¡PIERDE TU SEMESTRE, YA NOSOTRAS NOS GRADUAMOS!
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En su novela El juego de abalorios, Herman Hesse sueña una casa de estudios autónoma, Castalia, con tal poderío que administra toda una provincia universitaria. Pero el requisito para ingresar a su docencia es renunciar a toda labor creativa. En Venezuela Castalia tiene un nombre: el síndrome TMT (Todo Menos Tesis). Infinidad de profesores recurren a todo tipo de excusas para no presentar trabajos de ascenso ni tesis de grado. Con las honrosas excepciones del caso, no hay textos nuevos ni investigaciones trascendentes. Quizá las magras remuneraciones obligaban a los docentes a rebuscarse en otros trabajos para sobrevivir. Quizá Castalia no tiene verdaderamente nada que decir.
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En mi remota infancia, en la escuelita Antonio Ornés o la Experimental Venezuelala UCV , la de los Andes y la del Zulia desde 2012, la de Carabobo, la de Oriente, la Universidad Nacionalla UPEL desde 2009, la Centro Occidentalla Politécnica Antonio José de Sucre desde 2006 ¿Qué diría la oposición, que rige muchos de esos centros, si el gobierno retrasara consultas electorales por uno, cuatro o siete años?
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Alegan los celestinos que una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia les impide convocar a elecciones. No leen, o creen que los venezolanos no saben leer. La sentencia 104 de 10 de agosto de 2011 del Tribunal Supremo de Justiciaordena todo lo contrario, es decir: convocar al Consejo Universitario en 15 días hábiles, que éste en 30 días hábiles reforme el Reglamento de Elecciones de la Universidad Central
SEGUNDO: Se ORDENA a la Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela, suspender cualquier proceso electoral pautado, hasta tanto no se dicte el nuevo Reglamento de Elecciones Universitarias.
TERCERO: Se ORDENA a la Rectora de la Universidad Central de Venezuela, que en un lapso perentorio, que no podrá exceder de quince (15) días hábiles de la Universidad , contados a partir de la notificación del presente fallo, proceda a convocar al Consejo Universitario, para que ese órgano colegiado, dentro del lapso de treinta (30) días hábiles, reforme y publique el Reglamento de Elecciones de la Universidad Central de Venezuela, a fin de ajustar su contenido a las disposiciones de la vigente Ley Orgánica de Educación y a las consideraciones emitidas por esta Sala.
CUARTO: Se ORDENA que una vez sea reformado el Reglamento de Elecciones de la Universidad Central de Venezuela, se convoque al proceso de elecciones suspendido por esta Sala, en un lapso perentorio, que no podrá exceder de treinta (30) días hábiles dela Universidad contados a partir de la publicación del mencionado Reglamento en los medios oficiales y habituales de la Universidad.
Que setenta y cinco días hábiles puedan ser transformados en más de un año de retraso, o en cuatro o hasta siete años de mora en otras universidades que pretextan excusas similares, es alegato propio de quienes no sólo no saben leer sino tampoco contar. Plaga nuestros claustros el motorizado académico, que piensa que la ley es para los otros y no para él, y ejerce la solidaridad automática con todo el que la viola.
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En mi remota adolescencia, el director del Liceo de Aplicación, Miguel Ángel Pérez (hermano del entonces exiliado Carlos Andrés Pérez) fue de aula en aula advirtiéndonos que si seguíamos manifestando contra la dictadura, pondría el Liceo en manos del ministro de Relaciones Interiores. Quienes frecuenten las páginas de Wikileaks se enterarán de que: “La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha; la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES), Sara Levy, el vicerrector académico de la universidad, Nicolás Bianco, y el vicerrector administrativo, Bernardo Méndez, estuvieron entre las autoridades que acudieron a la Oficina de Asuntos Públicos de la embajada estadounidense en Caracas, en agosto de 2009, a manifestar preocupaciones por la Ley Orgánica de Educación que estaba a punto de aprobarse” (…) Según la embajada de Estados Unidos, "García Arocha indicó que la UCV lideraba un grupo de educadores y estudiantes para intentar detener la aprobación de la Ley de Educación, de la cual el ministro Héctor Navarro dijo que debía ser aprobada antes del inicio del nuevo año escolar en septiembre" (http://wikileaks.org/cable/2009/08/09CARACAS1034.html). Ahora las autoridades docentes discuten sus problemas, no con los payasos, sino con quien consideran amo del circo.
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En el Presupuesto de la Universidad Centralla Enseñanza se destina 19,67%, ala Investigación , 6,15%. Supongo que en otros institutos autónomos se distribuirán los gastos en forma parecida. No me canso de insistir en que esas cifras deberían estar en orden inverso: ante todo Investigación, luego Docencia, residualmente administración. Para ese año hay 8.510 docentes, 8.364 empleados administrativos, 2.864 obreros. El personal de apoyo supera ampliamente al docente: no se explica cómo descarga en él tareas netamente administrativas, como transcribir notas o inscribir alumnos. Con tales presupuestos, se explica que se atrase la rendición de cuentas, o que dependencias como la Fundación Universitaria
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¿Iluminará tantas penumbras conceder el voto paritario a empleados, obreros y estudiantes de las universidades autónomas? ¿Desconoce alguien que los primeros durante décadas han sido nombrados por las autoridades conservadoras? ¿Ignora alguno que un discriminatorio filtro socioeconómico reserva la mayoría de los cupos a niños lindos procedentes de institutos privados, de clase media y alta e ideología retrógrada? ¿Empleados, obreros o alumnos podrían decidir acertadamente si incluir en el pensum la Metamatemática o los Números Trascendentes? ¿Cuántos usarían su poder para otra cosa que para afirmar privilegios?
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Con plena conciencia de los problemas mencionados, el gobierno comenzó sistemáticamente a crear nuevas universidades llamadas Bolivarianas hasta elevar a 72 el número total de institutos de estudios de tercer nivel, e incrementó la matrícula a partir de 668.109 educandos en 1998 hasta 2.135.146 en 2007 (OPSU) y más de dos millones y medio en la actualidad, para situarnos en el quinto lugar mundial y en el segundo en América Latina de porcentaje de estudiantes de grado. En su inmensa mayoría éstos estudian gratuitamente, mientras la matrícula en los institutos privados se dispara a 35.000 bolívares por semestre. Esta decisiva ampliación del tercer nivel educativo plantea novedosos retos. En primer lugar, reconocer la estabilidad de los docentes en los nuevos institutos, y evitar algunos de los desvíos de las universidades preexistentes. En segundo lugar, armonizar la oferta de carreras y de cupos con las necesidades de los planes de desarrollo del país. En tercer lugar, desterrar el ritual de la lección magistral para ejercicio memorístico y fábrica de apuntes y reestructurar radicalmente los procesos de enseñanza y aprendizaje como investigación conjunta del conocimiento aplicando a fondo los recursos de la informática y la educación a distancia. En cuarto, redefinir derechos y deberes del graduado ante la sociedad que le proporciona educación gratuita.
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En otros tiempos, las Universidades autónomas iniciaban conflictos para cambiar el país; ahora los pretextan para no cambiar ellas mismas. Ambos requieren radical transformación: convertir la Universidad en país y el país en Universidad. No se lo logrará con paros convocados por el primer gremio que reconoció al dictador Carmona, ni regateando aumentos concedidos de antemano mientras se prolongan las vacaciones. Lo único que se consigue así es lo que declara el afiche donde aparecen Mariaco Machado y la rectora García Arocha exclamando: “Pierde tu semestre ¡Ya nosotras nos graduamos!”
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