Recordando el Caracazo
La Rebelión Sin Colores
El 27 de febrero de 1989 terminó con el mayor de todos los mitos: que los explotadores y los explotados pueden convivir en paz y felices
Luis Britto García
27 y 28 de febrero de 1989. El Caracazo representó el punto de quiebre en la capacidad de aguante de las masas ante la explotación y la burla de los intereses capitalistas internacionales y sus aliados venezolanos.
En 1989 Carlos Andrés Pérez asume la presidencia
por segunda vez. En 1989 también, se realizaron las primeras elecciones de Gobernadores y Alcaldes, regidas por la nueva Ley Orgánica de Régimen Municipal. Antes de ello, los gobernadores de todos los estados eran designados desde el nivel central por el presidente de la República y los alcaldes por dichos gobernadores.
Desequilibrios macroeconómicos, arcas del Estado exhaustas, renta petrolera insuficiente para satisfacer las crecientes demandas de la población, pobreza y desencanto social, constituían el cuadro de la Venezuela de esos años.
A menos de un mes de asumir con un discurso anti-FMI y de haber compartido actos con Fidel Castro y el sandinista Daniel Ortega, el entonces presidente Pérez anunció el llamado Paquetazo. Era todo lo que pedía el organismo internacional de crédito y más.
Se liberaban las tasas de interés y el tipo de cambio, aumentaban todos los servicios públicos y el combustible. Los precios de los alimentos se dispararon inmediatamente y los negocios empezaron a acaparar y esconder la mercadería.
Pérez adopta un paquete de medidas de ajuste neoliberal orientado a la liberación de la economía tras la firma de una Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional, en la que se decretaba un aumento del precio de la gasolina (combustible) y el transporte público, entre otros “políticas de ajuste económico” que golpearían el ya debilitado ingreso de las franjas más pobres de la sociedad.
El 27 y 28 de febrero se encendió la llama del descontento popular, que llevó a cientos de miles de personas a salir a las calles de Caracas y de otras ciudades del país para protestar el implemento de aquel inicuo paquete neoliberal.
La mañana del 27 de febrero de 1989 no tenía nada de especial, excepto que empezaba a regir el aumento del ciento por ciento en el transporte público. Apenas había amanecido, eran las seis de la mañana, cuando las primeras corridas, peleas y enfrentamientos se registraron en las afueras de Caracas, en el barrio de Guarenas. Los pasajeros se negaban a pagar las nuevas tarifas y, en medio de la ira, comenzaron a quemar los colectivos y las tiendas aledañas. En el centro de Caracas, en tanto, los movimientos estudiantiles más radicales, que ya habían preparado manifestaciones para ese día, tomaban la estación de micros de Nuevo Circo. Para las 7.30, el Caracazo ya había explotado.
El gobierno suspendió varias garantías constitucionales e impuso un toque de queda durante varios días. Según los relevamientos que hicieron las organizaciones de derechos humanos venezolanas en todos los barrios céntricos y de las afueras de Caracas, las víctimas podrían llegar a dos mil. Las cifras oficiales de muertos referían al menos unas 300 personas, no obstante el número de asesinatos derivados de la masacre ascendería a más de 10.000 personas, la mayoría a manos de los cuerpos de seguridad.
Los sucesos del 27 y 28 de Febrero de 1989, en los cuales las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN) fueron obligadas a reprimir al propio pueblo del cuál provenían generaron una gran crisis de identidad en los mandos militares intermedios. Crisis de identidad que al cualificarse en los debates y los combates posteriores a Febrero permitieron elevar la conciencia de oficiales que hasta ahora habían permanecido al margen de las actuaciones políticas públicas.
A más de veinte años del Caracazo, miles de víctimas siguen esperando justicia, verdad y reparación. No hay ninguna persona condenada, ni siquiera procesada por esos crímenes. El único fallo que existe fue el que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, condenando al Estado venezolano y ordenando la inmediata reparación de las víctimas. Hasta ahora se indemnizó a cuarenta y cinco personas.
En 2009, Venezuela se dirigió al nuevo presidente estadounidense, Barack Obama, y le pidió que entregue al hombre que dio la orden de reprimir el 28 de febrero de 1989, el entonces mandatario venezolano Carlos Andrés Pérez.
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