José Vicente Rangel /
El espejo: La oposición que no es
Lo peor que le puede pasar a un país democrático es no contar con una oposición responsable, que tenga un sólido anclaje moral. Una oposición que no cultive valores esenciales como el respeto a la ley y a la institucionalidad, es una calamidad. Cuando se da esta situación, la primera baja es la sociedad. Los ciudadanos, independientemente de dónde se ubiquen —en particular la oposición, y, obviamente que el Gobierno—, son severamente afectados. En este sentido, uno de los problemas que más ha perjudicado al proceso bolivariano, es no haber contado con una oposición respetuosa de las reglas de juego, verdaderamente democrática.
La oposición que se estructuró, luego del colapso del puntofijismo, afloró con todas las lacras que acumuló por más de 40 años en el poder y, además, obsesionada por el odio al chavismo. El revanchismo fue otro de los rasgos de la política destinada a acabar con el proceso recién iniciado, así como el desprecio por las instituciones surgidas a partir de 1999 y su rechazo biliar a la legitimidad de la revolución bolivariana.
¿Qué ocurrió entonces? Que esa oposición se metió por el atajo de la conspiración. Lo hizo tan pronto Chávez arribó a Miraflores, y persistió en esa actitud. Pese a las consecuencias lamentables que le acarreó, como pasó con el golpe del 11-A, el sabotaje petrolero, el terrorismo y el tutelaje de EE UU. En esa posición de total desconocimiento del Estado de derecho y rechazo a las políticas sociales del proceso bolivariano, está la clave de todo cuanto ha venido ocurriendo a partir de 1999. Porque la oposición nunca entendió que a un gobierno surgido de la voluntad popular —expresada en comicios libres y democráticos— había que enfrentarlo con los recursos que consagra la Constitución. En cambio, optó por la senda equivocada: la de la conspiración permanente.
Esta actitud condujo a la oposición, fatalmente, a incurrir en el siniestro episodio de la guarimba del 2014, como respuesta a la clara victoria electoral del sucesor de Chávez, Nicolás Maduro. Intento desesperado por acabar con el proceso constitucional, democrático y de cambio social, empleando para ello las prácticas violentas más abyectas, recurriendo a todo tipo de personajes —mercenarios, paramilitares, etc—, guíado por un liderazgo mediocre y sin principios. Con el horrendo crimen cometido en la persona de Liana Horqueta reventó la cloaca por donde circula esa política irracional, ofertada al país como alternativa.
Personajes claves en la ejecución de las prácticas criminales empleadas durante la guarimba, reaparecieron ahora vinculados a partidos y figuras de oposición. Lo que revela la degradación que afecta al sector. Lo confirma su actitud ante lo sucedido: la banalización de los hechos y la acusación contra el Gobierno de inventarlos, como ya lo hicieron cuando el golpe del 11-A, el sabotaje petrolero, el terrorismo y la guarimba. En todo estuvieron metidos, pero lo niegan. Definitivamente no son oposición verdadera. Son otra cosa. Pero oposición democrática, jamás.
La línea difusa. Resulta una burla grotesca a los venezolanos la manera cómo reaccionan dirigentes de oposición —no todos—, y comentaristas y analistas que los siguen.
La reacción se repite. Consiste en negar lo que es evidente: la participación en hechos que han conmovido al país. Ejemplo: esa cúpula ha colaborado con todas las acciones para violar la Constitución y alterar, con claros fines golpistas, el orden democrático; ha contribuido al deterioro de la economía y a sembrar terror en las calles. Sus integrantes estuvieron presentes en Miraflores, rodeando a Carmona, disfrutando del “éxito” de derrocar al presidente constitucional Hugo Chávez. Dignatarios de la iglesia, empresarios, dirigentes políticos, líderes sindicales, corearon aquella patética “victoria”.
Luego negarían haberlo hecho. Cínicamente dirían que fueron a Palacio a curiosear. Sin embargo, las televisoras que estuvieron en la movida captaron sus rostros eufóricos por la hazaña que avalaban con su presencia. Después negarían su participación en le golpe petrolero que paralizó la industria y generó desabastecimiento y caos. La más reciente proeza de esa cúpula para acabar con el Estado de derecho, fue la guarimba del año pasado. Cuatro meses de terror, de ensayo de novedosas tácticas de lucha urbana —las cuerdas tendidas para dar muerte a motorizados— y la destrucción de bienes de la nación. Por la oposición y de sus amigos, tampoco hubo condena.
Unos justificaron lo sucedido, y, otros, guardaron silencio. Con motivo del asesinato de Liana Herqueta y del entramado descubierto después del crimen, en el cual se mezclan delincuentes y políticos, se repite la historia. Pese a los apabullantes testimonios y pruebas, los voceros políticos que aparecen vinculados a los asesinos, callan. Unos, más cínicos, se atreven a decir que se trata de maniobras del Gobierno para desacreditar a la oposición; otros, en cambio, con cierta pudicia, omiten decir algo y optan por evadir el tema. En fin, la desmemoria como recurso para evadir la verdad. O bien, el trazo de una línea difusa entre política y delito.
*Claves secretas
Los planes de los asesinos de Liana Herqueta desbordan cualquier calificación por exagerada que parezca. Incluían un listado de personalidades políticas de relieve y de sus familiares como víctimas, igual a las que provocó la guarimba. ¿Qué se necesita para que los testimonios que existen generen, al menos, una actitud de repudio?
Lo único que pide el país a las personas que aparecen vinculadas a los criminales en diversas acciones, compartiendo actos públicos y jactándose de esa relación, es un deslinde sin ambigüedad.
Que esos sectores de oposición digan, de una vez por todas, que no tienen nada que ver con los personajes involucrados y con sus planes. Que si alguna vez coincidieron en determinadas circunstancias, lo lamentan…
De lo contrario, si el deslinde no se produce; si persisten en acogerse al silencio; si omiten pronunciarse y recurren a excusas absurdas, como calificar la trama delincuencial que operó durante las guarimbas del 2014 —y se mantiene activa— de ejercicio del derecho a manifestar, hay que pensar que no lo hacen por temor al chantaje proveniente de sus propias filas. Es decir, que los implicados podrán revelar conexiones y hechos, pasados o presentes, aún más graves: secretos macabros que el país empieza a conocer. Uno de ellos, el plan para secuestrar y asesinar a Daniela, la hija de Diosdado. Pero la oposición calla o sostiene que todo es falso. ¿Por qué no creer en lo que trasciende? ¿Acaso para algunos la política es una extensión del crimen?…
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