Colombia: ¿Qué va a pasar con los presos de las Farc?
ANNCOL – Desde el inicio de los diálogos de paz en Cuba, la guerrilla le ha solicitado al gobierno la libertad de los reclusos que se encuentran en grave estado de salud. Sin embargo, poco se ha hablado del tema.
En noviembre de 2014 se emitió el primer comunicado por parte de la guerrilla solicitando la libertad de los reclusos enfermos, varias oenegés han respaldado la petición del grupo insurgente. Por parte del gobierno no se ha obtenido pronunciamiento alguno.
Colombia tiene 156.924 personas en la cárcel. Según algunas oenegés, de ésas, 9.500 son presos ‘políticos’ y de guerra. Aunque no se tiene un censo estimado sobre la población guerrillera reclusa, cientos de excombatientes permanecen privados de la libertad en las siete cárceles de máxima seguridad del país bajo los delitos de rebelión, terrorismo, entre otros.
El pasado diciembre, a raíz de la muerte en prisión de Ramón Emilio Mallarino, Alexander Giraldo Parra, Luis Carlos Riazcos y Jaime Alberto Aroca Lucuara, las Farc emitieron un comunicado para denunciar la falta de atención en salud y los tratos inhumanos a los cuales han estado sometidos los guerrilleros. De igual manera, señalaban la importancia de discutir el régimen penitenciario y la crisis humanitaria que atraviesan varias cárceles del país.
A ellos se suma la reciente muerte del ex combatiente Pedro Rosas Pérez, quien se encontraba recluido en la cárcel de Acacías, Meta y, a raíz de constantes quebrantos de salud, fue trasladado a Bogotá por el INPEC para que recibiera atención médica. No obstante, el pasado 14 de febrero falleció en circunstancias que aún no se han podido esclarecer.
Ante esta situación, en julio de este año, se dio a conocer una carta firmada por varios académicos, defensores de derechos humanos e intelectuales de corte internacional (entre ellos Noam Chomsky y Adolfo Pérez Esquivel) donde se solicita al gobierno la libertad de 71 presos ‘políticos’ de la guerrilla. La misiva señala que las condiciones en las que están privados de la libertad agravan las condiciones de salud en las que se encuentran y vulneran la vida humana.
“En el agravio a lo más elemental de su dignidad humana está agraviada la humanidad toda y en nombre de esa humanidad es que venimos a pedir la urgente libertad de estas personas sin ninguna otra consideración que la defensa de la dignidad humana que no solo es arrasada para los que sufren la situación de tortura permanente que entraña esta situación sino también para quienes se ven llevados a realizar estas acciones deshumanizantes”, se lee en el comunicado. (Lea aquí la carta).
La pugna jurídica
Sin embargo, no es tan sencillo conseguir la libertad de las personas que han sido juzgadas por los delitos de rebelión, sedición, asonada o los que han sido capturados en combate. Como ya lo había señalado VerdadAbierta.com, a partir de varios juristas consultados, la jurisprudencia colombiana es débil para especificar qué es un delito político y qué no, o cuáles son los delitos conexos (ver: Delito político: ¿Qué tanto se puede estirar?) .
Por ahora, según la Corte Constitucional, la noción de delito político se entiende como “aquellas conductas que, por graves motivos de conveniencia pública, el Congreso, por votación calificada, determine que son hechos punibles, amnistíables o indultables”, con lo cual se eliminó el artículo 127 del Código Penal que establecía que “los rebeldes o sediciosos no quedarán sujetos a pena por los hechos punibles cometidos en combate, siempre que no constituyan actos de ferocidad, barbarie o terrorismo”.
Hecho que para July Henríquez Sampayo, experta en litigio penal penitenciario y coordinadora nacional de la Fundación Lazos de Dignidad, agrava la situación de los presos políticos, de ahora en adelante el porte de armas, las capturas y muertes en combate se van a juzgar como crímenes comunes, con lo cual se destruye la noción clásica del delito político.
