HORA DE CAMBIOS

ONU aplaza a España en examen de DDHH

> La Ley Mordaza, el uso de perfiles étnicos por la Policía y la falta de justicia por crímenes del franquismo motivan el informe

España no aprobó la materia de derechos humanos en el Examen Periódico Universal (EPU), presentado este año ante el Comité de DDHH de la ONU, durante un conjunto de sesiones entre junio y julio, y cuyos resultados fueron dados a conocer el jueves.

La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, que entró en vigencia el 1º de julio pasado, y que establece severas restricciones a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, figuran entre los varios incumplimientos ibéricos que motivaron la calificación negativa.

Paradójicamente otras naciones como Venezuela, que ha sido atacada en forma constante por el gobierno conservador de Mariano Rajoy, logró sortear exitosamente el examen y ahora exhibe un informe cargado de anotaciones positivas por parte de un comité que mostró profundos prejuicios hacia el Gobierno Bolivariano.

Otro cuestionamiento hacia el Reino de España es la falta de justicia para las violaciones de los derechos humanos en el pasado.
En contrapartida, mientras en Venezuela fue aprobada una ley para sancionar las violaciones ocurridas durante la llamada Cuarta República, entre 1958 y 1998, en la nación ibérica subsisten leyes de amnistía que no solo impiden el castigo sino la investigación de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo.

Sin embargo, en las cunetas, en los bosques, junto a las tapias de los cementerios, en agujeros, enterrados como animales, hay todavía más de cien mil civiles republicanos desaparecidos tras ser asesinados en la Guerra Civil y el franquismo.

Las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica denuncian que desde que Rajoy tomó posesión del gobierno no se concedió ni una sola subvención a la exhumación de fosas comunes.

El uso de perfiles étnicos por policías y otros funcionarios, al igual que la discriminación para el acceso a servicios básicos como salud, educación y vivienda, fue otra de las consideraciones que condujeron a la “mala nota” de España.

En contrapartida, el comité destacó la aprobación en Venezuela de una ley orgánica contra la discriminación racial en agosto de 2011.

Asimismo, el organismo de la ONU exigió a España redoblar los esfuerzos para prevenir y eliminar la tortura y los malos tratos, así como incluir en el ordenamiento jurídico la prohibición del otorgamiento de indultos a personas procesadas por este tipo de delitos.

En vía contraria, el mismo comité felicitó a Venezuela por la adopción de Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, en junio de 2013, promulgada por el actual mandatario, Nicolás Maduro, y que contiene penas muy severas para esta tipología delictual.

Incluso pueden llegar a la pena máxima de 30 años y por ser delitos de lesa humanidad, calificados así por la propia Constitución Bolivariana, quienes hayan sido procesados por estos no pueden acceder a beneficios como indultos o amnistías.

Cabe destacar que todos los sectores de derecha en Venezuela se apoyan en el Gobierno del PP y en las organizaciones de propaganda financiadas por el empresariado hispanoamericano, para denunciar un presunto retroceso en materia de derechos humanos y civiles en la nación suramericana.

Sin embargo, según los documentos oficiales de la ONU, es justamente en la España dirigida por la extrema derecha donde se han profundizado las restricciones a los derechos más elementales, mientras en Venezuela la ampliación de derechos ciudadanos se expresa nítidamente tanto en lo legal como en lo institucional.

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Torturas, exclusión de salud y expulsión de inmigrantes

Otro de los aspectos que llevaron al comité de Naciones Unidas a desaprobar a España es la devolución sumaria de inmigrantes en Ceuta y Melilla.

Ya el comité había solicitado al Gobierno que, previamente y por escrito, comentara la información “que da cuenta de abusos cometidos en el procedimiento de expulsión de extranjeros, en particular desde Ceuta y Melilla, y que muchas de las expulsiones ocurridas no cumplen con el procedimiento migratorio vigente en el Estado”.

Asimismo la exclusión sanitaria de los inmigrantes, a través de un real decreto, en abril de 2012, que rompió las tarjetas sanitarias de 873.000 inmigrantes en España, que desde ese día se quedaron sin asistencia universal. Los colectivos que defienden los derechos de los inmigrantes llevan dos años tachando la medida de “injusta”, “ineficaz” e “insegura”.

Destaca el informe de la Coordinadora por la Prevención y la Denuncia de la Tortura, con 6.621 denuncias de abusos y torturas registradas en todo el país.

Su portavoz, Jorge del Cura, asegura que los inmigrantes y los miembros de movimientos sociales son los que más denuncian estas prácticas, pero no los únicos que las sufren.

Para Del Cura, en España no hay tortura sistemática como la hubo hasta los 90 (torturas clásicas con prácticas como la bolsa, la bañera o los electrodos), sino ‘tortura blanca’ o psicológica, que no deja marcas de sangre pero sí humillaciones, amenazas, puñetazos sin huella o insultos.

En su opinión “la sensación es que en España aumenta la violencia institucional, pero también el miedo a denunciar”.

Amparado por los dictámenes de organizaciones internacionales y por sus propios datos, Del Cura dice que los abusos policiales “no son excepcionales, sino generalizados, porque al año no hay una o dos denuncias, sino 252, y no afectan a un solo colectivo policial, sino a todos los funcionarios de todas las policías del Estado, incluidos los Centros de Internamiento de Extranjeros y las prisiones”.