HORA DE CAMBIOS

ORGANIZACIÓN DE CLASE FRENTE 

A LOS OLP

La nueva carta del gobierno para detener la violencia se llama Operativos de Liberación del Pueblo (OLP), donde se combinan distintos cuerpos de seguridad, tanto de orden (PN y la GNB), como cuerpos tácticos y de inteligencia, SEBIN y DIM, así como comandos especiales que hacen uso de última tecnología para, según el discurso del gobierno, ponerle fin a las bandas criminales y paramilitares que operan en el país. Hasta ahora las OLP han contado con la aceptación general de la población, en un momento donde el hampa ha desbordado la capacidad de control por parte del Estado y no ha dejado opción sino a su ataque frontal y definitivo.

Debemos entender los OLP no como invento de estos tiempos, si no como una consecuencia del  proceso de descomposición del Estado y la sociedad venezolana que en su desarrollo de la mano del sistema capitalista, arrastra los vicios propios de la anarquía que genera el sistema.

En 16 años de historia de la quinta República (así como también en la cuarta), la violencia, la criminalidad se han convertido en una prueba inequívoca de nunca haber roto con el capitalismo, de hecho, la delincuencia ha aumentado año tras año como si fuese una consecuencia inherente a la existencia de la Revolución Bolivariana, digamos más bien a las políticas cada vez más neoliberales desarrolladas por la Revolución Bolivariana. Sabemos que la criminalidad es un fenómeno propio del sistema capitalista y que se  incuba en el seno de la división de clases, haciéndose cada vez más profunda en estados donde la desigualdad, la discriminación, la explotación infantil, las miserables condiciones en que vive la clase trabajadora, la corrupción, la burocracia, la impunidad, la falta de acceso a servicios básicos, la existencia de una sociedad que basa su vida en el consumo, entre muchísimos factores han penetrado a todos los niveles de la vida de las personas, lo vives desde el sistema educativo, el entretenimiento hasta el accionar de las instituciones del Estado como el sistema judicial.

De manera que pensar acabar con la criminalidad sin cambiar el sistema resulta utópico, y en el marco del capitalismo solo con una violencia mayor los gobiernos consiguen contener el problema. Hemos visto pasar en este tiempo un sin fin de planes para intentar controlar la criminalidad en el país y los mismos, reflejan cada vez más la incapacidad de resolver el problema: así hemos asistidos al aumento de dotación de las fuerzas de orden ya existentes, vehículos, armamento, tecnología; lo cual no resolvió el problema si no que muchos  de estos equipos fueron a parar a manos criminales o fueron usados de forma criminal por los mismos funcionarios; también se impulsó el aumento de la cantidad de funcionarios  y la profesionalización de las fuerzas de orden con la creación de la PNB y la Universidad de la seguridad, de la cantidad pasaron a propuestas más tácticas con la participación de todas las fuerzas en los cuadrantes de seguridad y también en la búsqueda de incorporación de ciudadanos a las labores de seguridad con las vocerías de seguridad, últimamente se intentó la negociación con las bandas criminales para la repartición de zonas de acción a través de las “Zonas de Paz”, creando verdaderos espacios de control criminal; y finalmente la combinación de todo lo anterior, pasando por encima toda la ley procesal penal burguesa y principios de DDHH, convertidas en OLP con un accionar más desproporcionado.

Ahora bien, los OLP aparecen claramente hoy como una medida de “solucionar” en forma pragmática el problema de la criminalidad buscando obtener resultados lo más efectivos y rápidos posibles  de cara a las elecciones parlamentarias de diciembre, atacando así una de las dos principales quejas de la población, el otro gran malestar de la población es el desabastecimiento a lo cual ya Diosdado Cabello ha dicho claramente que se le debe aplicar OLP a los bachaqueros, culpándolos del problema mientras salvan de responsabilidad a los empresarios venezolanos; este accionar hoy te deja en evidencia el fracaso de los planes de seguridad anteriores así como la ineficacia de la estructura judicial venezolana en la cual impera la corrupción y la impunidad; que va desde el funcionario policial hasta los jueces del país.

La situación de represión a la que estamos llegando hoy  refleja la pérdida de capacidad del gobierno para ejercer control sobre la población con los métodos considerados normales burgueses; el gobierno es finalmente el que tiene la responsabilidad ante la burguesía de mantener el orden del Estado para garantizar que se dé el hecho productivo, es decir que los empresarios sigan explotando a la clase trabajadora, la actual crisis venezolana que hoy se está reflejando en la escasez, alta inflación, inseguridad crea un ambiente inestable para el desarrollo normal de la economía y amenaza  con salirse de control, de manera que el gobierno comienza a desarrollar e implementar métodos cada vez más reaccionarios para garantizar el control sobre la sociedad y la economía venezolana. Por eso esto de los OLP no deben ser visto como menor cosa, en todo caso es una política más acabada de un conjunto de medidas represivas que el gobierno vienen implementado de hace tiempo.

