HORA DE CAMBIOS

Jiménez Blanco se llevó la clave de los 43 normalistas

> El líder comunitario descubrió 60 cadáveres de estudiantes y, aunque no pertenecían a los normalistas, evidenciaron ejecuciones extrajudiciales 

Con los restos del líder comunitario Miguel Ángel Jiménez Blanco, sepultados en un pueblito de Xaltianguis (Guerrero), su municipio natal, se perdieron pistas clave para resolver el crimen de “los 43” normalistas de Ayotzinapa, que desde hace casi un año mantiene en tensión a la opinión pública mexicana y mundial.

Antes de ser asesinado de dos disparos dentro del taxi que conducía rumbo a su hogar, Jiménez, de 45 años, descubrió dos importantes coincidencias en Cocula. La primera: 100 fosas comunes y 60 cadáveres de estudiantes que –según las autoridades– no formaban parte del grupo de normalistas de Ayotzinapa, pero son, hasta ahora, la única prueba sólida de que los cuerpos de seguridad practicaron ejecuciones extrajudiciales.

La segunda coincidencia es que Cocula fue el último lugar donde fueron vistos los 43 normalistas de Ayotzinapa. Desde el día de las detenciones masivas, el 26 de septiembre de 2014, Jesús Murillo Karam, el ahora removido procurador general de la República (PGR) mantenía sepultada toda esperanza de justicia por falta de pruebas: “Todos los cadáveres fueron incinerados”, recalcaba.

Así estaban las cosas hasta que Miguel Ángel Jiménez Blanco, ya conocido como “el descubridor de fosas”, expresó: no hay pruebas de delito por el caso Ayotzinapa, pero, ¿cómo explica la PGR los cadáveres de los 60 estudiantes en Cocula? Tras esta convicción, Jiménez fundó y dirigió la organización Los otros desaparecidos, pero sin perder de vista a los normalistas de Ayotzinapa.

 “Los 43 “están en cocula

Miguel Ángel Jiménez siempre estuvo convencido de que los cuerpos de “los 43” están en Cocula, en algún lugar cercano o distante de sus últimos hallazgos, según declaró al diario local La Opinión.

Al hacerse pública su teoría, la dinámica criminal en Ayotzinapa hizo que las amenazas contra su vida se multiplicaran.
Plácido Valerio, líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), quien le encomendó encabezar el movimiento Los otros desaparecidos, declaró que el dirigente asesinado poseía información relevante sobre “los 43”.

“El 17 de julio de 2015 se reunió con el alto comisionado de las Naciones Unidas para dar seguimiento a este caso. Fue en ese momento que se pidieron medidas cautelares para proteger a Miguel”, dijo.

Valerio no explicó cuál era el alcance de las medidas, y ninguna de las fuentes consultadas por Ciudad CCS aclaró cómo ni cuándo fueron aplicadas.

Tampoco informaron qué actividades había realizado la víctima en Acapulco, desde donde recorrió casi 40 kilómetros hasta llegar al sitio donde fue interceptado y tiroteado. Lo cierto es que nadie –salvo los autores– observaron el crimen.

Funeral Y conversatorio

Frente al ataúd color café con cuatro cirios blancos que guardaba los restos, flanqueado por un altar con imágenes católicas, arreglos y coronas florales, familiares y amigos intercambiaron ideas, revelaciones y testimonios.

Julia Alonso, funcionaria de Ciencia Forense del Estado de Guerrero, sostuvo que el asesinato fue producto de la venganza de los secuestradores y narcotraficantes que Miguel Ángel combatió y echó. “Los criminales decían abiertamente que era una ofensa que Miguel anduviera paseándose”, añadió.

“El mago de Oz, que ayudó a las familias a tener valor y salir a buscar a los cerros, que Dios te tenga en su gloria, fuerza y fortaleza a tu familia; y que la semilla que sembró en los que salen a buscar a su familiar no los paralice el miedo”, rezaba un mensaje de la organización fundada por Jiménez, integrada por mujeres de unas 300 familias que cada domingo se reúnen para localizar los restos de sus familiares. Hasta ahora, según sus activistas, han reportado a las autoridades 129 cuerpos para su identificación, pero aún no han obtenido resultados.

