Venezuela: un plan especial contra la guerra económica
Luego de la incautación de alimentos e insumos para la salud que se encontraban acaparados a escala masiva, el gobierno bolivariano lanza un operativo para combatir el contrabando y la reventa en el mercado informal. Esto incluye nuevas medidas y la participación de 27 mil fiscales populares.
“El año 2014 ha sido de batalla y tenemos que terminarlo victoriosos. Llamo a todo el país: vamos a unirnos contra las mafias criminales”, dijo el presidente Nicolás Maduro la semana pasada, al anunciar que se profundiza la lucha contra el desabastecimiento.
Maduro dispuso por vía habilitante la reforma a la Ley de Precios Justos, para endurecer las penas por los delitos de contrabando y especulación, la impresión del precio regulado en un lugar visible del producto a partir del 1° de noviembre y la prohibición de venta de productos de primera necesidad en la economía informal. La ley contempla importantes multas, ocupación de empresas por 180 días y penas de cárcel de 8 a 10 años para especuladores y de 10 a 14 años para contrabandistas.
Estas medidas se suman a la prohibición de exportar cemento y cabillas (barras de hierro). De acuerdo a la información oficial, el 70% de los materiales de construcción se estaban enviando ilegalmente a Colombia.
El panorama es similar para otros bienes como alimentos, medicinas y productos de aseo personal. Según informó la fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, el 30% de estas mercancías son retiradas ilegalmente del circuito formal de abastecimiento. Algunas estimaciones llevan ese número al 70%.
“Hacer chillar la economía”
Por otro lado, es importante considerar que estos productos se importan con dólar subsidiado por toda la sociedad. En su mayoría, las divisas se obtienen de la venta de petróleo, recuperado por la Revolución hace más de una década. Las empresas piden al Estado que les venda dólares a precio preferencial, en teoría para que los bienes estén a disposición del pueblo a un precio accesible. Pero luego, en muchos casos desvían esos productos importados para evitar la aplicación de la ley de Precios Justos, que limita la ganancia máxima a un 30% sobre el costo. Lo mismo pasa con bienes de producción nacional, que también necesita insumos que se importan con subsidios del Estado.
Esto provoca una sangría de gran magnitud: las empresas no sólo se apropian de parte de la renta petrolera, sino que además se dificulta el acceso a los productos, favoreciendo el aumento de precios a partir de la colocación de una parte significativa en el mercado informal.
A su vez, políticamente persigue un efecto claro: el desgaste del gobierno. Por esta razón, la oposición se ha manifestado en contra de las medidas contra la especulación y el contrabando y propone la liberación de los precios de los productos, reclamada por las cámaras empresariales. Desde su mirada, la Ley de Precios Justos es una intervención aberrante en el “libre” juego de la oferta y la demanda.
Se trata de una confrontación clave en este momento de la Revolución. Cualquier similitud con la situación de Chile durante el gobierno de Allende no es ninguna casualidad.
Algunas cifras ilustrativas
Desde el inicio del plan “Choque al contrabando”, el 11 de agosto pasado, fueron decomisadas casi 10 mil toneladas de alimentos y 5250 toneladas de materiales de construcción. A lo hay que agregarle el combustible y otros productos. Sólo en el Estado Zulia, por ejemplo, se incautaron casi diez millones de litros de naftas y lubricantes que estaban a punto de pasar por la frontera.
El contrabando adquiere proporciones gigantescas, con líneas de abastecimiento ilegal minuciosamente organizadas y un ejército de personas que viven de esa actividad. En poco menos de tres meses han sido detenidas 1395 personas.
En uno de los operativos más destacados, el jueves 23 de octubre el gobierno tomó control de dos galpones gigantes en Aragua, abarrotados con insumos sanitarios. En total, fueron incautados 56 tipos de bienes, entre los cuales se encuentran cinco mil sillas de ruedas, diez mil soluciones para diálisis y casi diez millones de guantes de uso hospitalario. Productos que no se hallaban en el mercado, provocando situaciones desesperantes.
Las instalaciones eran propiedad de grandes capitalistas, integrantes de la Cámara de Farmacéuticos y de Fedecámaras, el principal gremio empresarial. Sus empresas -Suministros Médicos Sayon y Suplidora Hospimed 2004- fueron beneficiadas con el acceso a 24 millones de dólares a precio subsidiado en 2014, sumando un total de 236 millones en la última década.
El gobierno tomó control de los galpones, decretó la incautación de todas las cuentas y bienes, quitó a las compañías del Registro de divisas y solicitó la captura de los empresarios, quienes se encuentran prófugos.
Noviembre y diciembre, los meses en tensión
Noviembre es el mes que se empiezan a cobrar los aguinaldos en Venezuela. Se trata de un monto importante de dinero que ingresa a los hogares: los aguinaldos representan tres o más salarios en el empleo formal, donde existen distintos bonos que permiten que las familias de la clase trabajadora, a fin de año, tengan poder adquisitivo para afrontar gastos de cierta magnitud.
A la caza de este excedente siempre se encuentran sectores comerciales que buscan apropiarse de ganancias extraordinarias, aumentando los precios a medida que se acercan las fiestas de diciembre.
En un escenario de guerra económica, signada por el acaparamiento y el desvío de productos para el contrabando y el mercado informal, la mayor cantidad de circulante ofrece más oportunidades para el aumento de precios. De esta manera, se redistribuye ingresos regresivamente, desde la masa salarial a las ganancias de las empresas.
Para hacer frente a la situación, durante los últimos meses se capacitaron más de 27 mil fiscales populares, que acompañarán a la Guardia Nacional Bolivariana y a los funcionarios de la Superintendencia de Precios y Costos Justos.
El martes pasado, el presidente convocó a hacer cumplir las leyes contra la especulación y el desabastecimiento. “Ahora más que nunca hace falta la conciencia y la fuerza del pueblo. Esta es una lucha entre las viejas mañas del capitalismo y los valores del socialismo”, afirmó.
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