Honduras:
Un llamado urgente Osvaldo León y Sally Burch
ALAI AMLATINA,
ALAI AMLATINA,
Tras el retorno de Honduras a la Organización de Estados Americanos (OEA), en las esferas y organismos internacionales ya no se habla de ese país, bajo el supuesto de que estaría en curso un proceso de normalización, cuando en la realidad la situación de violación de los derechos humanos es incluso más grave que en el marco del Golpe de Estado. Sin embargo, no se ha establecido mecanismo alguno de seguimiento.
Ecuador fue el único país que se opuso al retorno de Honduras al organismo regional, exigiendo el cumplimiento previo de los requisitos mínimos establecidos tanto en el informe de la Comisión de Alto Nivel de la propia OEA como en el acuerdo de Cartagena. Por esta razón fue el país escogido para la visita de una Misión de organizaciones sociales hondureñas que busca poner el tema de Honduras nuevamente en la agenda política de la comunidad internacional.
En tal perspectiva, esta iniciativa de diplomacia popular espera que sobre todo los gobiernos progresistas que votaron a favor del reintegro de Honduras a la OEA asuman su responsabilidad respecto a lo que está pasando en este país, pues con ese voto tácitamente legitimaron el “primer golpe de Estado del siglo XXI”.
Durante la visita (15 - 17 de noviembre), organizada por CODHES y otros organismos de derechos humanos, la delegación hondureña conformada por seis integrantes dialogó tanto con autoridades como con organizaciones sociales ecuatorianas. ALAI también sostuvo un intercambio compartido con Bertha Cáceres, dirigenta del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), y Joaquín Mejía, abogado e investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación en Radio Progreso. Esto fue lo que nos dijeron.
- Pregunta de cajón: ¿cuál es el propósito y alcance de esta Misión de organizaciones populares?
JM.- El objetivo principal es intentar poner el tema de Honduras nuevamente en la agenda política de la comunidad internacional pues estamos asistiendo a un deterioro permanente en materia de derechos humanos y, sin embargo, nos han dado las espaldas. En el marco del Golpe de Estado las violaciones a los derechos humanos eran realizadas de manera pública y manifiesta, pero desde la llegada al poder de Porfirio Lobo Sosa, las violaciones han pasado a ser una especie de baja intensidad; esto es, programadas, selectivas, etc.
De manera específica, hacemos un llamado a los gobiernos progresistas que legitimaron el golpe de Estado cuando dijeron que Honduras puede retornar a la OEA a pesar de una situación de gravedad en materia de DD.HH., para que asuman su responsabilidad y en coherencia del compromiso con la solidaridad del que tanto hablan, planteen seriamente algún tipo de monitoreo sobre la situación de Honduras en el marco de UNASUR, ALBA, CELAC e incluso la misma moribunda OEA, para que se tomen medidas inmediatas, porque es una cuestión urgente que se está saliendo de las manos de todos los actores, incluso del propio Lobo Sosa.
- Dices que hay un deterioro paulatino de la situación de DD.HH., ¿Es en todo el país o en ciertas zonas, como por ejemplo en el Aguán?
JM.- Es en todo el país, lo que pasa es que hay zonas donde la institucionalidad del Estado es prácticamente inexistente y lo que hay está al servicio de los terratenientes, como pasa en el Aguán. Como decía ahora las violaciones a los DD.HH. se dan bajo lo que podríamos llamar de baja intensidad; es decir, se está asesinando, persiguiendo, etc. a líderes y lideresas que tienen un perfil medio, pero lo suficiente como para impactar y provocar medio y también lo suficiente como para no implicar un escándalo más a nivel internacional. Entonces, ahí hay unos patrones sistemáticos que se están siguiendo: seguimientos, asaltos a oficinas de organizaciones o de personas, robo de computadoras portátiles y de todos estos aparatos con información y por otro lado, por ejemplo, más de una decena de periodistas han sido asesinados. Ni siquiera en el marco del Golpe de Estado asesinaron a tantos periodistas.
Por otro lado, algo que no se vio tan crudo en el marco del Golpe de Estado fue la desaparición forzada de personas. El Comité de Familiares de Desaparecidos Detenidos en Honduras (COFADEH) ha documentado 14 personas desaparecidas hasta el momento, algunas de ellas son líderes del Frente Nacional de Resistencia. Hay testigos que vieron que la policía los detuvo, se los llevó, y desaparecieron.
Además, continúan los asesinatos y evidentemente en el Aguán se registra la mayor cantidad: ya van 55 campesinos y campesinas asesinados, y luego otros líderes y lideresas o miembros del Frente Nacional de Resistencia. A eso se suma que continúan las detenciones ilegales, las torturas y otros tratos inhumanos. Porque evidentemente lo que el golpe de Estado hizo fue destruir la poca institucionalidad que se había construido en casi tres décadas de democracia "formal". Entonces ante una institucionalidad debilitada, evidentemente quienes copan posiciones son los poderes fácticos: económicos, militares, religiosos que están controlando el país.
Podemos igualmente ver que el golpe de Estado sigue ahí al constatar que sus dinamismos están presentes actualmente. Toda la estructura del golpe está completamente intacta. La Corte está ahí mismo, el Fiscal General de la República está ahí, el Obudsman está ahí, en el Congreso Nacional -son 128 diputados/as- 75 son los mimos que dieron el golpe de Estado; por lo tanto están promoviendo leyes que tienen que ver con la concesión y la venta del territorio, la criminalización a la protesta social, la reducción de las garantías constitucionales, la entrega de las facultades policiales a los militares, como está sucediendo ahora, quienes declararon al golpista Micheletti como diputado vitalicio, al estilo Pinochet, una figura que no existe en la Constitución de la República.
Por otro lado uno ve también en las decisiones políticas de Lobo Sosa, que mientras crea un Ministerio de Derechos Humanos, encaminado a lavar la imagen internacional del régimen, por otro lado nombra al general Romeo Vásquez que dio el golpe de Estado como gerente general de Hondutel, la empresa de telecomunicaciones que en materia de inteligencia militar es fundamental. Nombra a otro de los miembros de la junta de comandantes como director de la Dirección General de Migración y Extranjería, otra institución clave; aeronáutica civil… y podemos mencionarles todas las instituciones claves que en el proceso de desmilitarización de la sociedad de los años 90 se les quitaron a los militares, y que ahora en el gobierno de Lobo Sosa se les está entregando nuevamente.
De modo que los dinamismos del golpe están intactos, sin que se inmuten, a pesar de que están documentadas las graves violaciones a los derechos humanos. De hecho, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que es oficialista, reconoció que en Honduras lo que se han cometido son crímenes de lesa humanidad. No están hablando de simples delitos, y por eso es que la fiscalía y la Corte Penal Internacional anunciaron un examen preliminar sobre Honduras, al igual que Colombia, lo que evidencia que hay una institucionalidad completamente fracasada y cautiva y secuestrada por esos sectores que dieron el golpe.
- A inicios de diciembre se oficializará la existencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). ¿Han contemplado hacer llegar a ese foro este llamado que están propiciando?
BC.– En nuestro Primer Encuentro Nacional contra la Militarización ya acordamos plantearle a la CELAC que no colabore con el régimen, en términos de financiación, de cooperación, en el tema de seguridad particularmente, ya que estos fondos servirían al régimen para fortalecer las estructuras y esa política represiva de militarización que se ha agudizado; y también la ocupación de EE.UU. en nuestro país. Y en tal sentido esperamos ser escuchados/as en ese espacio, ya que pretende contrarrestar las políticas hegemónicas.
La intervención de EE.UU. en Honduras va como por los 100 años. Avanza con todos sus intereses de enclave de transnacionales sobre los bienes naturales: petróleo, minería, biodiversidad, nuestros bosques, la riqueza hídrica, incluso cultural. Y esto ha hecho que EE.UU. no solo tenga la base militar de Palmerola, sino que se haya desplazado inmediatamente después del golpe a construir más bases militares en regiones indígenas; por ejemplo, en Caratasca, en Mocorón, en Puerto Lempira, a ocupar totalmente dos ríos muy importantes para los pueblos indígenas, que son el Río Patuca y el Río Plátano, donde andan las lanchas de las tropas gringas, y también la otra base que está en el departamento insular de Islas de la Bahía. Y prevemos que podrían activar otras dos bases militares que funcionaron en territorio lenca, ya que se trata de un proyecto de seguridad para Centroamérica, que fortalece el Plan Mérida y que no es otra cosa que el Plan Colombia.
- A propósito de Colombia, país con el cual el régimen viene desarrollando mecanismos y acuerdos de cooperación, ¿Cómo catalogan esta relación bilateral específica?
BC.- A tres días de la toma de posesión de Lobo, llegó Uribe a Honduras y firmaron un acuerdo de cooperación en seguridad y también hay acuerdos comerciales con Colombia. Pero además de los intereses puramente económicos, está la presencia del Ejército colombiano que ha hecho operaciones en Honduras como Ejército, además de la presencia paramilitar colombiana, que asesoró el golpe de Estado y está entrenando tropas para sacar delaciones bajo tortura. Hay una copia de la política de seguridad democrática de Colombia hacia Honduras y están exportando no solo paramilitares, sino también toda una política de saqueo; incluso nosotros nos hemos encontrado en nuestros territorios con la presión de transnacionales mineras de capital colombiano y de EEUU. Es una combinación que para nosotros, claro, lo hemos denunciado, ahí está creciendo además con todo el proceso de la privatización de la seguridad y creo que la presencia del Ejército y el paramilitarismo colombiano van a crecer.
- Decías que Honduras vive una situación que se le está saliendo de las manos incluso al presidente Lobo. ¿Cuál es el margen real de maniobra de Lobo?
JM.- Desde que él llegó al poder está tan solo como lo estaba Mel Zelaya en su último día de gobierno. Si algo tiene de mando es únicamente en la Casa Presidencial, como se ha visto últimamente con la cuestión del involucramiento de la policía en el crimen organizado y en la ejecución de jóvenes.
Casa Alianza ha documentado que desde el 98 hay casi 6 mil ejecuciones extrajudiciales de niños, niñas y jóvenes menores de 23 años. Sólo en octubre de este año fueron asesinados unos 65 jóvenes, el 70% menores de 18 años con los mismos patrones de ejecución extrajudicial tal como lo plantea Naciones Unidas.
Pero sucede que el 21 y 22 de octubre, miembros de la policía asesinaron a 2 jóvenes universitarios. Uno era el hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma, que fue integrante de esta Comisión de la Verdad oficialista, y entonces eso destapó la suciedad. Lobo inicialmente dijo que son unas manzanitas podridas que hay en la Policía, pero como se trata del hijo de la rectora, una persona que ha estado a favor del régimen, se ha llegado a un punto en el cual ya no se puede ocultar lo evidente. De hecho están suspendiendo a algunos oficiales, cambiando policías, en un intento por lavar la imagen, pero sin llegar al fondo del asunto del involucramiento serio de la policía en los crímenes, no solo de jóvenes, de niños y de niñas, sino que también en los feminicidios.
Ahora que a Lobo se le fue de las manos, que ya no puede negar esa realidad del involucramiento de la policía en el crimen organizado, entonces a los militares, los que dieron el golpe, se les está presentando como los "salvadores de la patria", como los que ya fueron los "salvadores de la democracia" y como aquellos que tienen que tomar el control y los roles de la policía. Y eso se traduce en legalizar la militarización que ya existe de la sociedad hondureña…
BC.- Agregaría que también es algo de doble filo porque esta crisis de la policía se está usando para justificar e incrementar la transnacionalización de las agencias privadas de seguridad, que en Honduras son un poder. Hemos escuchado que van a llegar de otros países agencias de seguridad y los dueños de estas agencias tienen historias de terror de muchos países, como por ejemplo Argentina o de Israel, de Colombia, de los mismos EEUU. Yo diría en Honduras tenemos un Estado de caricatura, Lobo Sosa es un títere, porque a los poderes reales, a los poderes fáctico, político, empresarial, militar, hay que agregar otro más: el del narcotráfico, que tiene copado todo. No está infiltrado, sino que controla todo.
Así se mueven muchas cosas, que implican incluso la agresión y desplazamiento de comunidades indígenas y negras de sus propios territorios, de sus formas de vida. Por ejemplo, nos preguntamos, si los gringos han incrementado su presencia en la Mosquitia hondureña, ¿cómo es que ha crecido el narcotráfico? ¿dónde está esa historia de lucha contra el narcotráfico? Es pura mentira, lo que ellos quieren son nuestros bienes naturales, nuestra soberanía y tener un control geoestratégico, porque Honduras sigue siendo de mucho interés geoestratégico de los gringos.
http://alainet.org/active/
Ecuador fue el único país que se opuso al retorno de Honduras al organismo regional, exigiendo el cumplimiento previo de los requisitos mínimos establecidos tanto en el informe de la Comisión de Alto Nivel de la propia OEA como en el acuerdo de Cartagena. Por esta razón fue el país escogido para la visita de una Misión de organizaciones sociales hondureñas que busca poner el tema de Honduras nuevamente en la agenda política de la comunidad internacional.
En tal perspectiva, esta iniciativa de diplomacia popular espera que sobre todo los gobiernos progresistas que votaron a favor del reintegro de Honduras a la OEA asuman su responsabilidad respecto a lo que está pasando en este país, pues con ese voto tácitamente legitimaron el “primer golpe de Estado del siglo XXI”.
Durante la visita (15 - 17 de noviembre), organizada por CODHES y otros organismos de derechos humanos, la delegación hondureña conformada por seis integrantes dialogó tanto con autoridades como con organizaciones sociales ecuatorianas. ALAI también sostuvo un intercambio compartido con Bertha Cáceres, dirigenta del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), y Joaquín Mejía, abogado e investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación en Radio Progreso. Esto fue lo que nos dijeron.
- Pregunta de cajón: ¿cuál es el propósito y alcance de esta Misión de organizaciones populares?
JM.- El objetivo principal es intentar poner el tema de Honduras nuevamente en la agenda política de la comunidad internacional pues estamos asistiendo a un deterioro permanente en materia de derechos humanos y, sin embargo, nos han dado las espaldas. En el marco del Golpe de Estado las violaciones a los derechos humanos eran realizadas de manera pública y manifiesta, pero desde la llegada al poder de Porfirio Lobo Sosa, las violaciones han pasado a ser una especie de baja intensidad; esto es, programadas, selectivas, etc.
De manera específica, hacemos un llamado a los gobiernos progresistas que legitimaron el golpe de Estado cuando dijeron que Honduras puede retornar a la OEA a pesar de una situación de gravedad en materia de DD.HH., para que asuman su responsabilidad y en coherencia del compromiso con la solidaridad del que tanto hablan, planteen seriamente algún tipo de monitoreo sobre la situación de Honduras en el marco de UNASUR, ALBA, CELAC e incluso la misma moribunda OEA, para que se tomen medidas inmediatas, porque es una cuestión urgente que se está saliendo de las manos de todos los actores, incluso del propio Lobo Sosa.
- Dices que hay un deterioro paulatino de la situación de DD.HH., ¿Es en todo el país o en ciertas zonas, como por ejemplo en el Aguán?
JM.- Es en todo el país, lo que pasa es que hay zonas donde la institucionalidad del Estado es prácticamente inexistente y lo que hay está al servicio de los terratenientes, como pasa en el Aguán. Como decía ahora las violaciones a los DD.HH. se dan bajo lo que podríamos llamar de baja intensidad; es decir, se está asesinando, persiguiendo, etc. a líderes y lideresas que tienen un perfil medio, pero lo suficiente como para impactar y provocar medio y también lo suficiente como para no implicar un escándalo más a nivel internacional. Entonces, ahí hay unos patrones sistemáticos que se están siguiendo: seguimientos, asaltos a oficinas de organizaciones o de personas, robo de computadoras portátiles y de todos estos aparatos con información y por otro lado, por ejemplo, más de una decena de periodistas han sido asesinados. Ni siquiera en el marco del Golpe de Estado asesinaron a tantos periodistas.
Por otro lado, algo que no se vio tan crudo en el marco del Golpe de Estado fue la desaparición forzada de personas. El Comité de Familiares de Desaparecidos Detenidos en Honduras (COFADEH) ha documentado 14 personas desaparecidas hasta el momento, algunas de ellas son líderes del Frente Nacional de Resistencia. Hay testigos que vieron que la policía los detuvo, se los llevó, y desaparecieron.
