Asesinatos de Otaiza y Blanco recuerdan exterminio selectivo aplicado en Colombia
Gregorio Ildegar Gil
Foto archivo
Apenas una semana transcurrió para que el mundo de la información registrara los asesinatos de dos concejales, cercanos en la geográfico y también en lo político.
El lunes 28 de abril el país supo del crimen contra el dirigente bolivariano y presidente del Concejo Municipal Libertador, en Caracas, Eliézer Otaiza. Seis días después, el domingo cuatro de mayo, fue dado a conocer el deceso del edil Fernando José Blanco, electo en el municipio Santos Michelena (Las Tejerías), estado Aragua, y presidente de la Comisión de Deporte y Recreación del Concejo Municipal de esa localidad.
Blanco habría sido alcanzado por los disparos efectuados desde una motocicleta en circunstancias que investiga el Ministerio Público a través de los fiscales 30° nacional y 8° de Aragua, Tulio Mendoza y Miguel Jiménez, respectivamente.
En torno a Otaiza, el martes 29 de abril fue capturado uno de los autores materiales de su homicidio. Los cuerpos de seguridad están tras la pista de las otras personas implicadas. Sobre este hecho, Miguel Rodríguez Torres, ministro de Interior Justicia y Paz, expresó que ese crimen “tiene indudablemente unas connotaciones fuera del delito común (…) no sigue el patrón de un delito común (…) normalmente, cuando una banda de delincuentes roba y asesina a alguien no le da tortura previa”.
Las características en ambos casos, sumadas al poco tiempo que dista entre uno y otro, parecen conducir inevitablemente a considerar que posiblemente niguno de los dos esté exento de una nueva etapa de violencia ejecutada por la ultraderecha ante el fracaso de las primeras acciones de su plan de sedición, tal como lo ha denunciado recientemente el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, quien la ha denominado “muertes selectivas”.
Modelo paramilitar de Colombia en Venezuela
A mediados de marzo pasado, el ministro Rodríguez Torres declaró que la violencia localizada en determinadas regiones del país no era producto de una “protesta pacífica”, como pretende aún hacer ver la derecha, sino de acciones insurreccionales cuya fase para ese momento, era de subversión, objetivo estratégico del Departamento de Estado de Estados Unidos. Aliado indispensable dentro de este plan figura, según reiteradas denuncias y revelaciones de Rodríguez Torres, es el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, identificado como operador del paramilitarismo y narcotráfico en su país.
En este sentido, apoyado en recursos de gran contundencia documental, el viernes pasado el alto funcionario venezolano mostró evidencias de vínculos de paramilitares y mercenarios con las bandas armadas de ultraderecha.
Refirió: “Hasta la fecha van 58 detenidos de otras nacionalidades. Llama la atención esto. El método de lucha implica la contratación de mercenarios”.
Dos días después, en una entrevista a Venezolana de Televisión, el ministro rememoró la Operación Daktari que pretendió ejecutarse hace 10 años (específicamente el 9 de mayo de 2004), en la que un grupo de paramilitares de origen colombiano permanecía en el país con la finalidad de terminar con la vida del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez.
Labores de inteligencia frustraron aquel magnicidio que se planificaba en la finca Daktari, propiedad del cubano-venezolano, Robert Alonso, prófugo de la justicia nacional y residenciado en Miami desde donde dirige operaciones terroristas contra Venezuela.
El genocidio contra la Unión Patriótica
La revelación de esta fase de asesinatos selectivos, denunciada por Rodríguez Torres, unida a la vinculación de Uribe y el paramilitarismo colombiano que pretende implantarse en el país, remite a las acciones genocidas accionadas contra líderes de la Unión Patriótica (UP) en Colombia, en los años en los que el expresidente colombiano fue director de la Aeronaútica Civil, alcalde de Medellín y senador de la República.
A mediados de la década de 1980 y comienzos de la de 1990, los militantes de la UP fueron víctimas de asesinatos, amenazas y desplazamientos, en una operación de exterminio masivo promovida por la derecha colombiana.
Las acciones contra la UP acabaron con la vida de dos candidatos presidenciales del partido: Jaime Pardo (en 1987) y Bernardo Jaramillo (en 1990). También cayeron víctimas de esta operación ocho congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y alrededor de 5.000 de sus militantes.
Estos crímenes, que actualmente son investigadas por la Fiscalía de Colombia, los ejecutaban grupos paramilitares, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado (ejército, policía secreta, inteligencia y policía regular) y narcotraficantes.
Más recientemente, la ex senadora colombiana y defensora de derechos humanos, Piedad Córdoba, denunció el asesinato de 29 miembros de la agrupación de izquierda Marcha Patriótica, en menos de dos años de su conformación.
Precisó que de ese número de víctimas, 15 son campesinos e indígenas, asesinados por sicarios y efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional de Colombia.
Ante estos asesinatos, Córdoba se preguntó: “¿Comienza otro genocidio igual al de la UP?”.
Esta interrogante también tiene validez en Venezuela e invita a pensar en la campaña criminal que adelanta la ultraderecha.
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