Ante ello, en diálogo con VerdadAbierta.com, Mark Burton, defensor de derechos humanos y actual abogado de ‘Simón Trinidad’ (integrante del Estado Mayor de las Farc y preso en una cárcel de los Estados Unidos), señaló que las fallas en la jurisprudencia colombiana, en lo que respecta a los delitos políticos, se han enredado en discusiones políticas que perjudican directamente a los reclusos. “La actualidad de los diálogos de paz deben llevar al gobierno a no solo re-definir el concepto para las personas que están hoy en día en las conversaciones sino también para los cientos de reclusos de la guerrilla, de los cuales hasta ahora poco se ha hablado”, puntualizó el abogado.
En otras partes del mundo el tratamiento de los presos de guerra también ha sido objeto de discusiones jurídicas y políticas. Por ejemplo, durante el proceso de paz con el Ejército Republicano Irlandés (IRA) salieron de prisión 433 ex combatientes, a los cuales se les dio amnistía en un proceso de justicia que duró cinco años, solamente luego de la firma del acuerdo ‘Viernes Santo’ en 1998.
Para el caso colombiano se espera que la construcción del Marco Jurídico para la Paz contemple la necesidad de darle un nuevo tratamiento a los delitos de guerra y de lesa humanidad, y a su vez se puedan establecer nuevos mecanismos de justicia que permitan la inclusión y participación de excombatientes.
La situación carcelaria
Señalan diversas ONG´s que una de las quejas más frecuentes al interior de los centros penitenciarios por parte de los reclusos de las guerrillas es que, aparte de compartir patio con paramilitares y delincuencia común, tanto el INPEC como Caprecom no son diligentes con los requerimientos de atención en salud. Foto: archivo Semana – Vanguardia.
Desde el año 2013 la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al presidente Juan Manuel Santos para que declarara el estado de emergencia social, consagrado en el artículo 215 de la Constitución Política, por la situación de derechos humanos dentro de las cárceles del país. Según el Movimiento Nacional Carcelario, el panorama no ha cambiado y, por el contrario, se ha agravado al punto de tener muertos al interior de los centros de reclusión.
“El hacinamiento carcelario en Colombia alcanza el 58,3%, una cifra sin precedentes en la historia reciente del país y en algunas cárceles llega hasta niveles del 400% como ocurre en Riohacha o del 147% como el registrado en la cárcel Modelo de la capital del Atlántico”, se lee en la carta que emitió el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora al gobierno nacional.
Los 71 casos reseñados en la carta, emitida por las diferentes organizaciones de derechos humanos, coinciden en señalar que además de las condiciones en las que se encuentran los presos, sus familias han sido objeto de presión par parte de agentes del Estado para obtener información sobre miembros de la guerrilla y de persecución por parte de grupos paramilitares, como la situación de Diego Fernando López Jaramillo, quien fue capturado el 4 octubre del año 2000.
“Se encuentra en condición de discapacidad por pérdida de sus manos, tiene una prótesis en su ojo izquierdo a causa de una granada de fragmentación que le destrozó el ojo y presenta cuadros continuos de hipotermia”, dice la carta. Además, los abogados defensores aseguran que se ha solicitado la intervención de la Procuraduría Regional del Cauca y otras instancias de control, quienes compulsan oficios ante el Comité de Ética Médica sin recibir respuesta alguna.
Algo similar sucede con las mujeres reclusas. Nancy Isabel Salcedo Navarro fue capturada en diciembre de 2007 y condenada por el delito de rebelión, fue diagnosticada con depresión severa luego de sus primeros años en el centro penitenciario de ‘La vega’ en Sincelejo, Sucre: “recientemente estuvo recluida por un largo periodo en la Clínica Nuevo Ser de Sincelejo y trasladada a la Clínica Reencontrarse de la ciudad de Barranquilla”.
No es una situación que hasta ahora se denuncie y no son los únicos casos que se deben tomar como prioritarios. Está el caso de personas de tercera edad, dice Esteban Sierra, miembro de la corporación Solidaridad Jurídica, quien además señala que “el sistema penitenciario lleva más de una década en una crisis humanitaria en al cual el INPEC y Caprecom se han tirado la ‘pelota’ para echarse culpas y restarse responsabilidades para la atención de los reclusos”.
Los autores de la carta están dispuestos a trasladarse – según ellos- a los centros de reclusión de cada uno de los presos para “constatar, junto al gobierno colombiano y representantes de las agencias internacionales de preservación de los derechos humanos”.