Con los OLP también quedan ocultos los verdaderos responsables de esta situación en el país, ya que finalmente serán las personas que han incurrido en la criminalidad los grandes causantes de los problemas del país sin que caigan: quienes les venden las armas al delincuente, el funcionario que permite el paso de contrabando, los grandes narcotraficantes, los empresarios que sacan del país mercancía hacia otros países o finalmente quienes han tenido en sus manos el poder para cambiar la realidad de este país y han hecho de él una fiesta de saqueo y corrupción. Así los OLP están empleando su accionar contra las consecuencias del problema y no contra los actores y responsables de toda esta situación.

Si entendemos de esta manera la existencia de los OLP podemos entender entonces los procesos que le antecedieron o los que hoy están  desarrollándose, las OLP van contra la criminalidad que hoy es un problema electoral y de control para el estado, pero mañana esta política se irá trasladando hacia todos aquellos espacios que cuestionen el orden, es decir si mañana se ve amenazada la empresa petrolera por una huelga obrera la respuesta del gobierno será más contundente contra ellos y de hecho ya hemos visto algunos ensayos con los llamados “Escudos Bolivarianos”, donde las practicas fueron para garantizar la producción ante amenazas internas.

El gobierno sigue avanzando en una política represiva, afinando, desarrollando y entrenándose en instrumentos que le permitan mantener el control frente a cualquier sector social que pretenda cuestionar el orden imperante, hoy han desarrollado los OLP pero la estructura represiva la hemos probado de distintas maneras y a diferentes escalas como por ejemplo en el marco legal: cuando han aprobado leyes que impiden la huelga de trabajadores en empresas consideradas estratégicas, la subordinación del accionar de los trabajadores a la decisión de las inspectorías del trabajo (nueva LOTTT), en el accionar estamos viendo intervención contra campesinos que hacen tomas de tierra, acoso a trabajadores en empresas tomadas, sicariato como el del cacique Sabino Romero en la lucha por tierras, impunidad ante el asesinato de más de cien dirigentes sindicales, represión a los indígenas que luchan contra la explotación de las carboneras en la guajira, desaparecidos como el caso de Alcedo Mora por denunciar corrupción del gobierno. Todos estos son claros indicios primeramente del nivel de descomposición del gobierno, la pérdida de control sobre el país y el avance hacia una política más represiva sobre la clase trabajadora.

La clase trabajadora no puede poner en manos de los responsables de la crisis y de mantener el capitalismo en pie, la solución al problema de la seguridad. Esta experiencia de los OLP será un aprendizaje para mañana arremeter contra aquel que cuestione el control del estado sobre la población, mañana será un accionar (que ya hemos comenzado a ver) contra las protestas del pueblo, contra los cuestionamientos a la política del gobierno y contra cualquier intento de impulsar una propuesta diferente, los órganos represivos del estado son para defender los intereses de la clase que tiene el poder y esto nunca debemos olvidarlo. La clase trabajadora debe darse para si una estructura que le permita garantizar su seguridad, no solo del desarrollo de todos los vicios que el capitalismo reproduce dentro de sí, como el contrabando, la droga, la venta de armas, entre otros; si no para defender legítimamente los derechos adquiridos y los beneficios ganados al sistema, y esto a todos los órdenes, porque no es menos violento el que pretende convertir el barrio en un mercado de droga, del militar que la deja pasar por la frontera, al burgués que se está haciendo rico con el negocio del contrabando. Experiencia de organización popular hemos visto en países como México donde la gente se organizó en Michoacan para combatir a los carteles del narcotráfico y aquí en Venezuela en su momento, en sectores populares de Caracas, se organizaron para combatir la delincuencia, llegando a reducirla  a “0”, resultados no visto con ningún plan de seguridad.

La clase trabajadora debe desarrollar milicias y cuerpos de seguridad que funcionen tanto en las comunidades como en la empresas, en las empresas para controlar todo el proceso productivo y de distribución para derrotar la situación de acaparamiento, contrabando y bachaqueo que está sufriendo la población; en las comunidades para derrotar la criminalidad así como los negocios ilegales que proliferan en los barrios y finalmente son beneficio de burgueses, como es el negocio de la droga, la venta de armas, el secuestro, entre muchos.

Adrian Ortiz – Militante de la CSR-ETO