Crimen de lesa patria
Sabotaje Petrolero: 63 días que no doblegaron
ni a Chávez ni a su pueblo
PROHIBIDO OLVIDAR.
Credito: AVN
Este 2 de diciembre se cumplen 12 años del sabotaje petrolero contra el pueblo venezolano, que se vio sometido a 63 días sin combustible para el transporte, sin gas para cocinar y a una época navideña trastocada en su cotidianidad y alegría por el plan golpista de la derecha para frenar el avance de la Revolución Bolivariana.
Los autores fueron los mismos que hoy celebran la caída internacional de los precios del petróleo: Actores políticos de oposición junto a las cúpulas de la iglesia, la empresarial, el sindicalismo tradicional, empresarios y dueños de empresas de comunicación.
Este sabotaje atentó contra la estabilidad del país mediante la estrategia de desabastecer el mercado interno y la exportación de crudo, generar desabastecimiento de los alimentos, crisis hospitalaria, el estallido social y la quiebra del Estado. Fue un paso más de los grupos conservadores para desestabilizar la democracia del país, después del golpe de Estado en abril de 2002 contra el gobierno elegido constitucionalmente de Hugo Chávez.
El origen de los planes golpistas comenzó cuando el Comandante Chávez aprobó 49 instrumentos legales, vía Habilitante, entre los que se encontraban la Ley Orgánica de Hidrocarburos, a través de la cual Venezuela comenzó el impulso de una justa distribución de la renta petrolera para el pueblo, después de 40 años de estar al servicio de las transnacionales extranjeras, con la anuencia de los gobiernos de los partidos Acción Democrática y Copei.
32 semanas después del golpe de Estado de abril de 2002, la derecha venezolana llamó a un "paro cívico" el 02 de diciembre de ese mismo año, que desembocó en un sabotaje a Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa).
La acción conspirativa fue acompañada de un boicot marítimo y aéreo, financiero y educativo que paralizó las actividades en los puertos, donde los tanqueros y la flota petrolera fueron secuestrados por los golpistas. La artimaña apuntaba a crear un caos económico, político y social para arrodillar al pueblo venezolano.
Este sabotaje petrolero fue la causa de la contracción de 9,2% del Producto Interno Bruto (PIB), la caída de la actividad comercial en 27,7%, pérdidas de Pdvsa por 2.598 millardos de dólares en crudo no exportado, 267 millardos de dólares por ventas internas no realizadas y 841 millardos de dólares por importación de combustible, de acuerdo a cifras del Banco Central de Venezuela.
Las empresas básicas de Guayana también resultaron afectadas por la falta de suministros y la producción de crudo se redujo en 70%; al tiempo que fueron detenidas las actividades en las refinerías de El Palito (Carabobo) y Paraguaná (Falcón).
Sin embargo, después de más de dos meses, el paro fracasó. Sus promotores abandonaron a su suerte a sus seguidores y paulatinamente la actividad comercial comenzó a reactivarse.
Después del paro, la recuperación de Pdvsa por parte de la Revolución Bolivariana fue útil para reorientar el papel de la industria desde la concepción de soberanía y manejo del recurso en beneficio del pueblo; se crearon las Misiones sociales, entre ellas Robinson I y II; Barrio Adentro y Misión Mercal, para garantizarle al pueblo los derechos fundamentales a la educación, salud y alimentación.
Los autores fueron los mismos que hoy celebran la caída internacional de los precios del petróleo: Actores políticos de oposición junto a las cúpulas de la iglesia, la empresarial, el sindicalismo tradicional, empresarios y dueños de empresas de comunicación.
Este sabotaje atentó contra la estabilidad del país mediante la estrategia de desabastecer el mercado interno y la exportación de crudo, generar desabastecimiento de los alimentos, crisis hospitalaria, el estallido social y la quiebra del Estado. Fue un paso más de los grupos conservadores para desestabilizar la democracia del país, después del golpe de Estado en abril de 2002 contra el gobierno elegido constitucionalmente de Hugo Chávez.
El origen de los planes golpistas comenzó cuando el Comandante Chávez aprobó 49 instrumentos legales, vía Habilitante, entre los que se encontraban la Ley Orgánica de Hidrocarburos, a través de la cual Venezuela comenzó el impulso de una justa distribución de la renta petrolera para el pueblo, después de 40 años de estar al servicio de las transnacionales extranjeras, con la anuencia de los gobiernos de los partidos Acción Democrática y Copei.
32 semanas después del golpe de Estado de abril de 2002, la derecha venezolana llamó a un "paro cívico" el 02 de diciembre de ese mismo año, que desembocó en un sabotaje a Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa).
La acción conspirativa fue acompañada de un boicot marítimo y aéreo, financiero y educativo que paralizó las actividades en los puertos, donde los tanqueros y la flota petrolera fueron secuestrados por los golpistas. La artimaña apuntaba a crear un caos económico, político y social para arrodillar al pueblo venezolano.
Este sabotaje petrolero fue la causa de la contracción de 9,2% del Producto Interno Bruto (PIB), la caída de la actividad comercial en 27,7%, pérdidas de Pdvsa por 2.598 millardos de dólares en crudo no exportado, 267 millardos de dólares por ventas internas no realizadas y 841 millardos de dólares por importación de combustible, de acuerdo a cifras del Banco Central de Venezuela.
Las empresas básicas de Guayana también resultaron afectadas por la falta de suministros y la producción de crudo se redujo en 70%; al tiempo que fueron detenidas las actividades en las refinerías de El Palito (Carabobo) y Paraguaná (Falcón).
Sin embargo, después de más de dos meses, el paro fracasó. Sus promotores abandonaron a su suerte a sus seguidores y paulatinamente la actividad comercial comenzó a reactivarse.
Después del paro, la recuperación de Pdvsa por parte de la Revolución Bolivariana fue útil para reorientar el papel de la industria desde la concepción de soberanía y manejo del recurso en beneficio del pueblo; se crearon las Misiones sociales, entre ellas Robinson I y II; Barrio Adentro y Misión Mercal, para garantizarle al pueblo los derechos fundamentales a la educación, salud y alimentación.
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