En una breve entrevista, la viuda de Jiménez, Silvia, narró que se enteró de la tragedia por los taxistas. Ninguna autoridad de la Fiscalía General del estado se había comunicado con ellos. “No, no vino nadie. Nosotros lo recogimos, porque no es un animal, lo levantamos y lo trajimos. Silvia recordó que apenas 15 días antes, su esposo comenzó a trabajar con su taxi en la línea Las Cruces-Xaltianguis, para lograr el sustento familiar. “Era honesto, pero también orgulloso”, comentó.

“Esta muerte ocurre en un clima desbordado de violencia en el cual se tiende a criminalizar a las organizaciones populares y humanitarias”, aseguró Román Hernández, portavoz del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, del estado de Guerrero.

Liderazgo y obstáculos

De todos los voluntarios, Miguel Ángel Jiménez Blanco fue el más productivo, el más activo y respetado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México, que lo acompañó en varias excavaciones, algunas de ellas misteriosamente fallidas.

En una ocasión, Jiménez solicitó la presencia de funcionarios del gobierno estatal y federal para examinar unos pozos en Cocula.

“Los peritos vinieron y, cuando estaban en la búsqueda, la bomba que estaba sacando el agua se descompuso y se suspendió temporalmente la extracción. Luego, cuando regresaron, Miguel se dio cuenta de que los cuerpos ya no estaban”, recuerda Plácido Valerio.

Sin embargo, Jiménez no era un aprendiz. Su intuición estaba respaldada por la experiencia acumulada desde la década de los 90, en Colombia, donde trabajó como periodista, según declaró a la BBC el miércoles anterior a su deceso.

Ante el acoso de los carteles de la droga, el líder social también fundó en 2013 un grupo de autodefensas que pertenecía a la Unión de los Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), con el fin de combatir a los narcotraficantes en Xaltianguis. En mayo del 2014, el Gobierno decidió disolver esta organización para que sus integrantes pasaran a formar parte de un nuevo cuerpo oficial de policía rural.

Además, el líder comunitario desarrolló una investigación contra la corrupción electoral municipal en Xaltianguis, e impulsó un sistema de seguridad en esa región. Por causa de esa iniciativa, recibió amenazas de muerte por parte de las bandas delictivas.

Entre la dignidad y el soborno

En los primeros días de agosto, Felipe de la Cruz, vocero de los padres de “los 43”, reveló otro capítulo del drama. “Las autoridades ofrecieron más de un millón de pesos para que dejen de exigir la aparición con vida de sus hijos. También nos han ofrecido casas, automóviles, de todo”, declaró el portavoz ante medios locales.

“Les hemos dicho: es preferible dar la vida a vender a nuestros jóvenes, (ellos) no tienen precio. Si el Gobierno de México piensa que sobornando nos va a callar, están equivocados”, reiteró.

Uno de los muchos activistas que rechazaron los sobornos fue Miguel Ángel Jiménez Blanco. CNN México destacó que pocos días antes de su muerte confesó lo siguiente: “Yo manejo ahora un taxi porque de algo tengo que vivir, darle de comer a mi familia, pero aquí la cosa está fea y me llena de rabia, otra vez hay gente mala aquí. Algo tenemos que hacer, porque no le puedo dejar esto a mis hijos, si algo le pasa a uno de mis hijos no me lo voy a perdonar”. Jiménez dejó esposa, seis hijos, –el más pequeño de tres meses de edad– y su única herencia: el taxi y una misión por terminar.

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Científicos desmienten tesis del Gobierno

Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desmintieron la hipótesis de la Procuraduría General de la República (PGR), de que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron quemados en el basurero de Cocula, Guerrero.

“Es imposible que hayan sido quemados en Cocula, y la autoridad está en un serio problema, porque si no se quemaron en Cocula, ¿quién los quemó y dónde los quemaron?”, preguntó Jorge Montemayor, investigador titular del Instituto de Física de la institución educativa. Explicó que para cremar 43 cadáveres se requieren 33 toneladas de troncos de cuatro pulgadas de diámetro, es decir, dos trailers de leña y 53 kilogramos de gas por cada cuerpo. La incineración requería un mínimo de mil 425 y mil 540 grados centígrados de calor, lo que provocaría una columna visible desde varios kilómetros. Una operación de semejante magnitud habría dejado muchísimos rastros, aseguró. La tesis oficial dada a conocer por el Gobierno no tiene sustento lógico ni científico, agregó el científico Jorge Montemayor.