Aunque no exista posición oficial del gobierno sobre la discusión del tema de los presos de guerrilla, varios de los voceros de las ONG´s consultados por VerdadAbierta.com señalan que ya se ha hablado del tema y se ha avanzado en materia de verificación por parte de organismos internacionales sobre la situación carcelaria. Queda esperar que al cierre del nuevo ciclo de conversaciones se tenga una postura oficial por parte del gobierno.
Colombia tiene 156.924 personas en la cárcel. Según algunas oenegés, de ésas, 9.500 son presos ‘políticos’ y de guerra. Aunque no se tiene un censo estimado sobre la población guerrillera reclusa, cientos de excombatientes permanecen privados de la libertad en las siete cárceles de máxima seguridad del país bajo los delitos de rebelión, terrorismo, entre otros.
El pasado diciembre, a raíz de la muerte en prisión de Ramón Emilio Mallarino, Alexander Giraldo Parra, Luis Carlos Riazcos y Jaime Alberto Aroca Lucuara, las Farc emitieron un comunicado para denunciar la falta de atención en salud y los tratos inhumanos a los cuales han estado sometidos los guerrilleros. De igual manera, señalaban la importancia de discutir el régimen penitenciario y la crisis humanitaria que atraviesan varias cárceles del país.
A ellos se suma la reciente muerte del ex combatiente Pedro Rosas Pérez, quien se encontraba recluido en la cárcel de Acacías, Meta y, a raíz de constantes quebrantos de salud, fue trasladado a Bogotá por el INPEC para que recibiera atención médica. No obstante, el pasado 14 de febrero falleció en circunstancias que aún no se han podido esclarecer.
Ante esta situación, en julio de este año, se dio a conocer una carta firmada por varios académicos, defensores de derechos humanos e intelectuales de corte internacional (entre ellos Noam Chomsky y Adolfo Pérez Esquivel) donde se solicita al gobierno la libertad de 71 presos ‘políticos’ de la guerrilla. La misiva señala que las condiciones en las que están privados de la libertad agravan las condiciones de salud en las que se encuentran y vulneran la vida humana.
“En el agravio a lo más elemental de su dignidad humana está agraviada la humanidad toda y en nombre de esa humanidad es que venimos a pedir la urgente libertad de estas personas sin ninguna otra consideración que la defensa de la dignidad humana que no solo es arrasada para los que sufren la situación de tortura permanente que entraña esta situación sino también para quienes se ven llevados a realizar estas acciones deshumanizantes”, se lee en el comunicado. (Lea aquí la carta).
La pugna jurídica
Sin embargo, no es tan sencillo conseguir la libertad de las personas que han sido juzgadas por los delitos de rebelión, sedición, asonada o los que han sido capturados en combate. Como ya lo había señalado VerdadAbierta.com, a partir de varios juristas consultados, la jurisprudencia colombiana es débil para especificar qué es un delito político y qué no, o cuáles son los delitos conexos (ver: Delito político: ¿Qué tanto se puede estirar?) .Por ahora, según la Corte Constitucional, la noción de delito político se entiende como “aquellas conductas que, por graves motivos de conveniencia pública, el Congreso, por votación calificada, determine que son hechos punibles, amnistíables o indultables”, con lo cual se eliminó el artículo 127 del Código Penal que establecía que “los rebeldes o sediciosos no quedarán sujetos a pena por los hechos punibles cometidos en combate, siempre que no constituyan actos de ferocidad, barbarie o terrorismo”.
Hecho que para July Henríquez Sampayo, experta en litigio penal penitenciario y coordinadora nacional de la Fundación Lazos de Dignidad, agrava la situación de los presos políticos, de ahora en adelante el porte de armas, las capturas y muertes en combate se van a juzgar como crímenes comunes, con lo cual se destruye la noción clásica del delito político.
Ante ello, en diálogo con VerdadAbierta.com, Mark Burton, defensor de derechos humanos y actual abogado de ‘Simón Trinidad’ (integrante del Estado Mayor de las Farc y preso en una cárcel de los Estados Unidos), señaló que las fallas en la jurisprudencia colombiana, en lo que respecta a los delitos políticos, se han enredado en discusiones políticas que perjudican directamente a los reclusos. “La actualidad de los diálogos de paz deben llevar al gobierno a no solo re-definir el concepto para las personas que están hoy en día en las conversaciones sino también para los cientos de reclusos de la guerrilla, de los cuales hasta ahora poco se ha hablado”, puntualizó el abogado.
