Paraguay: Juicio de campesinos por la masacre de Curuguaty preocupa
ADITAL – Tras sucesivas suspensiones, ha empezado esta semana el juicio oral y público de 13 personas imputadas en la causa por la masacre de Marina Kue, en Curuguaty, todas ellas campesinas. Para el Servicio Paz y Justicia América Latina (Serpaj)el juicio ocurre en el marco de un proceso viciado de irregularidades donde la acusación se hizo sin fundamentos. Durante tres años, los 13 ciudadanos y ciudadanas enfrentaron numerosas situaciones de injusticias, orientadas a ratificar una sentencia que no busca a los verdaderos culpables.
El pasado 15 de junio se cumplieron tres años de la masacre ocurrida en el predio Marina Kue, ubicado en el distrito de Curuguaty, Paraguay, y a pocos días que se ha iniciado el juicio contra los campesinos. El Serpaj manifesta su preocupación pues desde el día de la masacre los campesinos imputados, hombres y mujeres, se encuentran en prisión preventiva. Para la entidad claro signo de la dilatación y parcialidad con la que ha actuado la Justicia en Paraguay. Además denuncia la inexistente protección judicial, en el caso de denuncias presentadas por amenazas, detenciones arbitrarias y amedrentamiento de los campesinos que no se encuentran privados de libertad.
El Serpaj insta a la justicia paraguaya y su ciudadanía a prestar especial atención al Derecho a la Tierra en Paraguay, tal como menciona el Papa Francisco en su primera encíclica “Laudato Si”, en el punto 94: “El rico y el pobre tienen igual dignidad, porque ‘a los dos los hizo el Señor’… Esto tiene consecuencias prácticas, como las que enunciaron los Obispos de Paraguay: “Todo campesino tiene derecho natural a poseer un lote racional de tierra donde pueda establecer su hogar, trabajar para la subsistencia de su familia y tener seguridad existencial. Este derecho debe estar garantizado para que su ejercicio no sea ilusorio sino real”.
Es necesario todavía que la Justicia paraguaya esclarezca la propiedad de las tierras, que según diversas fuentes, pertenecerían al Estado y no a la familia del empresario Blas N. Riquelme. Uno de los argumentos más fuertes de la fiscalía es que los campesinos estarían ocupando ilegalmente tierra de privados, hecho que habría justificado el desalojo por parte de la policía paraguaya.
“A causa de la celebración del juicio oral y público, instamos a la Justicia a un proceso transparente, imparcial, que asegure el respeto por la dignidad y la vida humana”, declara el Serpaj. Asimismo insta a la Justicia a establecer mecanismos de reparación para los y las campesinos detenidos y sus familias. Defiende que el proceso judicial cuente con observadores de derechos humanos, nacionales e internacionales, que aseguren que los procesos judiciales sean imparciales y trasparentes.
La Articulación por Curuguaty, un colectivo que reúne a organizaciones sociales, destaca que el proceso de investigación recibió varias denuncias de violaciones a las garantías procesales de la defensa, y convocó a expertos en derechos humanos, abogados y dirigentes campesinos e indígenas de la Argentina, Chile, Brasil y Colombia a supervisar el desarrollo del juicio. Los expertos asistirán en calidad de “observadores internacionales” para vigilar “el respeto a los derechos humanos y procesales del proceso judicial”.
El colectivo señala, entre otras irregularidades, la “persecución administrativa con carácter punitivo y coaccionante” de parte de la jueza de garantías Janine Ríos y del fiscal de la causa, Jalil Rachid, contra los abogados defensores.
La organización pide además que el juicio sea anulado dado que “no hay prueba alguna que señale a ninguno de los acusados como autores de homicídio”, y acusa a la fiscalía de “ocultar pruebas”.
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| Acusados sufren violaciones de derechos humanos. Foto: Reproducción. |
Para el Diálogo 2000 – Jubileo Sur Argentina, las mujeres y hombres campesinos son injustamente acusados, están detenidos desde hace tres años en Paraguay por la masacre producida en Curuguaty. “Un caso emblemático de la violación integral de sus derechos, desde el modelo de producción que torna imposible una justa distribución de la tierra y la riqueza y condena a las grandes mayorías al empobrecimiento y la inseguridad total, hasta el mala praxis de las instituciones políticas y judiciales que en vez de ofrecer protección, se ponen decididamente al lado de quienes son los verdaderos usurpadores”, señala el movimiento.
