HORA DE CAMBIOS

“Que se abran las puertas de la verdadera democracia”.

(Lectura del comandante Iván Márquez sobre acuerdos del segundo punto de la Agenda: “Participación Política”)

                                               La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, noviembre 6 de 2013

Que se abran las puertas de la verdadera democracia

“Yo no conozco más partido de salud, que el de devolver al pueblo 
la soberanía primitiva para que rehaga su pacto social… Esto es más que justo 
y eminentemente popular, y por lo mismo, muy propio de una república 
eminentemente democrática”.  SIMÓN BOLÍVAR

Los importantes aspectos que hasta el momento se han acordado en el tema de la Participación Política, nos colocan a los colombianos en la posibilidad de comenzar a abrir las puertas de una verdadera democracia.

Todas las iniciativas presentadas por las FARC en la mesa de conversaciones de La Habana, que hemos denominado 100 propuestas mínimas para la democratización real, la paz con justicia social y la reconciliación nacional, han sido inspiradas en las reivindicaciones y propuestas de las organizaciones sociales y políticas del país, surgidas de los respectivos foros temáticos, y la fuerza de nuestra palabra ha estado en la valerosa movilización de un pueblo, que sin temerle a la represión y a la criminalización, ha levantado sus banderas para exigir los cambios estructurales que se requieren para la fundamentación de la paz.

Colombia vive una primavera de sueños de justicia; sobre todo, los más humildes, los desposeídos, se han lanzado a las calles a decirle a los gobernantes que no pueden seguir ignorándolos; que el destino del país depende de la participación de toda la ciudadanía y no de un puñado de privilegiados oligarcas que se han apropiado de él para feriarlo y para saquearlo, favoreciendo a las trasnacionales. La gente quiere decidir, y en eso consiste la verdadera participación ciudadana.

De eso trata lo que hemos debatido durante los últimos seis ciclos en la mesa de conversaciones, y entonces lo primero que está por resolverse, es la necesidad de que en nuestra patria se respete el derecho a la vida, a la diferencia, a la opción política, a la no estigmatización, y se puedan debatir las ideas sin temor a ser asesinado, perseguido, desaparecido o criminalizado, que es lo que ocurre cuando se actúa bajo el imperio de doctrinas foráneas que ven en el ciudadano a un enemigo interno.

Ese es nuestro clamor, esa es nuestra exigencia, y por eso en el marco de este importante evento, expresamos nuestra condena total al asesinato el día 2 de noviembre, de César García, dirigente de la resistencia a la explotación aurífera que realiza la Anglo Gold Ashanti, en La Colosa (Tolima), después que mediante una contundente decisión plebiscitaria, las comunidades de esa región han dicho NO a la mega minería y presencia de las trasnacionales que destruyen las fuentes de agua y las posibilidades de vida. La justicia no hace nada, y la gran prensa que muchas veces se solaza desplegando frivolidades, no le da el despliegue que merece un caso tan grave como este. ¿Entonces de qué democracia es que estamos hablando?

A la movilización de los inconformes e indignados no se le puede seguir dando el tratamiento militar que hasta hoy se le ha dado, porque el gobierno y todas las instancias del poder se deben al pueblo y a este hay que escucharlo; una concepción de seguridad debe tener como su centro, los intereses del ser humano, incluso por encima de los intereses muchas veces mezquinos de los Estados; y debe basarse en principios de soberanía, no intervención y libre determinación de los pueblos en función del desarrollo y bienestar de las mayorías.

Dentro de estas reflexiones es que hemos logrado las primeras pero muy importantes aproximaciones y convenios referidos al segundo punto de la agenda del acuerdo general de La Habana: es quizá uno de los más importantes logros el compromiso de convocar sin más demoras a los partidos y voceros de las organizaciones sociales a que elaboren los lineamientos para que por fin tengamos un estatuto para la oposición política, y por otro lado, establezcan en eventos democráticos de orden nacional, los fundamentos para que surja una normatización que dé verdadero reconocimiento, con garantías, a la existencia y a los derechos del movimiento social.

Mucho se ha hablado de la necesidad de reformar la restrictiva ley de mecanismos de participación ciudadana (Ley 134 de 1994) y también sobre la urgencia de replantear las liberticidas leyes de seguridad para lo cual creemos que comenzarían a trazarse los caminos, si efectivamente se atiende a compromisos que establecimos al hablar de garantías para la movilización y la protesta. Hemos acordado, por ejemplo, que siendo estas actividades formas de acción política, son ejercicios legítimos del derecho a la reunión, a la libre circulación, a la libre expresión, a la libertad de conciencia y a la oposición en una democracia; que su práctica enriquece la inclusión política y que el gobierno debe garantizar los espacios para canalizar las demandas ciudadanas, sin atropellos. Así, con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de estos derechos, se ha logrado el compromiso de que se defina la revisión, y de ser necesaria, la modificación de todas las normas que se aplican a la movilización y la protesta social. Esto sumado al compromiso de ampliar y reforzar las instancias de participación ciudadana para la interlocución y construcción de las agendas de trabajo en todos los niveles que permitan la atención temprana de las peticiones y propuestas de la ciudadanía.

Estos aspectos, y muchos otros distribuidos en una veintena de cuartillas, son los que nos dan el optimismo para seguir avanzando en los debates hacia la firma de la paz y la terminación del conflicto. No obstante falta mucho por andar, y es solamente con los pies y la determinación de la gente en las calles, del soberano proponiendo y decidiendo, que será posible la expansión de la democracia como presupuesto de reconciliación, y que lo que hasta ahora son solamente anhelos y compromisos se conviertan en realidad.