En otras partes del mundo el tratamiento de los presos de guerra también ha sido objeto de discusiones jurídicas y políticas. Por ejemplo, durante el proceso de paz con el Ejército Republicano Irlandés (IRA) salieron de prisión 433 ex combatientes, a los cuales se les dio amnistía en un proceso de justicia que duró cinco años, solamente luego de la firma del acuerdo ‘Viernes Santo’ en 1998.
Para el caso colombiano se espera que la construcción del Marco Jurídico para la Paz contemple la necesidad de darle un nuevo tratamiento a los delitos de guerra y de lesa humanidad, y a su vez se puedan establecer nuevos mecanismos de justicia que permitan la inclusión y participación de excombatientes.
La situación carcelaria
Señalan diversas ONG´s que una de las quejas más frecuentes al interior de los centros penitenciarios por parte de los reclusos de las guerrillas es que, aparte de compartir patio con paramilitares y delincuencia común, tanto el INPEC como Caprecom no son diligentes con los requerimientos de atención en salud. Foto: archivo Semana – Vanguardia.
Desde el año 2013 la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al presidente Juan Manuel Santos para que declarara el estado de emergencia social, consagrado en el artículo 215 de la Constitución Política, por la situación de derechos humanos dentro de las cárceles del país. Según el Movimiento Nacional Carcelario, el panorama no ha cambiado y, por el contrario, se ha agravado al punto de tener muertos al interior de los centros de reclusión.
“El hacinamiento carcelario en Colombia alcanza el 58,3%, una cifra sin precedentes en la historia reciente del país y en algunas cárceles llega hasta niveles del 400% como ocurre en Riohacha o del 147% como el registrado en la cárcel Modelo de la capital del Atlántico”, se lee en la carta que emitió el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora al gobierno nacional.
Los 71 casos reseñados en la carta, emitida por las diferentes organizaciones de derechos humanos, coinciden en señalar que además de las condiciones en las que se encuentran los presos, sus familias han sido objeto de presión par parte de agentes del Estado para obtener información sobre miembros de la guerrilla y de persecución por parte de grupos paramilitares, como la situación de Diego Fernando López Jaramillo, quien fue capturado el 4 octubre del año 2000.
“Se encuentra en condición de discapacidad por pérdida de sus manos, tiene una prótesis en su ojo izquierdo a causa de una granada de fragmentación que le destrozó el ojo y presenta cuadros continuos de hipotermia”, dice la carta. Además, los abogados defensores aseguran que se ha solicitado la intervención de la Procuraduría Regional del Cauca y otras instancias de control, quienes compulsan oficios ante el Comité de Ética Médica sin recibir respuesta alguna.
Algo similar sucede con las mujeres reclusas. Nancy Isabel Salcedo Navarro fue capturada en diciembre de 2007 y condenada por el delito de rebelión, fue diagnosticada con depresión severa luego de sus primeros años en el centro penitenciario de ‘La vega’ en Sincelejo, Sucre: “recientemente estuvo recluida por un largo periodo en la Clínica Nuevo Ser de Sincelejo y trasladada a la Clínica Reencontrarse de la ciudad de Barranquilla”.
No es una situación que hasta ahora se denuncie y no son los únicos casos que se deben tomar como prioritarios. Está el caso de personas de tercera edad, dice Esteban Sierra, miembro de la corporación Solidaridad Jurídica, quien además señala que “el sistema penitenciario lleva más de una década en una crisis humanitaria en al cual el INPEC y Caprecom se han tirado la ‘pelota’ para echarse culpas y restarse responsabilidades para la atención de los reclusos”.
Los autores de la carta están dispuestos a trasladarse – según ellos- a los centros de reclusión de cada uno de los presos para “constatar, junto al gobierno colombiano y representantes de las agencias internacionales de preservación de los derechos humanos”.
Aunque no exista posición oficial del gobierno sobre la discusión del tema de los presos de guerrilla, varios de los voceros de las ONG´s consultados por VerdadAbierta.com señalan que ya se ha hablado del tema y se ha avanzado en materia de verificación por parte de organismos internacionales sobre la situación carcelaria. Queda esperar que al cierre del nuevo ciclo de conversaciones se tenga una postura oficial por parte del gobierno.
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