Expertos en derechos humanos como la argentina Nora Cortiñas, fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, junto a abogados y dirigentes campesinos e indígenas de Chile, Brasil y Colombia viajaron a Asunción para seguir el juicio.
Al igual que Nora, como observadores internacionales están Leonardo Wexell Severo, asesor de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CUT [Central Única de los Trabajadores] – Brasil; María Celina Giraudy, abogada argentina, representante de la organización internacional Cejil [Centro por la Justicia y el Derecho Internacional]; Rodrigo de Medeiros Silva, abogado brasileño del MST [Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra] – Vía Campesina; Damián Segura, comunicador argentino, representante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI); Óscar Torres, abogado chileno, representando a los movimientos sociales de ese país, y Alirio García, dirigente campesino de Colombia. A estos observadores está previsto que se una en las próximas semanas el premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel.
El juicio ocurre en el Palacio de Justicia de Asunción. En la masacre fallecieron 11 labriegos y seis policías. El desalojo, cuyo resultado derivó en la destitución por el parlamento del entonces presidente Fernando Lugo, fue llevado a cabo con una orden de allanamiento en unas tierras que habían sido donadas al Estado paraguayo, pero que se encuentran hasta ahora ilegalmente explotadas por la empresa Campos Morombí, propiedad del fallecido político colorado Blas N. Riquelme.
Rubén Villalba, Felipe Benítez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, María Olmedo y Dolores López se encuentran acusados por invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa; Alcides Ramírez y Juan Carlos Tillería por invasión de inmueble y asociación criminal; mientras que Felipe Nery Urbina está procesado por “frustración a la persecución penal” al haber pasado por el lugar tras el tiroteo e intentado auxiliar a uno de los heridos. La joven RRVO será sometida a un proceso penal adolescente porque al momento de los hechos era menor de edad, en tanto que el también menor RABC ya fue condenado en un proceso abreviado.
Este proceso judicial fue objeto de preocupación internacional por las repetidas denuncias de violaciones al debido proceso y a las garantías procesales a la defensa y a los imputados y acusados.
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| Familiares de las vitimas de la masacre. Foto: Reproducción. |
Ningún policía investigado
El fiscal Jalil Rachid solo acusó a los campesinos y no hay un solo policía investigado ante las denuncias de torturas y ejecuciones extrajudiciales que habrían cometido las fuerzas de seguridad durante el procedimiento. El agente del Ministerio Público es también cuestionado por los lazos políticos que lo unen con la familia Riquelme y a pesar de haber sido recusado por parcialidad manifiesta fue confirmado en el caso.
Rachid funda su acusación en que las tierras son propiedad de Campos Morombí y que a sabiendas de ello los campesinos conformaron una asociación criminal jerárquicamente organizada para matar policías y apropiarse del inmueble. Esto a pesar de que la titularidad de las tierras se encuentra aún en litigio entre el Estado y la firma privada.
La Fiscalía defiende 30 años de detención para los acusados.Ellos alegan que no confían en la defensa de Vicente Morales y Guillermo Ferreiro. Renunciaron a sus abogados y eligieron al defensor público.
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| Organizaciones de derechos humanos siguen el juicio y cobran explicación del involucramiento también de policías en el caso. Foto: Reproducción. |
El caso
El 15 de junio de 2012, unos 300 policías acudieron a Curuguaty, Departamento de Canindeyú, a desalojar a los 70 campesinos que ocupaban las tierras que reclamaban que fueran sometidas a reforma agraria, y durante el desalojo se produjo un tiroteo en él perdieron la vida 11 campesinos y seis policías. El episodio propició una semana más tarde la destitución en un juicio parlamentario del entonces presidente Fernando Lugo (2008-2012). El suceso se produjo en los terrenos de Marina Cué, llamados así porque durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) eran usados por un destacamento de la Marina.
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