Reiteramos ahora, y lo seguiremos haciendo, que no es este un proceso de sometimiento, pero, con seguridad, si efectivamente avanzamos por la senda de las transformaciones que las mayorías nacionales han reclamado, la firma de un tratado de paz, será una realidad.

En este plano se circunscribe un asunto esencial de la confrontación que es el de dejar en claro sus orígenes y responsables. Por eso insistimos en que urge la integración consensuada de la comisión de la verdad y responsabilidad histórica del conflicto, sobre todo, si tenemos la premura de abordar un tema tan sensible como es el de las víctimas, tantas veces utilizado de manera grotesca por los agentes de la manipulación mediática para estigmatizar y demonizar a la insurgencia.

Para nosotros que llevamos en lo profundo de nuestros corazones el dolor por la muerte de millares de militantes de la Unión Patriótica, de innúmeros hijos del pueblo asesinados bajo la motosierra del paramilitarismo y de la represión institucional de décadas, o que de manera más directa cargamos el luto por los centenares de guerrilleros, milicianos y luchadores revolucionarios que han caído en la lucha por construir una Colombia mejor, nuestra identidad con las víctimas de la confrontación es indiscutible, y por ellas levantamos y seguiremos levantando nuestra voz en la mesa de La Habana. Es falso, que como dicen algunos politiqueros de turno, que pretenden sacarle provecho al sufrimiento de los que padecen la guerra, que la guerrilla se niega a recibir a los familiares de las víctimas del conflicto. Tienen nuestros brazos abiertos ellos, y todo el que quiera aportar a la construcción de la paz, y dentro de ese espíritu es que volvemos a insistir vehementemente en que se integre ya la comisión por nosotros tantas veces propuesta.

La conquista de la paz depende mucho de estos planteamientos; pero, al lado del avance de las conversaciones, hay otros asuntos sin la solución de los cuales, se hace lenta la marcha: El éxito de la paz depende de la terminación de la corrupción, de ponerle punto final a la interferencia de las mafias que de una u otra forma han capturado al Estado, en todos los órganos: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Qué tal el ejemplo de la contratación administrativa? ¿Qué tal las acusaciones a la contralora? ¿Y al procurador?

Hay que ponerle freno a la criminalidad de cuello blanco de un sector financiero que al tiempo que vende la soberanía, destruye el país dando rienda suelta a la depredación de sus recursos naturales y al saqueo usurero al bolsillo de todos los colombianos. Pero por otro lado, y quizá de manera más urgente, porque en gran medida de ello depende que siga reinando la impunidad, hay que meterle mano, con mucha determinación a todo el aparato judicial.

Una justicia corrupta salida de un régimen corrupto y responsable por tantos años de la confrontación, no tiene ni la competencia, ni la capacidad, ni las condiciones históricas necesarias para actuar. Hoy, después de la suma de múltiples escándalos, la justicia ha quedado sin autoridad moral para jugar un papel definitorio en la nueva Colombia. Hay que reconstruirla totalmente. ¿Cómo puede creer el gobierno que es posible un sometimiento a una justicia transicional cuando el mismo gobierno sentencia la justicia como corrupta y exige la reforma total de la rama jurisdiccional?

Dentro de las responsabilidades del Estado está la de haber dejado podrir la justicia, pues la corrupción generalizada que nació hace años en el ejecutivo (contratos y comisiones en todas las esferas), contagió la justicia por aquello de la puerta giratoria, (donde salen los mismos por la misma puerta, y entran los mismos para hacer lo mismo), igual que en el Congreso. Los congresistas investigados y en la cárcel siempre representaron a los partidos y al régimen.

Pero bien, como hoy estamos en un especie de balance de lo que es la participación ciudadana respecto a la paz, esto implica hablar de la democracia, lo cual impone que no perdamos de vista que la suerte de ésta no puede estar en manos de tres o cuatro señores ricachones dueños de los medios de comunicación y de la publicidad. Puede haber toda suerte de mecanismos de participación si se quiere mostrar al país como una democracia de papel, pero la información es la que conduce a que esos mecanismos terminen siendo canales de expresión de pensamientos previamente cocinados y vendidos por tales tres o cuatro individuos, que siempre son los detentadores del poder.

La supuesta democracia que hoy tenemos no puede seguir haciendo parte de la contabilidad de una clase privilegiada, como si fuera un lote o una finca, o ganado, porque la democracia se mide por el resultado de la expresión y participación popular, y esa expresión popular está atada y manipulada mayormente por quienes detentan y controlan los medios.

Sin democracia en la tenencia de los medios, todo lo que se haga en muchos campos de la participación o en función del tratado mismo de paz, podría quedar en el limbo, porque a través de las matrices mediáticas hoy, es que se generan los ficticios ambientes de favorabilidad o descontento con el proceso. Ojalá contemos con que todo aquel que se sienta verdaderamente colombiano, le apueste a la reconciliación y no a la continuación de la guerra.

Gracias a Cuba y a Noruega, países garantes, y a Venezuela y Chile, como países acompañantes por resguardar con su presencia y buenos oficios, la buena marcha del proceso. Y gracias a nuestros compatriotas que le han puesto fe y entusiasmo a la posibilidad de construir la Colombia que le brinde oportunidades a todos.

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP