HORA DE CAMBIOS

Consuelo Cerrada

No vamos a permitir desabastecimiento ni desbarajuste de precios

"En el Indepabis ya tenemos 3 mil 500 comités de contraloría social para el abastecimiento, organizados en todo el territorio nacional", señaló Cerrada/ Foto: Archivo

El Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios está en el ojo del huracán. Las sanciones aplicadas últimamente a establecimientos comerciales, grandes y pequeños, lo han colocado en los titulares de la prensa. Su presidenta, Consuelo Cerrada, explica que esto se debe a que están desarrollando dos planes de inspección y fiscalización: uno que arrancó en enero con el propósito de enfrentar el desabastecimiento artificial generado por algunos sectores económicos; y otro que comenzó tras los anuncios económicos de febrero, para frenar lo que ella llama “el desbarajuste de los precios”.

El Indepabis no está solo en esa lucha. Otra decena de instituciones estatales le acompañan, entre ellas la Superintendencia Nacional de Costos y Precios (Sundecop), la Comisión Administradora de Divisas (Cadivi), el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y el Ministerio Público.

—¿Cuáles son las faltas o delitos más comunes cometidos por los comerciantes?

—Desviaciones de rutas para enviar los productos a municipios fronterizos, presumiblemente para el contrabando de extracción; mercancías sin facturación; evasión de impuestos mediante el uso de dos cajas registradoras, entre otras.

—¿Ese ritmo de supervisión y sanciones de estas últimas semanas es sostenible en el tiempo?

—Lo hemos sostenido y aspiramos a que sea permanente. Esta manera de actuar conjuntamente nos permite atender cualquier irregularidad o ilícito. Si el problema es de impuestos, se activa el Seniat; si es de insalubridad, se activa Contraloría Sanitaria; si es de acceso a bienes y servicios, actuamos nosotros; si el problema es con los 19 rubros regulados, participa la Sundecop; y si hay contrabando u otros ilícitos, se activa la GNB o el Ministerio de Interior y Justicia. Estamos decididos a impedir que se sigan realizando acciones que atenten contra la estabilidad y la tranquilidad del pueblo.

—¿Qué lugar tiene el Poder Popular en esa articulación de instituciones?

—El nivel de conciencia del pueblo venezolano es elevadísimo, ya no es fácilmente manipulable por grupitos económicos, pero necesita de instituciones robustas que lo acompañen en esa lucha permanente. En el Indepabis ya tenemos 3 mil 500 comités de contraloría social para el abastecimiento, organizados en todo el territorio nacional, lo que significa más de 15 mil personas activas. Ese apoyo es muy importante porque constituye el alerta cuando hay acaparamiento de productos básicos o remarcaje de precios.

—¿Cuando se incauta una mercancía y se realiza una venta supervisada, el comerciante deja de percibir la totalidad de la ganancia?

—Si la situación irregular fue una venta por encima del precio regulado, le entregamos los recursos obtenidos de la venta al precio correcto. Es bueno aclararlo para que no se diga que atropellamos al comerciante o que nos quedamos con su ganancia. Ahora bien, cuando se trata de comisos por ausencia de facturación, de guía de movilización o desviación de ruta, ponemos a la venta la mercancía y el dinero ingresa al fisco nacional.

—El empresariado dice que se abusa de la medida de cierre…

—No es cierto. De los establecimientos visitados solo un poco más de 5% son sancionados con cierre y la mayor parte de los casos es por razones de insalubridad extrema.

—En los últimos días ha habido cierres de cadenas de bienes no esenciales y tiendas que operan en centros comerciales. ¿No es eso desperdiciar esfuerzo de supervisión?

—Lo que ocurre es que esas acciones forman parte del otro plan, el que comenzamos a desarrollar luego de los anuncios económicos del Ejecutivo. Hemos corroborado que algunos empresarios se volvieron locos, cayeron en un desbarajuste en los precios. “Dedocráticamente” aumentaron los precios de productos que tenían en sus depósitos desde el año pasado, con el argumento del nuevo precio del dólar. Eso no lo podemos permitir como Gobierno. No estamos atentando contra el libre comercio, sino orientando a esos señores a que se ajusten a derecho, a que entiendan que en Venezuela hay normas que deben respetarse a cabalidad. Allí hemos encontrado ilícitos descarados como ausencia de precios en la mercancía, remarcaje injustificado, negativa a satisfacer la demanda mediante el ocultamiento de la mercancía en depósitos y usura genérica. Esto último ha traído mucha piquiña, pero si un comerciante importó en 2012 una mercancía con dólares otorgados por Cadivi a 4,30 bolívares y ahora pretende venderlos como si los hubiese traído a 6,30, eso significa un margen de ganancia de 80, 90 o 100%. Es usura, no tiene otro nombre.

—Algunos compradores fanáticos están molestos porque les cerraron Beco.

—Allí hicimos una primera visita y determinamos que había ganancias exorbitantes de 60 a 70% en algunos productos y ocultamiento de otros. Les dimos un lapso para que hicieran los ajustes y ellos dijeron que lo harían, pero cuando llegó el momento de levantar el cierre no los habían hecho y eso nos obligó a prolongar la sanción. El cierre es una medida que se toma para que se corrija la irregularidad. Mientras no se haga la corrección, se mantiene el cierre.