxon por su parte alega que “el
arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) afecta a una
responsabilidad contractual limitada de Pdvsa por el acuerdo del
proyecto de Cerro Negro” y amenaza con otra demanda “más amplia” que
sigue su curso en el Centro Internacional para el Arreglo de
Diferencias sobre las Inversiones (CIADI), sucursal del Banco Mundial
que invariablemente sentencia contra nuestros países. Hace doscientos
años declaramos la Independencia, vale decir, la soberanía: el derecho
a juzgar con nuestros tribunales y según nuestras leyes las
controversias que afectan nuestros intereses públicos. Bolívar
defendió irreductiblemente ese derecho contra Estados Unidos, que
contrabandeaba armas a favor de los realistas y pretendía decidir con
sus tribunales nuestro derecho a decomisarle naves y pertrechos.
Nuestras constituciones desde 1901 reiteran que las demandas sobre
contratos de interés público sólo pueden ser decididas por nuestros
jueces y según nuestras leyes. En 1902 nos bloquearon y bombardearon
acorazados de Alemania, Inglaterra e Italia para arrebatarnos ese
derecho constitucional, que sigue vigente. Pero el 17 de diciembre de
2008 en la sentencia del expediente 08-0763, el Tribunal Supremo de
Justicia pretende anular el Acta de Declaración de Independencia al
sostener que para nuestro país “resulta imposible sostener una teoría
de la inmunidad absoluta” pues “se acogió al sistema de inmunidad
relativa”. Relativo es un magistrado que de tal forma ignora el
artículo 1 de la Constitución, según el cual “La República Bolivariana
de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su
patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz
internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Son
derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la
soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la
autodeterminación nacional”. Debemos designar jueces que crean en la
soberanía y en la inmunidad de jurisdicción de Venezuela. Sin
inmunidad de jurisdicción no hay soberanía.
3
Casi una treintena de demandas similares a la de la Exxon, por montos
que superan el de nuestras reservas internacionales, están
interpuestas ante tribunales y juntas arbitrales extranjeras. Algunas
fuentes estiman el monto total de los reclamos en 80.000 millones de
dólares. Funcionarios venezolanos permitieron esta abdicación de la
soberanía al incluir en los contratos respectivos cláusulas
inconstitucionales de sometimiento a jueces o árbitros de otros
países. Constantemente las autoridades venezolanas sancionan convenios
o leyes de Promoción y Protección de Inversiones que
inconstitucionalmente someten nuestro país a tribunales de
organizaciones dominadas por las grandes potencias, y a los cuales
éstas no se someten. Hay que derogar o denunciar todos los
instrumentos que pretenden anular el Acta de Independencia. Sin
soberanía no hay Independencia.
4
En virtud de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos,
Venezuela es repetidamente acusada por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos en Washington y condenada por la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, organismos a los
cuales Estados Unidos no está obligado a comparecer. Estas cortes
sentencian sobre cuestiones todavía no decididas por nuestras
autoridades internas, fundamentan sus veredictos en recortes de
prensa y suposiciones sobre hechos futuros e inciertos, e incluso
cuestionan las leyes sancionadas por nuestro soberano poder
legislativo. Hace poco suscribimos otra convención, esta vez contra la
Tortura. Gracias a ella, relatores extranjeros vendrán a
escudriñarnos como si fuéramos delincuentes y a juzgarnos ante
tribunales foráneos como si fuéramos criminales. Urge denunciar todos
los tratados que nos someten a esas jurisdicciones extraterritoriales,
o en todo caso crear órganos regionales en Unasur o en la Celac que
asuman sus funciones. Sin soberanía no hay Derechos Humanos.
5
Hace algún tiempo la Contraloría General de la República inhabilitó a
un político para participar en elecciones por decisión de que lo
declaró incurso en corrupción administrativa. No tardó la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos en habilitar al flamante
corrupto, abrogándose así la potestad de determinar quién puede y
quién no puede ocupar cargos públicos o participar en procesos
electorales en Venezuela. Si aceptamos esta insolencia, también
deberemos consultarle quién es el ganador de nuestras próximas
elecciones. Sin soberanía no hay Poder Electoral.
6
Vamos a explicarlo una vez más. El gobernar cualquier país comporta
decisiones que afectan a empresas nacionales y extranjeras. Si las
transnacionales se adjudican el derecho inconstitucional de hacer
invalidar por tribunales o árbitros extranjeros los actos de los
poderes públicos nacionales, éstos no podrán expropiar ni regular las
actividades económicas ni frenar la especulación ni proteger la
producción interna ni mantener el control sobre nuestros recursos
naturales ni negarse a cualquier solicitud de dichos consorcios, por
abusiva, disparatada, ilegal o inconstitucional que sea. La soberanía
popular sería sustituida por la soberanía de los tribunales y árbitros
extranjeros. Es el sueño dorado del imperialismo: reducir a colonias a
nuestros países sin tener que invertir en invasiones ni en bases
militares. Jamás hubo ejército de ocupación más eficaz que un bozal
jurídico atado por vendepatrias. Urge seguir el ejemplo de Bolivia y
de Ecuador, que se retiraron del CIADI. Ninguna revolución podrá
hacerse si para ello hay que pedirle permiso al Banco Mundial.
Sin soberanía no hay socialismo.
brittoluis@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario