HORA DE CAMBIOS

El pueblo no está contento con la Ley de Arrendamiento

Por: José Pinto

El pueblo no está contento, o al menos no el pueblo propietario y buena parte del pueblo inquilino también, porque reconocen la alegría de tísico, con la Ley de Arrendamiento.

 

Para que un Juan Bimba pueda ser propietario según las reglas de juego capitalistas, sobre todo en Venezuela, con inflación crónica y sueldos deficitarios, hay que echarle un camión de trabajo para lograrlo, porque las cosas no son fáciles para quien no tiene un apellido oligárquico.

 

En Venezuela a pesar que la revolución incorporó a cientos de miles de excluidos al Seguro Social, la mayor parte de la población aún permanece excluida, porque el sector informal no está contemplado en la protección del mismo, y éste representa la mitad de la fuerza laboral del país. Una estrategia que implementaban los excluidos del sistema era alcanzar la propiedad de una vivienda para luego alquilarla y obtener una renta como mecanismo de previsión social. Con los nuevos parámetros para la fijación del canon y del precio de venta de una vivienda alquilada, esa estrategia se desvanece. Se insiste que los pequeños propietarios no son afectados por la Ley, pero aparte de estar sometidos a las mismas causales y mecanismos leoninos de desalojo que los grandes propietarios, con una fecha incierta para recuperar su vivienda porque hasta que el Estado no le de un destino habitacional al inquilino éste no se va, aunque haya derrumbado la mitad de vivienda, a los 3 meses y 29 dias de mora permitidos con el subsiguiente jueguito de “pago un mes y siempre debo 3 y estoy solvente”, a las numerosas multas elevadísimas que no distinguen entre propietarios ricos y pobres, entre los que viven de la renta para comprar medicinas y ahora deban dejar de comprarlas para pagar la multa y muy posiblemente aún así no les alcance tampoco, y aunado a todo ello, uno de los elementos más lesivos y graves contra el pequeño propietario, es el avaluo de su vivienda.

 

Los avaluadores ahora aplicaran una formula “especial” contenida en el Reglamento de la Ley, para decirle al pequeño propietario cual es el precio “justo” de su ahorro en ladrillos, que no contempla el valor del metro cuadrado de la tierra de la zona que sí tuvo que pagar el pequeño propietario a la hora de comprar o construir esa vivienda, y que sí le cobrarán a la hora de comprar una nueva vivienda para un hijo o nieto. Ya sólo con eso se destruye por imposición del Estado buena parte de ese patrimonio familiar que tanto le costó formar; pero por si esto fuera poco, en el cálculo “novedoso” se incluirán otros parámetros que irán restando el valor de su vivienda, como la depreciación por antigüedad, precios regulados e irreales de los materiales de construcción, un riesgo sísmico en caso de terremotos, para finalizar con un descuento de hasta 25% al inquilino sobre ese valor pírrico. El inquilino beneficiario de ese precio irreal de la vivienda, que seguramente tomó en cuenta la ubicación de la misma a la hora de decidir habitar en ella, tiene luego entera libertad de comprarla con el derecho de preferencia ofertiva (que ahora nace de inmediato, no a los dos años como antes) y luego venderla a precio de mercado, obteniendo lucro de dicha mercantilización de la vivienda gracias al despojo del patrimonio familiar del pequeño propietario que impone ahora el Estado.

 

Para muchos pequeños propietarios su vivienda es más que una simple mercancía, es un monumento al ahorro que construyeron sus propias manos, con una historia de vida contenida en cada bloque, en cada teja, en cada reja, un patrimonio familiar que atesora recuerdos, donde muchos vivieron su niñez, su matrimonio, el crecimiento de sus hijos, la muerte de sus padres, entre esas paredes barnizadas de recuerdo. Los pequeños propietarios están de luto con esta ley, no por ambiciones desmedidas frustradas, sino por la injusticia a la que son sometidos de forma tan despiadada, porque el dolor más grande viene cuando al atropello se le quiere llamar justicia, sobre todo cuando el despojo recae sobre asalariados que tuvieron que sufrir para poder llamarse propietarios. Esto no es justicia social.

josepintoterra@yahoo.com