A contracorriente con la tónica global, el Gobierno ruso ha aprobado una nueva política migratoria que pretende atraer más inmigración. Rusia busca captar sobre todo rusoparlantes y personas con raíces rusas que viven en el exterior, pero también extranjeros que “estén listos para integrarse en la sociedad rusa” y que puedan contribuir al mercado de trabajo.
Para lograrlo, las autoridades simplificarán ciertos trámites en los visados y permisos de trabajo, así como la obtención de la ciudadanía. Con la medida, anunciada este miércoles por el presidente Vladímir Putin, se busca atraer recursos laborales para hacer frente a la crisis económica y demográfica.
“Daremos la bienvenida a aquellos que deseen quedarse con nosotros temporalmente y también a aquellos que decidan naturalizarse y tengan la residencia permanente en Rusia”, ha declarado el presidente ruso en el VI Congreso Mundial de Compatriotas Rusos en el extranjero, celebrado en Moscú. “Rusia tiene la importante tarea de garantizar un crecimiento innovador y sostenible a largo plazo y los compatriotas [como se suele denominar a los rusohablantes] pueden contribuir a ello”, ha apuntado.
La importante caída de los precios del petróleo y las sanciones occidentales contra Rusia, después de que se anexionase Crimea, fue seguida de un descenso de la inmigración tras años de crecimiento en los que Rusia se situaba como segundo país de destino, por detrás de Estados Unidos. Ahora, Rusia (144,5 millones de habitantes) con unos 11,7 millones de inmigrantes, según la ONU, es el cuarto y recibe extranjeros procedentes sobre todo de países de las antiguas repúblicas soviéticas, como Tayikistán o Kirguistán, como muestran las cifras del Banco Mundial.
“Se podría decir que el Gobierno ha llevado su política postimperial al terreno migratorio también”, apunta Danil Savelevich, investigador en Política Social de la Escuela Superior de Economía (HSE). En Rusia, donde el desempleo ronda el 5,6%, los inmigrantes son alrededor del 15% de la fuerza laboral rusa y juegan un papel muy importante en el sector de la industria y los servicios. Eso sí, en profesiones y sectores poco pagados y muy estratificados. Limpiadores de Kirguistán, camareros de Tayikistán, obreros de Uzbekistán.
Porque aunque las autoridades persiguen atraer a trabajadores cualificados, la mayoría de quienes llegan a Rusia son personas no cualificadas procedentes de zonas rurales de los países de la Comunidad de Estados Independientes, describe Savelevich, que define la política migratoria del Kremlin como “pragmática y neoliberal”. El investigador señala también la disparidad entre la estrategia de atraer ciertos grupos de inmigrantes y que otros ya instalados en el país gocen de escasos derechos y sufran “frecuentemente redadas y requerimientos policiales”.
Las iniciativas para captar migrantes que atenúen el déficit de mano de obra contrasta con otra bastante restrictiva hacia los solicitantes de asilo, señala el investigador. El año pasado, unas 125.000 personas obtuvieron algún tipo de protección de asilo, en su mayoría procedentes de Ucrania; y solo se concedió el estatus de refugiado a 598 personas, 305 de ellas llegadas desde Afganistán y 166 desde Ucrania, según datos del Ministerio de Interior.
La estrategia migratoria 2019-2025 anunciada este miércoles sigue en cierta medida las pautas ya marcadas en el anterior plan de 2012 a 2017, periodo en el que Rusia recibió más de 1,6 millones de inmigrantes y otorgó la nacionalidad rusa a un millón de personas, según datos recogidos en el decreto publicado este miércoles, que deberá ahora desarrollarse en reformas más concretas en los próximos tres meses. Durante esos años, “la entrada de migraciones a Rusia compensó el declive natural de la población y proporcionó recursos laborales adicionales para la economía nacional”, dice el decreto.
Rusia busca fórmulas también para repoblar el lejano este y aquellos núcleos más alejados de las ciudades, que son los más despoblados. Algo que no es sencillo, según reconoce Savelevich.
El saldo demográfico ha mejorado en los últimos años y ya no mueren más ciudadanos de los que nacen en Rusia, pero aún así la natalidad sigue cayendo: en 2017 hubo un 10% menos de alumbramientos que el año anterior, según el Instituto Federal de Estadísticas. Y a esa pérdida de población y la provocada por las salidas —hay dos millones en el exterior y unos 60.000 rusos salen del país cada año para trabajar en otros en otros países, el 40% con educación superior, según varios estudios— se suma el renqueante crecimiento de la esperanza de vida: 68 años para los hombres 77 para las mujeres. Factores que sitúan al país ante un gran desafío.
El reto demográfico y el intento de reformar el sistema de pensiones para “garantizar la estabilidad del país” ha motivado la reforma más impopular de Putin: el aumento de la edad de jubilación desde los 55 a los 60 para las mujeres y de 60 a 65 para los hombres en 2019. Una medida que no solo ha dañado su popularidad sino que ha sacado a miles de personas a la calle.
Y aunque el Gobierno insiste en que el aumento de la natalidad es la principal medida para luchar contra esa sangría demográfica, incide en que, aunque secundaria, la inmigración legal y controlada también lo es. Una realidad que choca en parte con los sentimientos de la mayoría de la ciudadanía: un 67% de los rusos se muestra partidario de que el Gobierno limite la llegada de migrantes, sobre todo de aquellos originarios de Asia Central o norte del Cáucaso, según una encuesta reciente realizada por el Centro Levada.
“FORTALECER EL MUNDO RUSO”
A través de su estrategia migratoria, el Kremlin busca también “fortalecer el mundo ruso” y recibir a cuantos más “compatriotas” —rusoparlantes que no tienen nacionalidad rusa— mejor. “Estamos interesados en que los compatriotas más jóvenes que viven en el exterior no pierdan sus raíces, su ‘rusismo’, si se puede decir así, que no vean restringidos sus vínculos con la patria”, dijo Putin durante el VI Congreso Mundial de Compatriotas Rusos residentes en el exterior, en el que aprovechó para clamar contra la “rusofobia” que está en marcha, según aseguró, tanto en Ucrania como en los países Bálticos, donde miles de personas hablan ruso como lengua materna y tienen raíces rusas.
“Se reescribe la historia, se libra una guerra contra los monumentos, con la lengua rusa. A la gente la amedrentan o simplemente la aterrorizan. La aspiración natural de cada persona de conservar sus raíces nacionales es considerado un delito: separatismo. El derecho a la libertad de expresión, la defensa de las tradiciones son pisoteados”, aseguró.
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