HORA DE CAMBIOS

Chile: organizaciones ciudadanas celebran que Corte aceptara recurso contra El Dakar 2014

Pueblos Originario Unidos (POU), el Consejo Ayllu sin Fronteras, el Colegio de Arqueólogos, la Fundación Patrimonio Nuestro, y el abogado Luis Mariano Rendón calificaron el hecho como “un nuevo paso en contra del daño patrimonial indiscriminado que provoca el Dakar”. Como “una nueva puerta en contra del daño irreparable a nuestro patrimonio indígena, cultural y arqueológico". Para Ariel Léon Bacián, aymara, miembro de Pueblos Originarios Unidos (POU) “hoy, creemos que estamos en posición de detener el Dakar, o de restringirlo de tal manera que sea imposible que nuestros lugares históricos y sagrados no sean destruidos”. Paola González, arqueóloga, abogada y vicepresidenta del Colegio de Arqueólogos, señaló que “la participación en este recurso de los pueblos indígenas afectados es esencial, en cada competencia se ha dañado el patrimonio arqueológico indígena.” Rosario Carvajal, de la Fundación Patrimonio Nuestro cree que “este es un acto de justicia, pues ya llevamos años acreditando los daños, mediante informes del Consejo de Monumentos, y hemos recibido respuestas insatisfactorias de la justicia. Chile debe asumir su responsabilidad ante estos hechos. No puede olvidar su patrimonio, su historia, y no puede seguir ofendiendo a los pueblos indígenas, destruyendo sus lugares sagrados y cementerios”. Luis Mariano Rendón, coordinador de “Acción Ecológica” y  abogado patrocinante de los diversos recursos que se han interpuesto contra el Dakar desde el 2009  señaló que: “la responsabilidad está en manos de la Corte de Apelaciones de Santiago, a quien hemos solicitado dicte una Orden de No Innovar que obligue a la caravana del Dakar a correr por caminos existentes y señalizados y no permitir que crucen a campo traviesa nuestro territorio destruyendo todo a su paso. Si no se toman esos resguardos necesarios y nuevamente se daña nuestro patrimonio arqueológico, los tribunales quedarán en la condición de cómplices pasivos de una destrucción patrimonial de la que ya el Gobierno es coautor”.