¿Por qué Venezuela se retira de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
Salim Lamrani
Opera Mundi
El 28 de julio de 2012, el presidente Hugo Chávez hizo partícipe de su decisión de retirarse de la Comisión Interamericana de los derechos humanos, tras el fallo que condena a Venezuela por malos tratos a un detenido sancionado por terrorismo y que se fugó a Estados Unidos. Caracas denuncia un veredicto político.
El 24 de julio de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo pública su decisión de condenar al Estado venezolano de ser “internacionalmente responsable por la violación del derecho a la integridad personal y por los tratos inhumanos y degradantes en perjuicio del señor Raúl José Díaz Peña”. La instancia juzgó que “su detención habría sido ilegal y arbitraria y habría estado sometido a un régimen de detención preventiva que habría sobrepasado los límites establecidos en la ley penal, invocando una presunción de peligro de fuga”. La CIDH también condenó al Estado venezolana a indemnizar a Díaz Peña con 15.000 dólares.[1]
¿Quién es Raúl José Díaz Peña?
Raúl José Díaz Peña es un prófugo venezolano de la justicia severamente sancionado por los tribunales por terrorismo y refugiado en Estados Unidos. En 2003, Venezuela vivía una situación de polarización política extrema tras el golpe de Estado abortado contra el presidente democráticamente elegido Hugo Chávez y el sabotaje petrolero que costó a la economía venezolana la suma de 10.000 millones de dólares. Ambos fueron organizados por la oposición con el apoyo explícito de Estados Unidos que había reconocido a la junta golpista de Pedro Carmona Estanga, entonces presidente de Fedecámaras –organización que agrupa los intereses económicos del país– y actualmente refugiado en Colombia.
El 25 de febrero de 2003, una facción radical de la oposición compuesta de Felipe Rodríguez, José Colina Pulido, Germán Varela López, Silvio Mérida y Raúl José Díaz Peña, decidida a derrocar a Hugo Chávez, colocó varias bombas en el Consulado General de la República de Colombia y en la Embajada de España. El objetivo era acusar de los atentados terroristas a los partidarios del presidente venezolano, los cuales habrían actuado en represalia por la decisión de Bogotá y de Madrid de reconocer a la efímera junta golpista de abril de 2002.[2]
No obstante el plan fracasó, pues las autoridades del país arrestaron a Díaz Peña y sus cómplices ese mismo día. Tras su juicio, el 29 de abril de 2008, la justicia venezolana lo condenó en primera instancia a 9 años y 4 meses de cárcel por terrorismo. En mayo de 2012, un juez decidió conceder un régimen de semi-libertad a Díaz Peña y le permitió pasar los fines de semana con su familia y ejercer una actividad profesional. En septiembre de 2010, Díaz Peña huyó y se refugió en Estados Unidos.[3]
¿La CIDH, una jurisdicción independiente?
Órgano jurídico de la Organización de Estados Americanos, entidad bajo fuerte influencia de Estados Unidos –a tal punto que los países de América Latina y el Caribe decidieron crear la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en diciembre de 2011, con el fin de emanciparse de la sombra tutelar de Washington y de su fiel aliado canadiense –, la CIDH es sospechosa de parcialidad hacia los gobiernos de izquierda en América Latina.
Así, contra todo pronóstico, a partir de 2005 la CIDH aceptó estudiar el caso de Díaz Peña a petición de la Venezuela Awareness Foundation, una organización de la oposición a Hugo Chávez. Ahora bien, para poder analizar un asunto, los estatutos de la entidad interamericana estipulan que se deben agotar primero todos los recursos jurídicos del país de origen, lo que no es el caso para Díaz Peña. Es la primera vez en la historia de la justicia interamericana que la CIDH acepta estudiar el caso de un individuo condenado por terrorismo en su propio país, prófugo de justicia y cuyo juicio sigue abierto, en violación de su propia Convención. Hasta hoy, la CIDH no ha dado explicaciones al respecto.[4]
Nicolás Maduro, canciller venezolano, expresó su consternación y anunció que su país se retiraría de la organización. “Es lamentable haber tenido que dar este paso, pero Venezuela se ha visto obligada, dadas las decisiones aberrantes y abusivas que se han tomado contra nuestro país durante 10 años. Ningún país de Europa ni Estados Unidos aceptarían que la CIDH protegiera a un terrorista”, declaró[5] La diplomacia venezolana acusa a la entidad de “complicidad con la política de Washington de protección a los terroristas” y exigió “que apliquen los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad en el examen de las cuestiones de derechos humanos”.[6]
En efecto, desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, la CIDH multiplicó las decisiones e informes desfavorables a Venezuela, en proporciones ampliamente superiores al resto de América Latina. Así, desde su creación en 1959 y hasta la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, la CIDH sólo emitió cinco decisiones condenando las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. En cambio, entre 2000 y 2012, la CIDH condenó a Caracas 36 veces. Así, en el espacio de 12 años, la CIDH condenó a Venezuela 7 veces más que durante los 40 años anteriores, marcados por exacciones de todo tipo y particularmente el Caracazo del 27 y 28 de febrero de 1989, sublevación popular contra la vida cara, que el ejército y la policía reprimieron en sangre, dejando un saldo de 3.000 civiles asesinados[7].
Por otra parte, durante el golpe de Estado de 2002, la CIDH, como Estados Unidos, reconoció abiertamente a la dictadura de Pedro Carmona en una carta que Santiago Antón, entonces secretario de la CIDH, dirigió a ése[8]. Maduro no dejó de recordar este episodio que arroja una sombra sobre la credibilidad y la fama de la entidad interamericana: “La Comisión reconoció a los golpistas y negó el apoyo al presidente Hugo Chávez”.[9]
El presidente Chávez confirmó que su país se retiraría de la CIDH.[10] “Venezuela se retira de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por dignidad y la acusamos ante el mundo de ser indigna de llevar ese nombre de derechos humanos apoyando al terrorismo”, subrayó.[11] La CIDH “ni siquiera nos llam[ó] para consultarnos. Aquí hubo un juicio, una condena, hay testigos de que ese terrorista le puso bombas a la embajada de España y de Colombia, eso se comprobó”, agregó.[12]
La reacción de Estados Unidos
Por su parte, Washington fustigó la decisión de Caracas. Victoria Nuland, portavoz del Departamento de Estado declaró que “Venezuela estaría enviando un mensaje profundamente lamentable acerca de sus compromisos con los derechos humanos y la democracia” al resto del continente, si se retirara de la jurisdicción de la CIDH. Nuland alabó la entidad interamericana y expresó su respeto por ella.[13]
No obstante, la posición de Estados Unidos no está exenta de contradicciones. En efecto, contrariamente a todos los países de América Latina, Estados Unidos, así como Canadá, siempre se ha negado a someterse a la jurisdicción de la CIDH y no reconoce su autoridad pues estima que viola su soberanía nacional.
La reciente decisión de la CIDH relativa a Venezuela suscita varias interrogantes. ¿Por qué la CIDH aceptó estudiar el caso Ruiz Peña antes que se agotaran todos los recursos en Venezuela, violando así su propia Convención? ¿Cuáles fueron las motivaciones que llevaron a los magistrados a emitir una decisión favorable a un individuo que los tribunales venezolanos condenaron severamente por terrorismo y que es prófugo de justicia refugiado en Estados Unidos? ¿Acaso son políticas o jurídicas? ¿Acaso habría estudiado el caso si Ruiz Peña fuera colombiano, mexicano o chileno? ¿Cuál fue el papel de la CIDH en el golpe de Estado contra Hugo Chávez y la democracia venezolana en abril de 2012? En una palabra, ¿es la CIDH imparcial con respecto a Venezuela?
*Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, Salim Lamrani es profesor encargado de cursos en la Universidad Paris-Sorbonne-Paris IV y en la Universidad Paris-Est Marne-la-Vallée y periodista, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Su último libro se titula Etat de siège. Les sanctions économiques des Etats-Unis contre Cuba, París, Ediciones Estrella, 2011, con un prólogo de Wayne S. Smith y un prefacio de Paul Estrade. Contacto:lamranisalim@yahoo.fr
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