Explotación de minerales en zonas de conflicto
Búsqueda de oro por mineros en el Congo.
AFP PHOTO / JOSE CENDON
Estaño, tungsteno, oro y tantalio son minerales empleados en la fabricación de teléfonos móviles y computadoras. Los yacimientos se encuentran sobre todo en zonas de conflicto en Africa - tales como el este del Congo - controladas por milicias armadas.
En esta región, los grupos armados de oposición controlan vastas zonas geográficas y explotan sus recursos minerales, cobrando directamente las ganancias de su comercio: "es una fuente de financiación muy importante que pueden utilizar para comprar armamento, para mantener a su propia tropa, para mantener esta guerra de larga duración", según explica Gerardo Ríos, coordinador del equipo de empresas de Amnistía Internacional en España.
Estos grupos no siempre han controlado la explotación minera. El punto de partida de tal estado de cosas se sitúa al inicio de la guerra de 1998 en el Congo. Miguel Angel Prieto, experto en el asunto y miembro de la organización Justicia y Paz, aclara que la presencia gubernamental en esas regiones ya era débil antes de la guerra y que el conflicto arrasó fácilmente con la poca institucionalidad existente: "por tanto ha sido la guerra el desencadenante de esa pérdida de control del Estado de la actividad económica ligada a las minas".
Hoy las milicias controlan todas las etapas de producción de los mencionados minerales, incluyendo la exportación.
Para Moisés Kambere, representante de una agrupación de asociaciones de derechos humanos en el Congo, la solución debe venir del propio país y no del exterior, "de una voluntad del gobierno congolés de poner orden".
La solidaridad con el país comienza a perfilarse en Europa con una nueva normativa, que obligará a las empresas a declarar el origen de sus aprovisionamientos. Sin embargo, ello no garantiza que todas las industrias europeas implicadas en este comercio la apliquen.
Entrevistados: Gerardo Ríos, coordinador del equipo de empresas de Amnistía Internacional, España; Miguel Angel Prieto, especialista, miembro de la organización Justicia y Paz; Moisés Kambere, representante de una agrupación de asociaciones de derechos humanos en el Congo.
Estos grupos no siempre han controlado la explotación minera. El punto de partida de tal estado de cosas se sitúa al inicio de la guerra de 1998 en el Congo. Miguel Angel Prieto, experto en el asunto y miembro de la organización Justicia y Paz, aclara que la presencia gubernamental en esas regiones ya era débil antes de la guerra y que el conflicto arrasó fácilmente con la poca institucionalidad existente: "por tanto ha sido la guerra el desencadenante de esa pérdida de control del Estado de la actividad económica ligada a las minas".
Hoy las milicias controlan todas las etapas de producción de los mencionados minerales, incluyendo la exportación.
Para Moisés Kambere, representante de una agrupación de asociaciones de derechos humanos en el Congo, la solución debe venir del propio país y no del exterior, "de una voluntad del gobierno congolés de poner orden".
La solidaridad con el país comienza a perfilarse en Europa con una nueva normativa, que obligará a las empresas a declarar el origen de sus aprovisionamientos. Sin embargo, ello no garantiza que todas las industrias europeas implicadas en este comercio la apliquen.
Entrevistados: Gerardo Ríos, coordinador del equipo de empresas de Amnistía Internacional, España; Miguel Angel Prieto, especialista, miembro de la organización Justicia y Paz; Moisés Kambere, representante de una agrupación de asociaciones de derechos humanos en el Congo.
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