Además, continúan los asesinatos y evidentemente en el Aguán se registra la mayor cantidad: ya van 55 campesinos y campesinas asesinados, y luego otros líderes y lideresas o miembros del Frente Nacional de Resistencia. A eso se suma que continúan las detenciones ilegales, las torturas y otros tratos inhumanos. Porque evidentemente lo que el golpe de Estado hizo fue destruir la poca institucionalidad que se había construido en casi tres décadas de democracia "formal". Entonces ante una institucionalidad debilitada, evidentemente quienes copan posiciones son los poderes fácticos: económicos, militares, religiosos que están controlando el país.
Podemos igualmente ver que el golpe de Estado sigue ahí al constatar que sus dinamismos están presentes actualmente. Toda la estructura del golpe está completamente intacta. La Corte está ahí mismo, el Fiscal General de la República está ahí, el Obudsman está ahí, en el Congreso Nacional -son 128 diputados/as- 75 son los mimos que dieron el golpe de Estado; por lo tanto están promoviendo leyes que tienen que ver con la concesión y la venta del territorio, la criminalización a la protesta social, la reducción de las garantías constitucionales, la entrega de las facultades policiales a los militares, como está sucediendo ahora, quienes declararon al golpista Micheletti como diputado vitalicio, al estilo Pinochet, una figura que no existe en la Constitución de la República.
Por otro lado uno ve también en las decisiones políticas de Lobo Sosa, que mientras crea un Ministerio de Derechos Humanos, encaminado a lavar la imagen internacional del régimen, por otro lado nombra al general Romeo Vásquez que dio el golpe de Estado como gerente general de Hondutel, la empresa de telecomunicaciones que en materia de inteligencia militar es fundamental. Nombra a otro de los miembros de la junta de comandantes como director de la Dirección General de Migración y Extranjería, otra institución clave; aeronáutica civil… y podemos mencionarles todas las instituciones claves que en el proceso de desmilitarización de la sociedad de los años 90 se les quitaron a los militares, y que ahora en el gobierno de Lobo Sosa se les está entregando nuevamente.
De modo que los dinamismos del golpe están intactos, sin que se inmuten, a pesar de que están documentadas las graves violaciones a los derechos humanos. De hecho, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que es oficialista, reconoció que en Honduras lo que se han cometido son crímenes de lesa humanidad. No están hablando de simples delitos, y por eso es que la fiscalía y la Corte Penal Internacional anunciaron un examen preliminar sobre Honduras, al igual que Colombia, lo que evidencia que hay una institucionalidad completamente fracasada y cautiva y secuestrada por esos sectores que dieron el golpe.
- A inicios de diciembre se oficializará la existencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). ¿Han contemplado hacer llegar a ese foro este llamado que están propiciando?
BC.– En nuestro Primer Encuentro Nacional contra la Militarización ya acordamos plantearle a la CELAC que no colabore con el régimen, en términos de financiación, de cooperación, en el tema de seguridad particularmente, ya que estos fondos servirían al régimen para fortalecer las estructuras y esa política represiva de militarización que se ha agudizado; y también la ocupación de EE.UU. en nuestro país. Y en tal sentido esperamos ser escuchados/as en ese espacio, ya que pretende contrarrestar las políticas hegemónicas.
La intervención de EE.UU. en Honduras va como por los 100 años. Avanza con todos sus intereses de enclave de transnacionales sobre los bienes naturales: petróleo, minería, biodiversidad, nuestros bosques, la riqueza hídrica, incluso cultural. Y esto ha hecho que EE.UU. no solo tenga la base militar de Palmerola, sino que se haya desplazado inmediatamente después del golpe a construir más bases militares en regiones indígenas; por ejemplo, en Caratasca, en Mocorón, en Puerto Lempira, a ocupar totalmente dos ríos muy importantes para los pueblos indígenas, que son el Río Patuca y el Río Plátano, donde andan las lanchas de las tropas gringas, y también la otra base que está en el departamento insular de Islas de la Bahía. Y prevemos que podrían activar otras dos bases militares que funcionaron en territorio lenca, ya que se trata de un proyecto de seguridad para Centroamérica, que fortalece el Plan Mérida y que no es otra cosa que el Plan Colombia.
- A propósito de Colombia, país con el cual el régimen viene desarrollando mecanismos y acuerdos de cooperación, ¿Cómo catalogan esta relación bilateral específica?
BC.- A tres días de la toma de posesión de Lobo, llegó Uribe a Honduras y firmaron un acuerdo de cooperación en seguridad y también hay acuerdos comerciales con Colombia. Pero además de los intereses puramente económicos, está la presencia del Ejército colombiano que ha hecho operaciones en Honduras como Ejército, además de la presencia paramilitar colombiana, que asesoró el golpe de Estado y está entrenando tropas para sacar delaciones bajo tortura. Hay una copia de la política de seguridad democrática de Colombia hacia Honduras y están exportando no solo paramilitares, sino también toda una política de saqueo; incluso nosotros nos hemos encontrado en nuestros territorios con la presión de transnacionales mineras de capital colombiano y de EEUU. Es una combinación que para nosotros, claro, lo hemos denunciado, ahí está creciendo además con todo el proceso de la privatización de la seguridad y creo que la presencia del Ejército y el paramilitarismo colombiano van a crecer.
- Decías que Honduras vive una situación que se le está saliendo de las manos incluso al presidente Lobo. ¿Cuál es el margen real de maniobra de Lobo?
JM.- Desde que él llegó al poder está tan solo como lo estaba Mel Zelaya en su último día de gobierno. Si algo tiene de mando es únicamente en la Casa Presidencial, como se ha visto últimamente con la cuestión del involucramiento de la policía en el crimen organizado y en la ejecución de jóvenes.
Casa Alianza ha documentado que desde el 98 hay casi 6 mil ejecuciones extrajudiciales de niños, niñas y jóvenes menores de 23 años. Sólo en octubre de este año fueron asesinados unos 65 jóvenes, el 70% menores de 18 años con los mismos patrones de ejecución extrajudicial tal como lo plantea Naciones Unidas.
Pero sucede que el 21 y 22 de octubre, miembros de la policía asesinaron a 2 jóvenes universitarios. Uno era el hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma, que fue integrante de esta Comisión de la Verdad oficialista, y entonces eso destapó la suciedad. Lobo inicialmente dijo que son unas manzanitas podridas que hay en la Policía, pero como se trata del hijo de la rectora, una persona que ha estado a favor del régimen, se ha llegado a un punto en el cual ya no se puede ocultar lo evidente. De hecho están suspendiendo a algunos oficiales, cambiando policías, en un intento por lavar la imagen, pero sin llegar al fondo del asunto del involucramiento serio de la policía en los crímenes, no solo de jóvenes, de niños y de niñas, sino que también en los feminicidios.
Ahora que a Lobo se le fue de las manos, que ya no puede negar esa realidad del involucramiento de la policía en el crimen organizado, entonces a los militares, los que dieron el golpe, se les está presentando como los "salvadores de la patria", como los que ya fueron los "salvadores de la democracia" y como aquellos que tienen que tomar el control y los roles de la policía. Y eso se traduce en legalizar la militarización que ya existe de la sociedad hondureña…
BC.- Agregaría que también es algo de doble filo porque esta crisis de la policía se está usando para justificar e incrementar la transnacionalización de las agencias privadas de seguridad, que en Honduras son un poder. Hemos escuchado que van a llegar de otros países agencias de seguridad y los dueños de estas agencias tienen historias de terror de muchos países, como por ejemplo Argentina o de Israel, de Colombia, de los mismos EEUU. Yo diría en Honduras tenemos un Estado de caricatura, Lobo Sosa es un títere, porque a los poderes reales, a los poderes fáctico, político, empresarial, militar, hay que agregar otro más: el del narcotráfico, que tiene copado todo. No está infiltrado, sino que controla todo.
Así se mueven muchas cosas, que implican incluso la agresión y desplazamiento de comunidades indígenas y negras de sus propios territorios, de sus formas de vida. Por ejemplo, nos preguntamos, si los gringos han incrementado su presencia en la Mosquitia hondureña, ¿cómo es que ha crecido el narcotráfico? ¿dónde está esa historia de lucha contra el narcotráfico? Es pura mentira, lo que ellos quieren son nuestros bienes naturales, nuestra soberanía y tener un control geoestratégico, porque Honduras sigue siendo de mucho interés geoestratégico de los gringos.
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