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Luis Britto
García.- Desde hace más de un quinquenio estamos en emergencia,
territorial, social, económica, política, diplomática y cultural. El Decreto
Ley N° 3.610 publicado en Gaceta Oficial de 10 de septiembre de 2018, mediante
el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, responde a una situación
que amerita correctivos urgentes, totales y revolucionarios.
Van algunos
comentarios sobre norma tan necesaria como perfectible. En sus
considerandos reconoce que “la extracción, alteración y uso fraudulento
del signo monetario nacional” también se efectúa “a través del sistema bancario
nacional”. Tal conducta delictiva de la banca debió ser desde hace años
severamente castigada.
El numeral 4
del artículo 2 faculta al Ejecutivo para “Autorizar erogaciones con cargo al
Tesoro Nacional y otras fuentes de financiamiento que no estén previstas en el
Presupuesto Anual, para optimizar la atención de la situación excepcional”.
Ello deja sin efectos la normativa presupuestaria, y
posibilita incrementar desmedidamente el gasto. Habría que definir normas
para evitar la anarquía presupuestaria.
El numeral 8
del artículo 2 faculta al Ejecutivo para “Establecer sistemas de exoneración de
impuestos y tasas a la importación de bienes de capital y materia prima
necesarios para la producción, la industria nacional y los servicios
esenciales”. Cabe tener extremo cuidado con las exoneraciones
tributarias. Gómez exoneró a las petroleras del pago de impuestos aduaneros, y
posteriormente Gumersindo Torres demostró que perdimos más con esa
exoneración que todo lo que nos pagaron por llevarse el petróleo.
El numeral 10
del artículo 2 faculta al Ejecutivo para “La creación e implementación de
subsidios y otros beneficios de carácter directo a los sectores sociales más
vulnerables, que conformen un sistema de protección económica transitorio, con
el cual se impida que los sectores con mayor capacidad contributiva trasladen a
aquellos los efectos de medidas económicas implementadas para alcanzar una
justa y equilibrada distribución de riqueza en el País”. Los sectores de mayor
capacidad contributiva siempre trasladan tanto la carga tributaria y el
peso de la crisis sobre los menos favorecidos, en forma de sobreprecios. Pero
lo ideal sería impedir drásticamente tales traslaciones, antes que limitarse a
paliar sus efectos.
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